Cerca de que terminen los alegatos de las
defensas, se esperan intervenciones de la Fiscalía para luego sí llegar a la ansiada y
necesaria sentencia.

Las audiencias del juicio contra 17 represores acusados de crímenes de lesa
humanidad en Bahía Blanca se reanudaron en la tarde del martes 21 de agosto de
2012. Bien pasadas las 16 horas, el juez Jorge Ferro dio lugar para que el
doctor Gustavo Rodríguez realice su alegato en este caso a favor de sus
defendidos, los imputados Selaya y Miraglia. Si hay algo que reconocer en este
aspecto es que, comparado a los alegatos de otros defensores, los de la defensa
oficial tienen al menos, o eso se percibe, un poco más de trabajo de
investigación comparado a los histriónicos y repudiables que resultaron otros
alegatos de defensores. A pesar de esto, lo hecho por los abogados oficiales, y
menos por los particulares, no alcanza para contrarrestar las acusaciones que
la fiscalía desarrolló contra cada uno de los 17 acusados.
Así fue como el doctor Rodríguez se refirió a sus defendidos, Selaya y Miraglia
quienes en aquellas épocas fueran directores de la Unidad Penal de Villa
Floresta por la cual pasaron importantes cantidades de personas secuestradas
con previo cautiverio en el centro clandestino de detención “La Escuelita”.

Funcionarios y pena capital
En su alegato, el defensor comenzó respondiendo la acusación por privación
ilegitima de la libertad y señaló que sus defendidos no son punibles ni
jurídicamente responsables por los delitos que se le imputan ya que, dijo,
actuaron al amparo del cumplimiento del deber. En ese sentido recalcó que la
situación de los funcionarios de la penitenciaría es diferente a la del resto
de los acusados ya que ellos solo recibían a los detenidos políticos.
Tenían el deber, continuó, de cumplir con la custodia según los reglamentos
nacionales que regían en los servicios penitenciarios y debían cumplir con la
entrega de los detenidos a las autoridades superiores para traslados o
liberación de los mismos.
En todo caso, afirmó Rodríguez, las detenciones ilegales habría que
atribuírselas a Videla (Jorge Rafael) y no a dos funcionarios como sus
defendidos.
También calificó como pena capital teniendo en cuenta las edades de Selaya y
Miraglia, la pena de 25 años de cárcel que se pidió para éstos.
En el desarrollo de su alegato, Rodríguez insistió con que no hubo delito
alguno y manifestó una vez más la cuestión del cumplimiento del deber.
Recordó el defensor que los servicios penitenciarios eran ámbitos controlados
por las Fuerzas Armadas, siendo el de Bahía Blanca por el V Cuerpo de Ejército.
Además dejó en claro, según su óptica, que el servicio penitenciario no
participaba en la llamada lucha contra la “subversión”.
Respecto a los testigos, destacó que éstos no dieron indicios de que el
personal haya participado en detenciones de personas ni operaciones de
inteligencia.
Por otra parte, dedicó el abogado defensor de Selaya y Miraglia, una parte de
su alegato a la cuestión jurídica al hablar de una ley del 24 de marzo del 76
que dice que se extiende a la sujeción de la órbita militar, a los servicios
penitenciarios. Lo que no dijo el doctor, es que el gobierno que dictó esa ley,
era justamente ilegal.

Villa Floresta
Se refirió también a que hay más de mil leyes de la dictadura que aún hoy
se aplican y dejó entrever que a pesar de esto, con sus defendidos se actúa
diferente pese a que ellos cumplían, dijo, una ley.
En su alocución, Rodríguez enfatizó que tanto Selaya como Miraglia disminuyeron
el riesgo de los detenidos.
Para justificar semejante afirmación, argumentó: el no ocultamiento de los
detenidos, que se les avisaba a los familiares sobre la situación de los
mismos, la autorización de visitas al penal y el registro formal del ingreso. Descartó
que la Unidad
4 de Villa Floresta haya sido un centro clandestino de detención, tal como lo
fue “La Escuelita”.
Respondiendo a la acusación de delitos de tormentos, el abogado señaló que los
detenidos ingresaban a Floresta ya torturados con anterioridad por lo cual ni
Selaya ni Miraglia participaron de las torturas mientras que durante la
permanencia en el penal, ningún detenido, señaló, fue torturado.
El alegato de Rodríguez continuó esa tarde y ocupó parte de la mañana del
miércoles. Durante el desenlace del mismo se pidió la absolución de los dos
defendidos.

