“Hacemos pública nuestra preocupación y enérgico repudio por las últimas sentencias dictadas en nuestro país en los juicios por delitos de lesa humanidad, en las cuales se resolvieron absoluciones y penas bajas para los acusados, generando que en la mayoría de los casos los genocidas queden en libertad”, comienza diciendo el organismo de Derechos Humanos.

A partir de sentencias como las de Armada II en Bahía Blanca, Monte Pelloni II, en Mar del Plata, Milani en La Rioja y Escuelita VI en Neuquén, rechazan “categóricamente la decisión de los tribunales (…) pues marcan un camino de arbitrariedad, injusticia e ilegalidad, obligándonos a convivir nuevamente con cientos de genocidas en la calle, vulnerando nuestro derecho constitucional a ser protegidos y desconociendo nuestra lucha”.

“Sostenemos que esta seguidilla de sentencias vergonzosas no son casuales, sino que se enmarcan dentro de un gobierno negacionista que jamás acompañó a víctimas del terrorismo de Estado y ni a sus familiares, mucho menos a los organismos de derechos humanos que luchamos y reclamamos justicia desde hace más de 40 años. Un gobierno que acompaña la impunidad y que con estos fallos niega la gravedad de los delitos de lesa humanidad, menospreciando las detenciones ilegales, las desapariciones forzadas, la prueba recolectada y los cientos de testimonios brindados en debate oral o durante el proceso”, sostienen.

Respecto a nuestra ciudad, se recordará que en la primera parte de la Causa Armada, denominada Fracassi y otros, el anterior tribunal dio por acreditada la existencia de los centros clandestinos de detención ubicados en la ciudad de Punta Alta, como el Buque Ara 9 de Julio, la séptima Batería y el Establecimiento de policía naval del Puesto 1, por donde numerosos sobrevivientes declararon haber pasado.

Así, las víctimas, en su mayoría, declararon en esa primera causa, y en esta segunda parte se tomó su testimonio por lectura. Todos los delitos fueron probados y sentenciados con las perpetuas correspondientes en el primer tramo, lo que torna incomprensible y contradictorio el fallo de este último juicio.

Pese a los pedidos de la Fiscalía y querellas, de que se revocaran las prisiones domiciliarias, se juzgaran los delitos sexuales y se tomaran como delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio, nada de esto sucedió.

Desde la RED Nacional de H.I.J.O.S. -que nuclea a aproximadamente 23 regionales de hijas e hijos de todo el país- sostiene que “estas decisiones del Poder Judicial no solo promueven la impunidad, sino que además son sumamente graves y peligrosas, coincidiendo con un gobierno que impulsó el 2×1 para los genocidas y cuyo interés en la protección y promoción de los derechos humanos es nulo”. Finalmente, ratifican su compromiso de continuar “en la búsqueda de la Verdad y la Justicia, sosteniendo el ejercicio de la Memoria y exigiendo las condenas correspondientes a la magnitud de los delitos cometidos, tanto por miembros del Estado como por los partícipes civiles, y el cumplimiento efectivo en cárcel común de todos y cada uno de los genocidas”.

Autor: Redacción Ecodías