“Los archivos son instituciones fundamentales para la vida cotidiana, y para la vida en democracia porque cumplen una triple función social: son fuente para la historia, son memoria institucional y también garantizan derechos básicos de la ciudadanía ya que testimonian las decisiones, por ejemplo, que el estado tomó a lo largo del tiempo”, afirmó profesora de Historia, Máster en Patrimonio Histórico y Territorial, diplomada en gestión documental y Administración de Archivos, Julieta Ferraggine para destacar la labor de la profesión y la importancia de custodiar el archivo para la vida democrática.

Todas las instituciones y personas producen y reúnen documentos a partir de las actividades realizadas. En el caso de las instituciones, estas cuentan con archivos que se dedican a la gestión de esos documentos desde que se generan, hasta que se eliminan o se conservan de manera permanente en el archivo histórico. Para esto, son necesarias dos cosas: que se garantice el acceso a los documentos y por eso, deben existir profesionales comprometidos ética y políticamente con su trabajo, las y los archivistas.

“En el contexto argentino se hace un poco difícil, como en la mayoría de los países latinoamericanos, no contamos con el reconocimiento de la profesión por parte del estado, si bien existen instituciones que forman en la materia, los programas de estudios son reconocidos y existen asociaciones que nuclean a estos profesionales, no hay un reconocimiento de las competencias específicas”, amplió la especialista.

Cuando la ciudadanía reclama, principalmente, al Estado información sobre las decisiones tomadas, no sólo en el presente, sino también en el pasado. Por ejemplo ante las consultas por un tal presupuesto, quién autorizó tal decisión, los planos originales de cualquier construcción, que deben estar debidamente archivados, y así con muchísimas cuestiones más.

El archivo es el sistema nervioso central del Estado, cuando no se puede acceder a los archivos ni física, ni intelectualmente, es muy difícil que estos cumplan con la triple función social.

En el universo de los derechos humanos

La imposibilidad de acceder a ciertos archivos llevó a que agrupaciones defensoras de Derechos Humanos en todo el mundo, exijan a los estados la apertura de los archivos para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad perpetrados en décadas pasadas.

“Socialmente existe una idea muy extendida de que los archivos sirven principalmente a la investigación, sobre todo histórica, en los últimos años se produjo un impulso extraordinario en la vinculación de la información contenida en los archivos con la defensa de los derechos humanos”.

Un ejemplo reciente de gran potencia fue el esclarecimiento de los hechos de la Masacre de Napalpí, sucedida el 19 de julio de 1924, cuando fuerzas policiales fusilaron a miembros de las comunidades Qom y Moquit que se encontraban protestando por mejores condiciones de vida y laborales en la reducción ubicada a 150 km de la actual capital del Chaco. Ese día fueron asesinadas, mutiladas y enterradas en fosas comunes más de 200 personas.

En el juicio desarrollado entre el 19 de abril y el 19 de mayo de 2022, para el esclarecimiento de este hecho, se presentaron como pruebas, entre tantas otras, una serie de documentos producidos por el Ministerio del Interior entre 1915 y 1932, a través de su Comisión de Reducciones de Indios, los cuales revelan el estado de las comunidades Qom y Mogit en las primeras décadas del siglo XX.

Para acceder a estos documentos, fue necesario un trabajo previo de identificación, clasificación y descripción, los cuales no se realizaron de manera aleatoria, sino siguiendo los principios teóricos de la Archivística. Tradicionalmente, los documentos de archivo fueron tratados con criterios temáticos o cronológicos, haciendo que estos pierdan la información de contexto.

“El hecho de que se haya podido establecer el productor de los documentos, en este caso el Ministerio del Interior, donde se da cuenta del estado total de abandono de las comunidades originarias en el norte argentino, fue posible atribuir responsabilidades, y por ende, establecer los culpables de la violación sistemática de los Derechos Humanos”, subrayó.

Criterios

Para garantizar el acceso y la recuperación de los documentos, los archivistas siguen una serie de principios rectores que son la piedra angular de su trabajo. “Los principios de procedencia, orden original e integridad. Todo documento que llega a nuestras manos debe ser respetado el orden que le asignó su productor, no podrá mezclarse con otros documentos de otros fondos y no se descartan al menos que una autoridad competente haya realizado la pertinente evaluación documental”, dijo Ferraggine.

Se pueden reconstruir cuestiones fundamentales sobre quién produjo, qué documento y para qué, y garantizar la conservación de los caracteres de autenticidad, fiabilidad, organicidad, entre otras, elementos claves a la hora de que la documentación sea presentada como prueba en un juicio.

EL VALOR DE LA PRESERVACIÓN
Los archivos cumplen un rol fundamental a la hora de garantizar derechos elementales, no sólo aquellos vinculados a los juicios a los genocidas, sino también a derechos como el acceso a la información, a la cultura y a la identidad.
“Para que el acceso sea real, en el caso de los archivos públicos, el Estado debe desarrollar una política pública en materia de archivos que provea medios materiales y técnicos para la existencia de los archivos y para su correcto tratamiento y funcionamiento. Sin Archivos, no hay derechos. Sin derechos, no hay una democracia real”.

Autor: Redacción Ecodías