Alegatos forzados
Los cuartos intermedios que se hacen durante las audiencias permiten a
quienes cubrimos el juicio poder recabar alguna novedad sobre lo que viene o
bien hablar con los protagonistas, llámese abogados del juicio.
Fue así como en uno de los cuartos intermedios EcoDias pudo dialogar con el
abogado por parte de una de las querellas, doctor Walter Larrea, para
consultarlo acerca de la opinión que se lleva de todos los alegatos de las
defensas desarrollados hasta aquí: “A mi me parecen
alegatos forzados. Obviamente entiendo que el objetivo de los defensores tanto
particulares como oficiales es tratar de demostrar la inocencia de sus propios
defendidos, pero aún entendiendo el objetivo me parece que las argumentaciones
son muy amañadas y que adolecen de un grave defecto que es tomar de manera
aislada e individual cada uno de los responsables de estos delitos y
presentarlos como una suerte de personas que tuvieron la mala fortuna de estar
en un estamento militar o penitenciario o federal y que sin embargo no tenían
ningún tipo de anoticiamiento de lo que estaba ocurriendo. Al punto de que
tuvimos que asistir al alegato de uno de los defensores particulares que
reafirmó que oficiales de inteligencia del Ejército Argentino tenían como
misión conseguir autorizaciones para que el personal se casara. Entonces parece
una cosa muy burda. Además hay una estrategia común, por lo que se puede
apreciar que es endilgar la responsabilidad penal en aquellas personas que hoy
por estar muertas no pueden responder un juicio, caso de Vilas, Corres,
Cruciani, Azpitarte, etc., siendo que esta teoría del doble comando no se ha
verificado en ningún momento de la audiencia ni con las pruebas testimoniales
reunidas ni con la prueba documental. Por lo tanto como valoración técnica
parece un burdo intento de exculpar de responsabilidad a personas que
indudablemente la han tenido y que a mi modo de ver ha quedado perfectamente
demostrado en el transcurso del año largo de debate que hemos tenido”.
Acerca de la posibilidad de responder dichos alegatos una vez que estos
finalicen, Larrea adelantó: “Estamos evaluando, queremos tener mucho cuidado en
cuanto a no generar por una suerte de anhelo por ahí personal a la replica,
dilaciones respecto del juicio porque creo que ya estamos en una etapa donde
familiares, víctimas, la propia ciudadanía, está a la espera de una sentencia
que doy por descontado que será condenatoria”.

Acusación en pie
Otro de los testimonios que pudo recabar EcoDias fue el del fiscal Abel
Córdoba quien también hizo referencia a los alegatos de los abogados
defensores: “Vienen desarrollándose ahora los alegatos de la defensa pública,
hasta ahora las alegaciones que han hecho los defensores no han conmovido, no
han alterado la acusación que venimos haciendo con lo cual sigue en pie el
pedido de condena por todos los casos y las calificaciones que hemos dado. A
partir de ahora quedan cuatro, han sido defendidos trece de los 17 acusados,
quedan cuatro más para el tramo final y luego habrá algunas contestaciones de la Fiscalía, Sobre todo
aspectos que han sido introducidos de manera novedosa, que no habían sido
planteados antes que van a ser respondidos pero que ninguno tiene entidad como
para alterar el desarrollo del juicio. Se podrá contrarrestar con argumentos
los pedidos de por ejemplo nulidad de las acusaciones que se han formulado para
la fiscalía y supongo que la querella hará lo mismo. Contestaremos eso y luego
ya quedará allanado plazo para la sentencia”.
Tal como dijo el fiscal, una vez que finalice la etapa de alegatos, las partes
tendrán la oportunidad de responder a cada uno de estos. Como se vio la
fiscalía hará lo suyo y tal vez actúe igual la querella. Después de esa parte,
se espera la sentencia que, ansiamos todos y todas, traerá un poco de justicia
a nuestra ciudad.