Los fiscales de la Unidad que interviene en crímenes del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, apelaron la resolución del juez subrogante Claudio Pontet de dictar el sobreseimiento del ex secretario judicial Hugo Sierra, acusado de falsear ideológicamente el acta de la declaración indagatoria a un preso político labrada en abril de 1978 en la cárcel de Rawson, Chubut.

Tal como lo hicieron en otras causas, los fiscales impugnaron directamente la intervención de Pontet como juez -a quien recusaron en diciembre sin que hasta hoy hubiera resolución del tribunal de alzada al respecto- y pidieron la nulidad de su designación en carácter de subrogante, por haberse violado el procedimiento que corresponde, y, en consecuencia, de la resolución que benefició a Sierra.

En ese sentido, pusieron de relieve que «la encrucijada que crea la presente resolución y la lógica presión sobre la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación» porque esos órganos ahora tendrán que resolver «sabiendo que su eventual apartamiento (el de Pontet) implicaría la nulidad de ciertas decisiones relevantes», como el sobreseimiento de Sierra y la intervención de un nuevo juez para resolver su situación procesal. El ex secretario federal cuenta con otras causas abiertas en su contra, que tienen confirmación de falta de mérito por parte de la Cámara Federal local y se encuentran recurridas ante la Cámara Federal de Casación.

En la resolución apelada por la Fiscalía, Pontet desvinculó de la causa al secretario del fallecido juez federal Guillermo Madueño, Sierra, quien está imputado de haber falseado la declaración indagatoria tomada a un preso político en la cárcel de Rawson el 16 de abril de 1978. La víctima del terrorismo de Estado, que estaba allí tras pasar por centros clandestinos de detención, declaró a los fiscales que aquella indagatoria «fue tomada por una persona que se presentó como secretario del juzgado no estando presente ningún juez ni abogado defensor».

Según explicó los representantes del Ministerio Públio en su acusación previa, Sierra consignó en el acta dichos que el declarante no formuló: «confeccionó el acta de la declaración -sin la presencia de ningún juez ni abogado defensor interviniendo-, de modo que la misma refiriera, en tono incriminatorio, a dos personas que habían sido ultimadas por el Ejército Argentino y un tercero que, en aquella fecha, permanecía en cautiverio, bajo torturas, en el Centro Clandestino de Detención y Tortura ‘La Escuelita’, pese a que ninguno de ellos fue mencionado» por el declarante.

Al momento de resolver el sobreseimiento de Sierra, Pontet sostuvo que había una contradicción entre la declaración del ex preso político, quien no es considerado por el juez como víctima, y la expuesta por Sierra en su indagatoria. «Ante la contradicción entre ambas, y siendo imposible -al menos hasta el momento- probar en forma directa cuál es la verdadera, no queda sino preferir la versión del imputado, que se ve corroborada al menos indiciariamente», falló Pontet.

«Resulta inadmisible sostener que Hugo Mario Sierra desde su rol de Secretario del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, aseguró -con su firma en el acta de una declaración indagatoria- su aporte a un plan criminal estatal -clandestino e ilegal- implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de las fuerzas armadas y las de seguridad a ellas subordinadas», agregó luego el juez subrogante.

Los fiscales, por su parte, advirtieron en el recurso de apelación «el doble estándar de análisis» de Pontet: «Para valorar la declaración de un imputado en el año 1978 se toma en consideración que el mismo pudo haber hecho afirmaciones falsas o imposibles de verificar, pero al momento de valorar la declaración del imputado en esta causa (que declaró en el año 2013) ni siquiera se menciona dicha posibilidad e, incluso, se le otorga mayor valor probatorio que a la declaración de un testigo que, a su vez, su testimonio se encuentra corroborado por otros indicios».

Entre otros elementos para fundar la falsedad ideológica del acta, los fiscales resaltaron que el peritaje caligráfico de las firmas que allí figuran revela que la rúbrica del juez se produjo con posterioridad a la de Sierra, cuando en el propio acta se precisa que el secretario es el que refrenda lo actuado y, por lo tanto, es el último en firmar. Para la fiscalía, este indicio abona la versión de la víctima sobre la ausencia del juez durante la declaración.

Por otro lado, la Fiscalía acusa a Sierra de no haber volcado en el acta las afirmaciones sobre las circunstancias que le contó el ex preso político que venía sufriendo. «De haber volcado en dicho instrumento público correctamente las manifestaciones de la víctima, que denunciaba su secuestro, cautiverio y torturas, esas circunstancias deberían haber motivado el accionar de la justicia para averiguar lo que en los hechos le había ocurrido a Maisonave y los verdaderos motivos por los que se encontraba privado de su libertad en aquella cárcel en 1978, todo lo que le hubiera evitado continuar preso durante seis años más», indicaron los fiscales.

Al respecto, Nebbia y Palazzani sostuvieron que en el plan criminal de la dictadura «al Poder Judicial le cupo su papel en general y al juez Madueño en particular y allí está lo necesario de contar con el aporte de Sierra, ya que para cualquier actuación del juez, el secretario es un funcionario no fungible. Esto es, necesario, como lo fueron los defensores en los Consejos de Guerra para poder realizar su farsa».

Fuente: www.fiscales.gob.ar