Tres años y nueve meses después, y al cabo de 352 audiencias, llegará el jueves 25 de agosto (al cierre de nuestra edición de EcoDias), el veredicto en uno de los juicios más grandes de la historia judicial argentina: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba se pronunciará en torno a la responsabiblidad de los 43 acusados por los crímenes que afectaron a 711 víctimas en la jurisdicción del Cuerpo III del Ejército, en la denominada causa «La Perla – Campo La Ribera».

El escenario del veredicto será la sala del primer piso de los tribunales federales de Córdoba, situada en Avenida Concepción Arenal y W. Paunero. Allí se llevaron a cabo las audiencias, que durante la mayor parte del debate se realizaron a razón de tres por semana y en doble turno, mecánica intensa de trabajo que ha sido reconocida por las partes a los jueces a cargo del proceso, Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu. Así, prestaron declaración 581 testigos.

La semana pasada los 43 acusados que llegaron a esta instancia final del debate culminaron con su derecho a decir las últimas palabras antes de que el tribunal se retire a deliberar. El 3 de mayo los fiscales Facundo Trotta, Rafael Vehils Ruiz y Virginia Miguel Carmona habían pedido la condena a prisión perpetua para 35 de ellos y penas de entre 3 y 25 años de prisión para otros diez. Desde entonces, el ex oficial del Ejército Alberto Carlos Lucenas fue apartado del debate por razones de salud y falleció el ex policía de inteligencia Fernando Andrés Pérez. Para ambos el MPF habían reclamado prisión perpetua.

«La importancia histórica de este juicio radica no sólo en que se pondrá fin a más de 40 años de impunidad en la provincia de Córdoba, sino que además es el primer juicio que ha reconstruido y visibilizado cómo fue el nefasto plan criminal que se instauró en Córdoba ya desde 1975 y hasta 1978, período que abarcan los hechos de la causa», indicó la Fiscalía.

Durante el debate oral, se analizó la actuación del Destacamento de Inteligencia 141, principal órgano represivo militar en Córdoba, de la Dirección de Investigaciones de la Policía (D2) y de la banda armada para policial y para militar “Comando Libertadores de América”, versión cordobesa de la Triple A, que actuó durante 1975 y comienzos de 1976.

También se ha juzgado la actuación del Liceo Militar General Paz, la base de la Fuerza Aérea en Córdoba y la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María. Si bien extenso, el debate logró así una mirada abarcativa de la represión ilegal en la jurisdicción. Para llevarlo adelante fue necesario unificar 21 causas que tramitaron de forma separada en la etapa de instrucción.

Será la primera vez que en Córdoba un tribunal se pronuncie por crímenes de lesa humanidad cometidos con anterioridad al 24 de marzo de 1976. También es la primera vez en Córdoba que se juzga la sustracción del nieto de Sonia Torres, presidenta de la filia Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. Otro dato relevante de la sentencia es que resolverá sobre la usurpación y el robo de toda la empresa cordobesa Mackentor SA, ocurrida en el año 1977.

La trascendencia histórica, social y jurídica del juicio ha sido reconocida por la Legislatura Provincial, que ha declarado de interés legislativo el dictado de la sentencia. Tanto agrupaciones sociales como de Derechos Humanos han demostrado su apoyo a este acontecimiento histórico, convocando al acto que se realizará ese día en las inmediaciones del Tribunal.

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) regional Córdoba ha manifestado su apoyo al dictado de la sentencia y convocó también a sus afiliados para que asistan al histórico acontecimiento. La Fiscalía destacó que de las casi 300 víctimas fatales de esta causa, 198 eran trabajadores agremiados.

De las 711 víctimas de la causa, 293 fueron asesinadas y se encuentran desaparecidas (13 fallecieron como consecuencia de las torturas que sufrieron en el campo de concentración y exterminio La Perla), 67 fueron asesinadas y sus cuerpos fueron encontrados, mientras que las demás víctimas sobrevivieron a los campos de concentración.

Fuente: Fiscales.gob.ar