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Piden indagar a tres ex jueces
Los imputados habrían abusado de su autoridad, incumplido sus deberes de funcionarios públicos y encubierto las privaciones ilegales de la libertad y torturas de siete empleados del Poder Judicial formoseño.
Categoría: Derechos Humanos

Los imputados habrían abusado de su autoridad, incumplido sus deberes de
funcionarios públicos y encubierto las privaciones ilegales de la libertad y
torturas de siete empleados del Poder Judicial formoseño.

El fiscal federal Flavio Ferrini solicitó la indagatoria de tres ex jueces
del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Formosa al
considerar que habrían abusado de la autoridad que su cargo les confería,
incumplido sus deberes de funcionario público y encubierto las privaciones
ilegítimas de la libertad y torturas respecto de siete empleados del Poder
Judicial Formoseño durante la última dictadura cívico militar.
En su requerimiento, el fiscal Ferrini señaló que “las privaciones de libertad,
los tormentos y las desapariciones forzadas de los empleados del Poder Judicial
de la Provincia de Formosa fue corroborada en la causa ‘Camicha’ y reeditada en
‘Domato’ en donde se pudo determinar que los declarantes fueron privados de su
libertad y torturados a causa de su participación en actividades gremiales
vinculadas a su empleo en el Poder Judicial, todo lo cual no podría ser
ignorado por las máximas autoridades de esa magistratura”.

Los hechos
Según se consigna en la requisitoria fiscal, hubo dos olas de secuestros, en
agosto de 1976 y junio de 1977. Las víctimas eran capturadas por su labor en el
Poder Judicial formoseño y su afiliación en la Asociación Judicial de Formosa
(AJF), tras lo cual las trasladaban al Regimiento de Infantería del Monte (RIM)
N°29 o el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” que
funcionaba en el destacamento policial de Colonia San Antonio, todos ellos
dependientes del Área Militar 234.
“El procedimiento de privación de libertad era concretado en lugares y
condiciones de encierro paupérrimas: las víctimas eran vendadas, permanecían
con ataduras, en pésimas condiciones sanitarias, sin cuidado médico ni alimento
suficiente lo que era complementado por violentas sesiones de interrogatorio en
las que se empleaban múltiples modos de tormentos, tanto físicos como
psicológicos”, sostuvo el fiscal Ferrini.
En la tarde del 4 de agosto, con el pretexto de que los acompañara a ver un
expediente judicial en Tribunales, dos hombres secuestraron a Elsa Alicia
Chagra de su vivienda. La mujer se desempeñaba en el archivo general del Poder
Judicial de Formosa, cuyo escritorio había sido inspeccionado ese mismo día por
personal policial que secuestró documentación.
Chagra fue llevada a “La Escuelita” donde fue torturada. Tras ello la
trasladaron al RIM, luego a la Alcaidía de Mujeres, de vuelta al RIM y luego
trasladada a la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. El 20 de
octubre de 1976, por acuerdo del Superior Tribunal de Justicia se la suspendió
preventivamente de sus funciones, mientras que el 3 de noviembre de ese año fue
puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Finalmente, el 29 de marzo
de 1977 el STJ dio de baja a Chagra, quien fue liberada el 9 de septiembre de
1978, aunque luego volvió a ser detenida hasta el 2 de diciembre de 1983.
El 5 de agosto de 1976, Ángela Colman -empleada de la justicia provincial y
afiliada a la Asociación Judicial de Formosa- fue secuestrada y trasladada al
RIM, donde permaneció hasta el 17 de agosto de 1976, cuando la trasladaron a La
Escuelita. Al igual que Chagra, fue suspendida de sus funciones por el TSJ,
puesta a disposición del PEN y finalmente dada de baja de su trabajo. Recuperó
su libertad el 3 de octubre de 1977.
Ese mismo día, en el juzgado donde se desempeñaba, se detuvo a Raquel Ubalda
Lebi, quien fue llevada a la Jefatura de Policía y luego trasladada al RIM,
donde la torturaron y abusaron sexualmente de ella. El 20 de octubre de 1976,
el STJ la suspendió de sus funciones, el 3 de noviembre fue puesta a disposición
del PEN y el 29 de marzo de 1977 la desvincularon del Poder Judicial formoseño.
Finalmente, fue liberada en la ciudad de Buenos Aires, en 1980.
Por su parte, Adriano Acosta fue detenido junto a otros compañeros el 5 de
agosto de 1976, en el Superior Tribunal de Justicia, lo cual fue informado al
juez y su secretario. Fue llevado a “La Escuelita” y luego al RIM, donde lo
torturaron. En misma fecha que las otras víctimas fue suspendido de sus
funciones y puesto a disposición del PEN. El 30 de noviembre lo trasladaron
junto a Andrés Medina a la U-10 y se le instruyó una causa por la Ley 20.840.
Fue liberado en 1979.
Andrés Medina también fue detenido el 5 de agosto y llevado a Colonia San
Antonio, donde lo torturaron. Al igual que las otras víctimas, se lo desvinculó
preventivamente de sus funciones, quedó a disposición del Poder Ejecutivo y
luego se lo llevaron a la U-10, tras lo cual lo trasladaron a la Unidad Penal
de Resistencia, donde fue sometido a Consejo de Guerra y liberado tras cinco
años de detención.
El matrimonio conformado por Mirta Lónidas Insfrán y Ricardo Borgne fue
secuestrado por la Gendarmería Nacional ese mismo 5 de agosto, cuando viajaban
en un colectivo de la línea Godoy, en la localidad de Tatané. La mujer fue
llevada a “La Escuelita”, donde la torturaron y abusaron sexualmente de ella.
El 20 de octubre de 1976, el STJ la cesanteó. Hasta hoy, no se tiene noticias
de ella. Su marido fue trasladado al RIM, donde también fue torturado. Tampoco
se supo más nada sobre su paradero.

