En la primera quincena de agosto, el Ministerio de Justicia de la Nación informó el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). La fundamentación fue que “la Unidad del Poder Ejecutivo violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba a cabo funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, y violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”.

En relación a esto, la integrante de la Agrupación H.I.J.O.S Bahía Blanca, Alejandra Santucho enfatizó, “Las Abuelas de Plaza de Mayo lo venían advirtiendo, se veía que dentro del paquete de medidas que se le votó al Gobierno Nacional como Ley Bases, estaba la posibilidad de que fuera a cerrar la Conadi, y específicamente esta comisión que hace veinte años investiga la apropiación de niños y niñas durante la dictadura”.

En el 2012, Rafael Videla fue condenado a cincuenta años por el plan sistemático de robos de bebés. “Fue el Estado terrorista quien robó a los bebés, niños y niñas, que primero secuestró y torturó a sus madres. Esto está comprobado por la Justicia, no es lo que a mí me parece o lo que le parece a otro, está comprobado y sentenciado”, exaltó.

En base a la argumentación, sobre la intromisión de un Poder sobre otro, la referente apeló: “Todos los estamentos del Estado se tienen que hacer cargo de lo que fue el Estado genocida, porque el Legislativo es el que sanciona las leyes. Por ejemplo, ahora se formó la comisión para decidir si se sanciona o no a los diputados que fueron a visitar a los genocidas. Todos estamos involucrados en lo que es la reparación de esos delitos”.

Sumando a esta explicación, recordó que “el delito se sigue cometiendo, porque hoy, estos hombres y mujeres están caminando por la calle con la identidad cambiada, porque el Estado terrorista los robó y asesinó a sus madres. El delito termina cuando esa persona aparece, no se puede decretar que un delito termine”.

Lo mismo sucede con las personas que continúan desaparecidas: “Las justificaciones son banales. Pretende ser firmes para afuera, pero en realidad están llenas de contradicciones y errores que lo único que exponen es la voluntad de terminar con las políticas públicas de Derechos Humanos y, solapadamente, reivindicar los hechos, porque este gobierno dijo no son treinta mil, y que fue una guerra”, amplió.

Sin embargo, a pesar de este panorama, Santucho, con gran convicción, exclamó: “Duele que se anulen leyes y el retroceso en políticas públicas, pero sabemos manejarnos en tiempos adversos, tuvimos más tiempos adversos que buenos generalmente”. En ese sentido recordó la década del 90, cuando surgió la agrupación y se realizaron los escraches con el lema Si no tenemos Justicia, hay escrache. “Eso lo logramos en los 90 a pesar de esa apatía, de mucho individualismo que se parece mucho al de hoy y también se pudieron hacer cosas. Los organismos de DD.HH. siempre fueron muy creativos, se inventaron y aprendimos a ver de qué manera hacerlas”, remarcó.

Nuevas generaciones

“Con estas nuevas generaciones que no vivieron esta realidad, no tuvieron la información necesaria, creemos que hay una deficiencia muy grande en las escuelas sobre lo que fue el terrorismo de Estado, e hizo pie otro discurso negacionista que pone todo en una verdad relativa. No se puede comparar y decir que hubo una guerra, cuando el Estado con todo su poder, su logística y tecnología arremete en contra de civiles que, si cometían delitos o no, lo tenía que determinar de otra manera. No secuestrando, torturando, violando mujeres y robando bebés”, reflexionó en relación a las nuevas generaciones de argentinas y argentinos.

Si bien, desde la agrupación sostienen que nunca dejaron de contar su historia en las escuelas o donde podían participar, “sabemos que no fue generalizado. La prueba está a la vista, y tiene que ver con el paso del tiempo. Si este tema no se habló en sus casas, y tampoco se profundizó en los colegios, nos encontramos con chicos jóvenes que nunca supieron lo que pasó”, evaluó.

En un párrafo aparte, enumeró las formas de informarse de adolescentes y jóvenes en la actualidad, sobre todos los temas, no sólo sobre Derechos Humanos. “Las nuevas generaciones no leen, se informan en treinta segundos, mediante un tik tok, y creen que es una información certera. Y las redes están llenas de noticias falsas y malintencionadas”.

En un llamado a la sociedad dijo “nos compete la tarea de hacer que los chicos lean. Están acostumbrados a la inmediatez, a lo rápido, a resoluciones de muy pocos minutos. La educación tendrá que repensarse en todos los temas que hacen a la conformación de un ser humano crítico con todo lo que le corresponde, a los Derechos y no a las estigmatizaciones, la xenofobia”.

“Hay un peligro muy grande, porque tenemos un gran monstruo enfrente con las redes sociales. Es una realidad y hay que tener inteligencia para ver cómo se puede llegar a estos chicos y hacerles entender que allí no se encuentra una verdad absoluta”, puntualizó.

Otras áreas afectadas

De acuerdo a la información que compartió la dirigente de H.I.J.O.S Bahía Blanca, el Gobierno Nacional anteriormente ya tomó otras decisiones que afectaron directamente al funcionamiento del Estado, como despidos o desmantelamiento de entidades.

“Echaron a la mayor parte del equipo que, a pedido de las diferentes fiscalías y querellas, recababa información de los legajos militares porque lo consideran una especie de persecución. Con eso ya nos complicaron bastante todo lo que tiene que ver con la prosecución de los Juicios de Lesa Humanidad”, contó.

Autor: Redacción Ecodías