A partir del año 2019, en función de la Ley Micaela (bajo el número 27.499), que establece que todos los trabajadores de la repartición pública deben realizar una capacitación obligatoria de género y en discriminación por cuestiones de género.

Bajo estas premisas, el claustro académico se comprometió y concretó a través de cuatro encuentros presenciales. La presentación formal se realizó en el mes de noviembre del año pasado, en el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia. Durante el 2022 se desarrollaron algunas de las capacitaciones, siendo la primera cohorte en el mes de marzo, la segunda en mayo, la tercera en agosto. La última cohorte se inició en octubre, y estuvo presidida por la licenciada en Psicología, Silvia Scheider, y la licenciada en Trabajo Social, Ana Eva Herrera, ambas con gran trayectoria vinculada al género.

La capacitación consta de una clase presencial de cuatro horas, con trabajo grupal, y luego durante dos semanas un trabajo virtual, ya que la modalidad es híbrida, donde tienen que realizar una serie de actividades en la plataforma Moodle. Para finalizar, propusieron una instancia de proyecto y evaluación.

Recursos

“Lo que hicimos a partir del 2022 es cumplir con lo que establece la ley, primero con la obligatoriedad y segundo por la estructura que debe mantener”, explicó el secretario de Derechos Humanos de la UNS, Claudio Gallegos. Sumada a la finalización de la cuarta cohorte, cada capacitación tuvo la posibilidad de inscripción de 400 personas, con la idea de poder capacitar a la mayor cantidad de personas posibles.

La capacitación en Ley Micaela está pensada para, por un lado facilitar el acceso clave que aporta el feminismo y los estudios de género, poniendo en debate cuestiones específicas, por ejemplo qué significa la violencia de género. “Se van estableciendo algunos acercamientos para que la gente conozca lo que significa la violencia de género y tenga las herramientas necesarias para poder reconocer y detectar situaciones conflictivas dentro de la universidad y se puedan poner en contacto con las herramientas que posee la Universidad para intentar dar a cauce al tratamiento de conflictos de esta envergadura”, explicó Gallegos.

Luego, para poder resolver dichas situaciones todos los actores institucionales se deben poner en comunicación con el protocolo de actuación en situaciones de discriminación o violencia de género, llevado adelante por la Subsecretaría de Derechos Humanos, conformado por un comité de actuación especifico integrado por una trabajadora social, una psicóloga y una abogada.

Autor: Redacción Ecodías