Indagatorias
Según consignó el representante del Ministerio Público Fiscal en su
requisitoria “luego de la privación ilegal de la libertad sufrida por los
empleados judiciales, los aquí imputados recibieron informes remitidos por el
Jefe del Área Militar 234, que asumían responsabilidad sobre esas detenciones
sin mencionar causa o documentación respaldatoria que las justificara. Sin
perjuicio de ello, los magistrados no sólo no buscaron corroborar la licitud de
la medida, sino que tampoco constataron la veracidad de los informes militares
o las condiciones a las que sus empleados estaban siendo sometidos”.
“Surge claramente que los magistrados intervinientes usufructuaron las
facultades que les conferían sus cargos para dictar decisiones que brindaran
cobertura a las acciones ilegales (…)», sostuvo Ferrini.
Agregó que “resulta evidente que quienes ejercían los máximos cargos del Poder
Judicial debieron utilizar el criterio de la razonabilidad para determinar si
la detención era o no indefinida y sin justificación y si las personas habían
podido ejercer su derecho de defensa. Claramente los magistrados intervinientes
cometieron numerosas y graves infracciones a sus deberes de funcionarios
públicos, vinculados con los delitos de lesa humanidad que se cometieron en aquella
época y que llegaron a su conocimiento, toda vez que se conformaron con una
simple comunicación de que los detenidos estaban a disposición del PEN, para
avalar en estos casos la privación de libertad”.
En base a las pruebas colectadas, el fiscal Ferrini concluyó que “surge
claramente que los magistrados intervinientes usufructuaron las facultades que
les conferían sus cargos para dictar decisiones que brindaran cobertura a las
acciones ilegales y que los sustrajeran de cumplir con sus obligaciones y deberes
que sus cargos de funcionarios públicos les conferían. (…) puede decirse que
existen consistentes indicios objetivos de que las resoluciones eran dictadas a
sabiendas de que estaban fundadas en hechos falsos”.
Por todo ello, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se
cite a los tres ex jueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, a fin
de que sean indagados por las conductas desplegadas, las cuales incurrirían en
los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario
público y encubrimiento.

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2018-02-06 00:00:00
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