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Santa Fe: 20 años de prisión
Así lo resolvió el TOF de esa jurisdicción, al considerar acreditada la responsabilidad de los imputados -seis ex policías provinciales y un ex jefe de Operaciones del Destacamento de Inteligencia N°122- en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y distintos hechos de violencia sexual perpetrados contra diez víctimas, entre 1976 y 1977.
Categoría: Derechos Humanos

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Luciano Homero Lauría, condenó hoy a seis ex integrantes de la policía provincial y un ex miembro del Ejército a penas de entre cuatro y 20 años de prisión por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y distintos hechos de violencia sexual, delitos que tuvieron lugar entre 1976 y 1977 y que damnificaron a diez víctimas. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal general Martín Suárez Faisal, quien en su exposición de alegatos había requerido se condene a todos los acusados. La lectura de los fundamentos tendrá lugar el 31 de mayo a las 18.30.

La causa tuvo su origen a partir de la remisión de declaraciones testimoniales vertidas durante el juicio en que resultó condenado -entre otros- el ex juez Víctor Brusa. El objeto procesal se centró en delitos perpetrados contra víctimas que, tras la privación ilegal de la libertad, transitaron su cautiverio en distintos centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la policía provincial, entre ellos las comisarías Primera y Cuarta y la Guardia de Infantería Reforzada, «lugar donde además del cautiverio ilegal de personas, se realizaban torturas, interrogatorios, simulacros de fusilamiento, abusos de todo tipo y muchas otras crueldades», según se desprende del requerimiento de elevación a juicio.

La pena más alta le correspondió Eduardo Alberto Ramos Campagnolo -veinte años-, quien se desempeñó como Oficial Ayudante en el Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de la Provincia de Santa Fe. La Fiscalía había solicitado 23 años de prisión al considerarlo responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados, violación sexual agravada y abuso deshonesto y violación de domicilio por allanamiento ilegal, todo ello en concurso real. Al unificar la pena con otras tres condenas, el TOF de Santa Fe le impuso la pena única de prisión perpetua.

También recayeron condenas para Héctor Melitón Martínez (doce años), integrante del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército Argentino; Ricardo Ferreyra (quince años), subjefe de la Comisaría Primera de la Policía de Santa Fe y luego jefe de la Comisaría Cuarta; María Eva Aebi (siete años), ex agente de la Brigada Femenina de la U.R.I. de Santa Fe; Eduardo José Córdoba (cuatro años), ex agente de la Guardia de Infantería Reforzada; Juan Calixto Perizzotti (diez años), ex coordinador del Área de Defensa 212 y jefe de la Guardia de Infantería Reforzada -considerado uno de los mayores centros clandestinos de detención de la región-y Víctor Hugo Cabrera, (seis años) ex agente de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Santa Fe.

Parte de los hechos sufridos por la mayoría de las víctimas ya habían sido probados en la causa “Brusa”, donde también habían sido condenados Ramos Campolongo, Aebi y Perizzotti. Al exponer su alegato, la Fiscalía tuvo plenamente acreditada la responsabilidad penal de cada uno de los imputados en los hechos bajo análisis, a partir de la reconstrucción efectuada a través de los testimonios coincidentes de las víctimas, documentación -entre la que se encuentran los legajos oficiales que dan cuenta del nivel jerárquico y la función asignada en la Policía de la Provincia de Santa Fe, y las constancias dejadas en los libros de guardia de las seccionales policiales- así como las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención que formaron parte del circuito represivo instrumentado por el terrorismo de Estado en la provincia. Con respecto a este último punto, a pedido del Ministerio Público Fiscal el tribunal llevó adelante una serie de inspecciones oculares en la Comisaría Primera de Santa Fe y en la dependencia de Obispo Gelabert y San Martín de esa ciudad, donde actualmente funcionaría la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de Santa Fe (ex-Departamento de Informaciones Policiales D-2), y que también fue utilizado como centro de detención ilegal.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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2019-06-11 00:00:00
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