Los fiscales Miguel Palazzani y José
Nebbia reclamaron el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez y de su
secretario Mario Fernández Moreno por temor de parcialidad. Los acusaron de
liderar la «embestida» que creó el escenario para que la defensa de
Vicente Massot recusara y forzara la salida del juez Coleffi. Y remarcaron
otras irregularidades de su actuación.

Los fiscales de la Unidad de Bahía Blanca que intervienen en las causas por
crímenes del terrorismo de Estado, Miguel Palazzani y José Nebbia, pidieron
ayer el apartamiento por «temor de parcialidad» del juez subrogante
Santiago Ulpiano Martínez y del secretario Mario Fernández Moreno «en la
totalidad de las causas e incidentes que tengan que ver con la competencia en
delitos de lesa humanidad en la jurisdicción». Por la «gravedad
institucional» del caso, los fiscales enviaron copia de su presentación al
Consejo de la Magistratura de la Nación.
En un extenso escrito de cincuenta carillas presentado ante el mismo juez
Martínez, los fiscales analizaron la actuación de ambos funcionarios en este
tipo de casos a la luz del reciente apartamiento en la denominada «causa
Massot» del juez subrogante Álvaro Coleffi, quien decidió apartarse cuando
estaba por decidir la situación procesal del director de La Nueva Provincia,
Vicente Massot, luego de que el secretario Fernández Moreno presentara en el
expediente un escrito que ponía en duda la imparcialidad del magistrado,
defendiera la actuación del ya apartado de la causa juez Martínez y, con eso,
dotara de argumentos a la defensa del imputado para pedir su recusación.
Coleffi, además, debía resolver sobre la situación procesal del ex funcionario
de la justicia federal bahiense, Hugo Sierra. En rigor, era el juez designado
por la Cámara Federal de esa jurisdicción para intervenir en las causas que
involucraban la complicidad civil con el terrorismo de Estado: este año ya
había resuelto el procesamiento del actual arzobispo local, Guillermo Garlatti,
por prestar asistencia en la fuga del ex capellán del V Cuerpo del Ejército,
Aldo Vara.
Los fiscales señalaron que «el conjunto de circunstancias que configuran y
acreditan la causal invocada -el temor de parcialidad- exceden de la actuación
de los nombrados [Martínez y Fernández Moreno] en cada trámite en particular,
para descansar sobre las conductas y actitudes asumidas frente al proceso de
verdad y justicia, en toda su extensión y expresiones procesales». En
efecto, señalaron que «las referidas presentaciones de Fernández Moreno -elegido
y avalado por Martínez como Secretario de Derechos Humanos-» en la causa
Massot «representan un paradigmático acto de defensa sobre Massot (y
Sierra)».
La «embestida» realizada mediante el escrito de Fernández Moreno fue
precedida de otras maniobras: el mismo día en que Massot debía comparecer a la
segunda indagatoria, LU2 radio Bahía Blanca, propiedad del grupo La Nueva
Provincia, difundió una denuncia que el juez Martínez hizo contra Coleffi por
una supuesta filtración de información de otra causa a los medios de
comunicación. Dias antes, reseñaron los fiscales, Coleffi había pospuesto la
indagatoria del empresario periodístico porque Martínez le había negado un
lugar para realizar ese acto en una secretaría del juzgado.
Palazzani y Nebbia pusieron de relieve que las «profundas y justificadas
dudas sobre la objetividad de esos funcionarios judiciales frente al proceso,
ha llegado al extremo de abarcar prácticas descalificables emprendidas para
incidir y marcar el curso de causas judiciales en las que -en el caso de
Martínez- le está impedido intervenir, ya sea por haber sido este último
recusado o bien por haberse inhibido».
Contra toda práctica judicial donde son las partes del proceso son las que
realizan manifestaciones y peticiones en un expediente, la semana pasada
Fernández Moreno, que es secretario de Martínez pero que actuaba como tal en la
«causa Massot» con la intervención como juez subrogante de Coleffi,
presentó un escrito en el expediente cuestionando la actividad del juez. Allí
dijo que se sentía “violentado” y “escandalizado” por las actuación de Coleffi
y lo acusó de reunirse con los fiscales sin su presencia.
Palazzani y Nebbia explicaron la normalidad de ese tipo de reuniones que
responden a cuestiones funcionales e indicaron que una presentación así era
esperable de parte de la defensa de un imputado, pero explicaron que al haber
sido el propio secretario el presentante de esa «acusación» el
planteo adquirió «la eficacia de la embestida para garantizar la impunidad
de ambos encartados» [Massot y Sierra]. Los fiscales también relacionaron
esa presentación con otro planteo que, en otra causa, el propio secretario
Fernández Moreno había realizado para desacreditar la actuación del entonces
fiscal de Bahía Blanca, Abel Córdoba, a quien denunció de haber mantenido una
reunión con víctimas. En ese sentido, Nebbia y Palazzani recordaron que la
propia Cámara Federal reprendió al secretario Fernández Moreno por su tarea de
«espionaje», dado el “indebido escrutinio e individualización de
personas”, una práctica de “recuento o identificación de personas” y una “falta
de respeto para el Fiscal”.
En su pedido de apartamiento para el juez y el secretario, los fiscales citaron
la resolución de Coleffi cuando decidió apartarse de la causa Massot la semana
pasada. «Es obvio que Fernández Moreno, ni tampoco Martínez, están de
acuerdo con el curso que siguen los trámites a mi cargo en materia de
investigación de Delitos de Lesa Humanidad, y que son aquéllos en los que (por
aquél entonces) me asignaba la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad. Y
eso me honra», expresó Coleffi.
Para los representantes de la Unidad Fiscal, ello demuestra «cómo tanto
Martínez como Fernández Moreno se oponen al avance de las causas de Massot,
Sierra y Vara» porque «no lo dice únicamente esta Unidad Fiscal ni la
parte querellante, lo menciona expresamente el propio juez que tomó a su cargo
(por disposición de la C.F.A.B.B.) dichas causas». En ese sentido, Nebbia
y Palazzani se preguntaron «¿qué garantía de imparcialidad puede ofrecer
no sólo a esta Unidad Fiscal, sino a la parte querellante y a las propias
víctimas, un juez y un secretario que son acusados por otro juez subrogante de
paralizar los procesos?» Y añadieron: «¿Con qué esperanza se puede
tratar de profundizar las investigaciones, si se tiene enfrente no sólo las
legítimas estrategias defensistas de los imputados, sino también las aún más
eficaces del propio órgano cuyo único deber era resolver conforme a
derecho?».

