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Perpetua y cárcel común
Los crímenes cometidos contra más de cien víctimas en el ámbito del V Cuerpo del Ejército en nuestra ciudad tuvieron su condena a prisión perpetua. Son 21 militares y policías con esa pena y otros condenados de 3 a 14 años de prisión. Indicó que los delitos "constituyen crímenes de lesa humanidad" y que "fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar".El tribunal oral falló que el diario La Nueva Provincia publique que las víctimas sobre las cuales ese medio de comunicación informó como detenidas o abatidas en enfrentamientos eran víctimas de secuestros, torturas y hasta de fusilamientos.
Categoría: Derechos Humanos

Los crímenes cometidos contra más de cien víctimas en el ámbito del V Cuerpo
del Ejército en nuestra ciudad tuvieron su condena a prisión perpetua. Son 21
militares y policías con esa pena y otros condenados de 3 a 14 años de prisión.
Indicó que los delitos «constituyen crímenes de lesa humanidad» y que
«fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante
la última dictadura cívico militar».El tribunal oral falló que el diario La
Nueva Provincia publique que las víctimas sobre las cuales ese medio de
comunicación informó como detenidas o abatidas en enfrentamientos eran víctimas
de secuestros, torturas y hasta de fusilamientos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a
diecinueve ex militares y a dos ex policías bonaerenses a la pena de prisión
perpetua e impuso penas de entre 3 y 14 años de prisión para otros dos ex
penitenciarios, un ex policía de Río Negro, un ex policía federal y cinco ex
militares en el cierre del juicio oral y público por los delitos contra 103
víctimas en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. En tanto, un ex oficial del
Ejército resultó absuelto. «Es un gran avance para demostrar el
funcionamiento represivo en Bahía Blanca, Neuquén y Río Negro», dijo el
fiscal general Miguel Palazzani.
Los jueces del tribunal, José Tripputi, Jorge Ferro y Martín Bava también y en
relación a lo solicitado por las querellas y por el Ministerio Público Fiscal, representado
en los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani; ordenó que en los diez
días posteriores a que se encuentre firme el fallo «el diario La Nueva
Provincia de esta ciudad publique la rectificación, como acto moralmente
reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la publicación oportunamente
vertida en la que se informaba a la ciudadanía que Fernando Jara, Daniel
Guillermo Hidalgo, Olga Silvia Souto Castillo, Daniel José Bombara, Rubén Ruiz,
Julio Ruiz, Mario Medina, Pablo Victorio Boholavsky, Víctor Benamo y Orlando
Luis Stirneman fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares cuando
quedó acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura, y en
su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo
expresa mención de la fecha, página y sección en la que fueran vertidas esas
noticias». Ya se había pronunciado de la misma manera, el tribunal, en el
juicio que culminó en 2015.

Cárcel
Se dispuso que «el cumplimiento de la pena sea en prisiones federales
comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal» y que
«en caso que no existiere tal posibilidad, se procurará el cupo pertinente
en prisiones provinciales» que correspondan al domicilio del condenado. A
pesar de esto negó el tribunal el pedido que se realizó para que se revoquen
las prisiones domiciliarias.
En 54 puntos, en el veredicto que demoró más de dos horas en ser leído se
ordena la baja de los condenados del Ejército, de la policía bonaerense y de la
policía de Río Negro y también del Servicio Penitenciario Bonaerense, una vez
que quede firme la sentencia.
Además los jueces dijeron que las víctimas tienen derecho a ser informadas y
expresar opinión ante al juez de ejecución o juez competente, cuando se
sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de las
personas condenadas a las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la
libertad condicional, la prisión domiciliaria, la prisión discontinua o semi detención,
la libertad asistida y el régimen preparatorio para su liberación.
Fue rechazado el pedido de los fiscales para que las universidades nacionales
del Sur y del Comahue, y el Gobierno municipal bahiense lleven a cabo medidas
de señalización de los lugares donde ocurrieron los crímenes de lesa humanidad
juzgados en el proceso y de recordación de las víctimas.
Sobre las condenas cabe mencionar que se dictaron por los delitos de privación
ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, en algunos
casos por homicidio agravado; con el fin de lograr impunidad, bajo la modalidad
de desaparición forzada de personas y sustracción de menores.
El tribunal falló por unanimidad que los delitos «constituyen crímenes de
lesa humanidad» y, por la mayoría de los jueces Ferro y Bava, que
«fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país
durante la última dictadura cívico militar».

Las penas

El tribunal impuso la pena de prisión perpetua al ex jefe del Departamento de
Operaciones del Cuerpo V, Juan Manuel Bayón, y al ex jefe de división del mismo
departamento, Osvaldo Bernardino Páez; al ex subjefe del Departamento II
Inteligencia del Cuerpo V, Walter Bartolomé Tejada, y su subordinado, el ex
mayor Osvaldo Lucio Sierra; al ex segundo jefe de la «Agrupación
Tropa» o «Equipo de Combate contra la subversión», Julio
Guillermo González Chipont; al ex jefe de Sección Caballería Carlos Alberto
Ferreyra; al entonces encargado de compañía, Pedro Ángel Cáceres; al ex jefe de
la Sección Actividades Sicológicas Secretas (sic) y de la 1era Sección
Ejecución del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, Jorge Horacio
Granada; a los ex teniente primero del mismo organismo, Norberto Eduardo
Condal, Carlos Alberto Taffarel y Enrique José Del Pino, y al ex sargento
Víctor Raúl Aguirre; al ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181 Jorge
Mansueto Swendsen; al ex jefe de la sección Arsenales, Alejandro Lawless; al
elenco de militares que actuaron directamente en el centro clandestino de
detención «La Escuelita», integrado por el entonces cabo Raúl Artemio
Domínguez y Arsenio Lavayén, Desiderio Andrés González, Gabriel Cañicul y José
María Martínez, quienes cumplieron funciones de guardia; y a los ex integrantes
del Comando Radioeléctrico policial y del grupo de tareas de la Unidad Regional
V de la Policía bonaerense, Pedro José Noel y Jesús Salinas.
Por otra parte, el tribunal condenó a 14 años de prisión al ex jefe de la
División II de Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de
Montaña con asiento en Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, para quien la Fiscalía
había requerido la pena de prisión perpetua.
También impuso 10 años de prisión al ex cabo de la Delegación Viedma de la Policía
Federal, Osvaldo Vicente Floridia, para quien los fiscales habían requerido la
imposición de 19 años; nueve años de prisión para el ex subteniente Miguel
Ángel Chiesa, el ex jefe de sección Jorge Horacio Rojas, y el ex jefe de grupo
en el «Equipo de Combate», Miguel Ángel Nilos -para quienes el MPF
había reclamado la imposición de 18 años de prisión- y para el ex militar y
entonces jefe de la policía neuquina, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, sobre
quien pesaba un pedido de prisión perpetua.
Además, impuso seis años de prisión al ex jefe de la Unidad Carcelaria 4 del
SPB, Héctor Luis Selaya (la Fiscalía había solicitado 15 años) y tres años de
prisión para el ex jefe de la misma cárcel, Andrés Reynaldo Miraglia, y al ex
comisario de la unidad 24 de Cipolletti, Río Negro, Antonio Alberto Camarelli,
sobre quienes pesaban pedidos de pena de 13 años de prisión. Y absolvió,
«por el principio de la duda razonable», al ayudante del comandante
del V Cuerpo e integrante del «Equipo de Combate contra la subversión»,
Alberto Magno Nieva, para quien los fiscales habían pedido la condena a
perpetua.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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2017-10-17 00:00:00
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