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Pidieron la nulidad de la actuación
Hugo Sierra, secretario del fallecido juez de la dictadura Guillermo Madueño, está imputado de haber falseado la declaración indagatoria tomada en la cárcel de Rawson a un preso político. El juez lo sobreseyó porque dijo creerle más a él que a la víctima. Los fiscales describieron su inserción en el plan criminal. Resolverá la Cámara Federal.
Categoría: Derechos Humanos

Hugo Sierra, secretario del fallecido juez de la dictadura Guillermo Madueño,
está imputado de haber falseado la declaración indagatoria tomada en la cárcel
de Rawson a un preso político. El juez lo sobreseyó porque dijo creerle más a
él que a la víctima. Los fiscales describieron su inserción en el plan criminal.
Resolverá la Cámara Federal.

Los fiscales de la Unidad que interviene en crímenes del terrorismo de
Estado en Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, apelaron la resolución
del juez subrogante Claudio Pontet de dictar el sobreseimiento del ex
secretario judicial Hugo Sierra, acusado de falsear ideológicamente el acta de
la declaración indagatoria a un preso político labrada en abril de 1978 en la
cárcel de Rawson, Chubut.
Tal como lo hicieron en otras causas, los fiscales impugnaron directamente la
intervención de Pontet como juez -a quien recusaron en diciembre sin que hasta
hoy hubiera resolución del tribunal de alzada al respecto- y pidieron la
nulidad de su designación en carácter de subrogante, por haberse violado el
procedimiento que corresponde, y, en consecuencia, de la resolución que
benefició a Sierra.
En ese sentido, pusieron de relieve que «la encrucijada que crea la
presente resolución y la lógica presión sobre la Cámara Federal de Apelaciones
de Bahía Blanca y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación» porque esos órganos ahora tendrán que resolver «sabiendo que
su eventual apartamiento (el de Pontet) implicaría la nulidad de ciertas
decisiones relevantes», como el sobreseimiento de Sierra y la intervención
de un nuevo juez para resolver su situación procesal. El ex secretario federal
cuenta con otras causas abiertas en su contra, que tienen confirmación de falta
de mérito por parte de la Cámara Federal local y se encuentran recurridas ante
la Cámara Federal de Casación.
En la resolución apelada por la Fiscalía, Pontet desvinculó de la causa al
secretario del fallecido juez federal Guillermo Madueño, Sierra, quien está
imputado de haber falseado la declaración indagatoria tomada a un preso
político en la cárcel de Rawson el 16 de abril de 1978. La víctima del
terrorismo de Estado, que estaba allí tras pasar por centros clandestinos de
detención, declaró a los fiscales que aquella indagatoria «fue tomada por
una persona que se presentó como secretario del juzgado no estando presente
ningún juez ni abogado defensor».
Según explicó los representantes del Ministerio Públio en su acusación previa,
Sierra consignó en el acta dichos que el declarante no formuló:
«confeccionó el acta de la declaración -sin la presencia de ningún juez ni
abogado defensor interviniendo-, de modo que la misma refiriera, en tono
incriminatorio, a dos personas que habían sido ultimadas por el Ejército
Argentino y un tercero que, en aquella fecha, permanecía en cautiverio, bajo
torturas, en el Centro Clandestino de Detención y Tortura ‘La Escuelita’, pese
a que ninguno de ellos fue mencionado» por el declarante.
Al momento de resolver el sobreseimiento de Sierra, Pontet sostuvo que había
una contradicción entre la declaración del ex preso político, quien no es
considerado por el juez como víctima, y la expuesta por Sierra en su
indagatoria. «Ante la contradicción entre ambas, y siendo imposible -al
menos hasta el momento- probar en forma directa cuál es la verdadera, no queda
sino preferir la versión del imputado, que se ve corroborada al menos
indiciariamente», falló Pontet.
«Resulta inadmisible sostener que Hugo Mario Sierra desde su rol de
Secretario del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, aseguró -con su firma en el
acta de una declaración indagatoria- su aporte a un plan criminal estatal
-clandestino e ilegal- implementado para secuestrar, torturar, asesinar y
producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de las
fuerzas armadas y las de seguridad a ellas subordinadas», agregó luego el
juez subrogante.
Los fiscales, por su parte, advirtieron en el recurso de apelación «el
doble estándar de análisis» de Pontet: «Para valorar la declaración
de un imputado en el año 1978 se toma en consideración que el mismo pudo haber
hecho afirmaciones falsas o imposibles de verificar, pero al momento de valorar
la declaración del imputado en esta causa (que declaró en el año 2013) ni
siquiera se menciona dicha posibilidad e, incluso, se le otorga mayor valor
probatorio que a la declaración de un testigo que, a su vez, su testimonio se
encuentra corroborado por otros indicios».
Entre otros elementos para fundar la falsedad ideológica del acta, los fiscales
resaltaron que el peritaje caligráfico de las firmas que allí figuran revela
que la rúbrica del juez se produjo con posterioridad a la de Sierra,
cuando en el propio acta se precisa que el secretario es el que refrenda lo
actuado y, por lo tanto, es el último en firmar. Para la fiscalía, este indicio
abona la versión de la víctima sobre la ausencia del juez durante la
declaración.
Por otro lado, la Fiscalía acusa a Sierra de no haber volcado en el acta las
afirmaciones sobre las circunstancias que le contó el ex preso político que
venía sufriendo. «De haber volcado en dicho instrumento público
correctamente las manifestaciones de la víctima, que denunciaba su secuestro,
cautiverio y torturas, esas circunstancias deberían haber motivado el accionar
de la justicia para averiguar lo que en los hechos le había ocurrido a
Maisonave y los verdaderos motivos por los que se encontraba privado de su
libertad en aquella cárcel en 1978, todo lo que le hubiera evitado continuar
preso durante seis años más», indicaron los fiscales.
Al respecto, Nebbia y Palazzani sostuvieron que en el plan criminal de la
dictadura «al Poder Judicial le cupo su papel en general y al juez Madueño
en particular y allí está lo necesario de contar con el aporte de Sierra, ya
que para cualquier actuación del juez, el secretario es un funcionario no
fungible. Esto es, necesario, como lo fueron los defensores en los Consejos de
Guerra para poder realizar su farsa».

Fuente: www.fiscales.gob.ar

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2015-03-25 00:00:00
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