«Punto final»
En la recusación, los fiscales recorrieron la actuación del juez y el
secretario en diferentes causas e incidentes y apuntaron que tanto Martínez
como Fernández Moreno «han adoptado un comportamiento obstructivo, en
todos los aspectos y frentes investigativos en curso, con el indiscutible fin
de generar una situación de punto final en el proceso de verdad y
justicia».
De hecho, es la segunda vez en pocos días que Nebbia y Palazzani recusan al
juez Martínez. El 26 de noviembre pasado pidieron su apartamiento en la causa
que investiga la responsabilidad de 71 imputados en la comisión de delitos
sexuales contra víctimas de centros clandestinos de detención. Aquella
recusación de la Unidad Fiscal se dio luego de que el juez decidiera no acatar
la orden de la propia Cámara de llamar a indagatoria a los acusados. El juez
decidió que no avanzaría en el sentido que le ordenaron porque debía
«contar con un requerimiento de instrucción completo por parte del
Ministerio Público Fiscal, que […] deberá concentrar la mayor cantidad posible
de casos”. Ese universo de casos está en investigación y, a medida que se
obtienen elementos de prueba, los fiscales amplían el objeto procesal. De esa
forma, ya lograron acreditar a unas 200 víctimas. En Bahía Blanca, la instrucción
de las grandes causas está en manos de los fiscales porque les fue delegada por
el juez.

En interpretación de los fiscales, «al oponerse a la presentación de
requerimientos parciales», es decir, la ampliación por nuevas víctimas a
medida que se va recolectando los elementos que prueban cada caso, «la
postura del juez subrogante no puede interpretarse sino en dos sentidos
posibles: o bien, como dirigida a que se determine el objeto procesal en el presente,
con carácter definitivo y final, lo que configura un supuesto de punto final; o
bien, para que el Ministerio Público Fiscal se abstenga de efectuar
requerimientos y sindicar responsabilidades penales, para hacerlo únicamente
cuando exista certeza absoluta de que se hayan contemplado todos y cada uno de
los casos de víctimas y responsables, hipótesis abstracta que, en la realidad,
operaría con el mismo efecto del punto final».
En la causa de los delitos sexuales los fiscales habían tenido que acudir ante
la Cámara porque el mismo Martínez se había negado a iniciar la investigación.
En ese contexto, Nebbia y Palazzani también recordaron que igual respuesta
había dado Martínez cuando se inició la causa Massot y decidió rechazar el
pedido de indagatoria al director de La Nueva Provincia -imputado, entre otros
delitos, de integrar el aparato de inteligencia local de las Fuerzas Armadas
para la represión ilegal- porque entendía que su actividad se había dado en el
marco del derecho a la libre expresión.
Al mismo tiempo, los representantes de la Unidad Fiscal remarcaron «otra
de las expresiones directas de la actitud obstructiva adoptada por Martínez en
la dirección del proceso», que consistió «en su intento de fragmentar
y descomponer sistemáticamente una de las causas madre que se instruye en esta
jurisdicción», la de los crímenes cometidos bajo la órbita del Comando del
V Cuerpo de Ejército, «en diferentes expedientes aislados e
inconexos».
Los fiscales aludieron al paso del tiempo y a los largos trámites de las
causas, con la consecuente muerte de víctimas y victimarios, y remarcaron que
«la extrema gravedad de dicho proceder está marcada por la notoria demora
que el proceso de verdad y justicia arrastra (de casi cuatro décadas) y en la
operación simultánea del inexorable punto final biológico, tanto en el plano de
los responsables, como en el de las víctimas y los testigos».
Respecto de la actuación del secretario Fernández Moreno, Palazzani y Nebbia
recordaron otra oportunidad en la que la propia Cámara Federal también llamó la
atención del funcionario porque en 2012 tardó cuatro meses en elevar a la etapa
de revisión el incidente donde se trataba la prisión domiciliaria del imputado
Arturo María Quintana, lo cual benefició al acusado, que gozó de un tiempo extraordinario
del beneficio que le había otorgado el juez de primera instancia y que había
sido recurrido por la fiscalía. El secretario también demoró, en ese contexto,
la elevación al tribunal de alzada de la apelación de los fiscales a la
negativa de Martínez a avanzar en la causa sobre delitos sexuales. Por ese
motivo, Nebbia y Palazzani remarcaron que «la actuación del Secretario
Mario A. Fernández Moreno ha sido tan grave, tan intensa y tan maliciosa como
la del Juez subrogante al cual responde, todo lo cual obliga a su separación
del mismo».

Fuente: www.fiscales.gob.ar