Los representantes del Ministerio Público Fiscal
les imputaron a quince ex militares del Regimiento 7 de Infantería y del
Destacamento de Inteligencia y a un ex comisario, privaciones ilegítimas de la
libertad y homicidios, en perjuicio de 106 víctimas. Calificaron los hechos
como “crímenes contra el Derecho de Gentes, en particular como Crimen de
Genocidio o delitos de Lesa humanidad de manera alternativa».

La
Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de La
Plata -a cargo de los fiscales generales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y el
fiscal ad-hoc Juan Martín Nogueira- requirió al Juzgado Federal N°1 de La
Plata, la elevación a juicio de la investigación seguida contra quince ex
militares y un ex policía, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en
perjuicio de 106 víctimas que pasaron por la Comisaría 8va de La Plata durante
la última dictadura cívico militar.
Los 16 acusados de esta causa eran miembros de las cúpulas del Regimiento de
Infantería 7 de La Plata, del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y
de la comisaría 8^va, ubicada en la intersección de las calles 7 y
74, en el sur de la capital bonaerense.
El Regimiento 7 fue la sede de la jefatura del «Área 113», desde
donde se comandó la represión ilegal en la ciudad y la zona de influencia. Los
imputados que integraron esa unidad militar son los ex oficiales de
Operaciones, Ismael Ramón Verón y Lucio Carlos Ramírez, los ex oficiales de
Personal Enrique Welshy Rubén Vicente Sánchez, los ex oficiales de Logística
Héctor Reynaldo Amuchástegui y Enrique Armando Cicciari, y los ex oficiales de
Inteligencia Alberto Jorge Crinigan y Luis Gustavo Diedrichs.
En tanto, los imputados que integraron el Destacamento de Inteligencia 101 del
Ejército -dependencia que comandó el espionaje de la represión ilegal en la
región- son los ex oficiales Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Emilio Alberto
Herrero Anzorena, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Carlos
María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale.
Finalmente, está imputado el ex comisario de la seccional 8^va, Rubén
Rodolfo Sabich.

«Condiciones inhumanas»
En la acusación, los fiscales indicaron que la comisaría 8^va fue un
centro clandestino de detención que, en la mayoría de los casos, funcionó como
escenario para el reconocimiento público por parte de la dictadura de las
detenciones ilegales, en el caso de los sobrevivientes. «La particularidad
de este lugar de detención se dio por ser un paso intermedio entre la total
clandestinidad de la que la mayoría de los detenidos provenían, al blanqueo que
se daba al poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a las personas y
remitirlas a unidades penitenciarias o liberarlas (con excepción de quienes
fueron asesinados). En ese contexto los detenidos eran anotados en los libros
de la Comisaría que también eran usados para anotar a detenidos comunes que
estaban a disposición de jueces en el marco de causas judiciales»,
precisaron y resaltaron que los presos políticos aparecían consignados en los
libros policiales -que forman parte de la prueba documental- «a
disposición del Área 113», nombre y número que recibió la región de La
Plata en la división territorial castrense.
Asimismo, los fiscales remarcaron que «las víctimas permanecían en la
Comisaría Octava bajo condiciones inhumanas de detención, sufriendo
padecimientos físicos y psíquicos, inescindibles de la propia situación de
cautiverio en la que se encontraban».
También señalaron que seis de las 106 víctimas fueron asesinadas. En cinco de
esos casos, los cuerpos aparecieron en la vía pública después de que se
asentara en los libros policiales que esas personas habían sido liberadas. En
el restante, se simuló la escena de un suicidio por ahorcamiento en una de las
celdas.
Con diferencias para cada imputado, los representantes del MPF les imputaron la
comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un
funcionario público en abuso de sus funciones agravada y homicidio calificado,
ambos tipos penales del derecho interno considerados en la legislación
internacional aplicada al caso «como delitos contra el Derecho de Gentes,
en particular como Crimen de Genocidio o delitos de Lesa humanidad de manera
alternativa».
Tras correr traslado a la defensa, el juez federal interviniente elevará las
actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, donde ya
están acumuladas otras once causas por crímenes de lesa humanidad a la espera
de la realización del correspondiente juicio oral.