El doctor Jorge Sayago, defensor oficial de
justicia de la provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca, participó de la
jornada de Justicia Legítima acerca de la democratización y las reformas en el
Poder Judicial.

La jornada Justicia
Legítima que se realizó meses atrás en la Universidad Nacional del Sur tuvo
varios disertantes y entre ellos el doctor Jorge Sayago, defensor oficial de
justicia de la provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca, quien compartió el
panel con la doctora Susana Calcinelli y con el juez José Luis Ares.
En su exposición acerca de la democratización de la justicia, Sayago diferenció
justamente los tipos que hay respecto a ésta: “En los discursos imperantes en
los medios se dice la justicia y la justicia no es una sola. Tenemos una
justicia federal, muchas justicias provinciales, cada una tiene su sistema y
cada una tiene su problemática”.
También se refirió a las presiones mediáticas y políticas que existen sobre
todo cuando se trata de liberar o dictar prisión a una persona: “Cómo podemos
hacer para compatibilizar la demanda mediática, la demanda política, las
encuestas políticas porque acá entra el tema de las encuestas, en función de la
libertad o no de determinado sector de la sociedad o de las personas que son
imputadas. Yo tampoco puedo dejar de mencionar que en estos días se ha pedido
el procesamiento del señor Massot que a través de su diario, y ya de antiguo y
su familia, ha sido un instigador permanente del Golpe de Estado y del genocidio.
En estos días es un instigador permanente de la mano dura, de los justicieros a
los fines de que la justicia no sirve para nada, insertando la versión policial
que no es desinteresada”.
Luego, Sayago hizo hincapié en ciertas particularidades y en las reformas del
Código Procesal Penal que se hizo en 1998 de la mano del ex gobernador Eduardo
Duhalde. Reformas que estuvieron precedidas por dos casos muy especiales como
fueron el atentado a la AMIA y el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.
Ambos hechos, señaló Sayago, marcaron la historia de la provincia de Buenos
Aires: “Uno es el atentado a la AMIA que fue en el año 1994, y por qué digo que
marcó la política judicial o policial en la provincia de Buenos Aires, porque a
partir de ahí, de la gravedad del caso de la AMIA donde murieron 85 personas,
se pudo establecer lo que más o menos se sabía que era la conexión o el
encubrimiento de la policía bonaerense con los desarmaderos de los autos, con
el señor Seineldín, y a partir de ahí se pudo ver la connivencia, el nivel de
corrupción de los auxiliares de la justicia de la provincia de Buenos Aires. El
segundo hecho central y que en definitiva va a marcar, creo yo, y va a acelerar
de tal manera la reforma que se va a plasmar en el año 1998 es la muerte del
fotógrafo gráfico Cabezas. Y acá voy a hacer hincapié en una historia y voy a
traer unos datos personales que dan cuenta de cómo funciona el sistema de
selección si se quiere de las personas que van a ser imputadas en un delito, de
la necesidad política”.
Explicó Sayago que en 1995 había una persona detenida en el penal de villa
Floresta que se llamaba Carlos Redruello y que fue un testigo reservado: “Y le
había tomado varias declaraciones, el señor decía que era agente del servicio
de inteligencia, estaba preso por un robo calificado no recuerdo de qué tipo.
Frente a cualquier tipo de dato de trascendencia pública inmediatamente mandaba
una carta al diario o mandaba una carta a los juzgados diciendo que él tenía
novedad y sabía quién había sido, obviamente no sabíamos de dónde había sacado
esa novedad pero uno lo llamaba, le tomaba declaración y se daba cuenta que no
podía saber nada y era, como dicen los chicos, un vende humo”.
De todas maneras, agregó, Redruello contaba con determinados datos que se los
tomaban como concretos: “A partir de la muerte de Cabezas en enero del año 97,
este señor se pone en contacto con las autoridades policiales diciendo que
sabía quien había matado a Cabezas. Lo concreto es que Redruello fue a La Plata
o a Dolores, declaró y dijo que las personas que habían matado a Cabezas era
una banda de Mar del Plata capitaneada por Margarita Di Tullio y que el arma la
tenía en la casa no se quien y que si allanaban la casa la iban a encontrar.
Efectivamente se allanó la casa, se encontró el arma, se perició y dio que el
arma efectivamente había matado a Cabezas”.
Con esa conclusión el caso se daba como esclarecido: “Margarita Di Tullio tuvo
la suerte de que la banda de Los Horneros que vieron que la mano venía muy
pesada, fueron a un funcionario de La Plata y dijeron “mire nosotros
participamos en esto, no sabíamos que se iba a desencadenar esto” y al poco
tiempo a Margarita Di Tullio se la dejó en libertad conjuntamente con su banda.
Inmediatamente se tapó la información y se pasó a seguir a quien después iba a
ser condenado que es Prellezo, que fueron los policías conjuntamente con Luna y
Ríos, como así también los empleados de Yabrán”.

Creación de una realidad
Con todo lo expuesto, Sayago deja en claro el poder que tiene este tipo de
personas para manejar determinadas investigaciones judiciales y así crear y
plantar una realidad: “De allí que entiendo que si bien son auxiliares de la
justicia y si bien hace poco se sancionó el proyecto del cuerpo de
investigadores judiciales, pero después de 19 años porque esto tenía suficiente
consenso para incorporarlo a la constitución de la provincia y tuvieron 19 años
para sancionarlo, la pregunta es por qué, justamente porque se maneja una cuota
de poder importantísimo y no se quería delegar o no era algo delegable. Con
esto quiero significar el poder que tiene esta gente”.
También citó Sayago el caso de las últimas inundaciones sufridas en la ciudad
de La Plata en se daba la cifra de 50 muertos pese a las sospechas sobre una
mayor cantidad. Un juez quiso investigar y un policía le negó la entrada a la
morgue. “Le fue prohibida por un funcionario policial que supuestamente tiene
que recibir y acatar las órdenes del juez. Le fue prohibida la entrada por
orden superior obviamente…”.
Días después un fiscal que antes había señalado que las muertes eran 52, estuvo
en la Cámara de Senadores, luego de declaraciones de la presidenta, y dijo que
los fallecidos eran 67: “Hay una cantidad de muertos que los hacían, valga la
comparación, desaparecer. Con esto quiero recalcar y poner de relieve el poder
que implica una investigación judicial, que esta investigación judicial tiene
que estar al servicio de la legalidad, al servicio de la verdad y no puede
estar al servicio del ascenso policial de ningún policía, de la opinión de un
político o de ningún otro motivo. Hoy por hoy esta no es la realidad, todavía
se está discutiendo, incluso la Comisión Provincial por la Memoria pone algunos
requisitos para integrar el nuevo cuerpo de investigadores que no sean justamente
miembros de fuerzas de seguridad”.
Por otra parte, Sayago mencionó el caso Candela que también estuvo impregnado
de estas prácticas: “Se inventaron tantas pruebas en una ilegalidad que se sabe
y lo lamentable es que ya es irrecuperable la verdad en ese nivel”.
En ese sentido, Sayago afirmó: “Por eso es necesario en principio un cuerpo que
dependa exclusivamente, con independencia y autonomía, de la justicia, si no
vamos a estar sujetos a que nos digan y nos hagan cualquier cosa”.