En el final de su alegato, el Ministerio
Público Fiscal solicitó prisión perpetua para cuatro imputados, 25 años para
dos y 21 años para el restante acusado en el juicio por crímenes de lesa
humanidad de Bahía Blanca.

Un extenso, completo y lúcido
alegato fue el que desarrollaron los doctores Miguel Palazzani y José Nebbia a
cargo del Ministerio Público Fiscal en el juicio contra siete represores
acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última
dictadura.
La primera parte de ese alegato la describimos en nuestra edición anterior pero
por su amplitud el mismo debió continuarse en nuevas audiencias llevadas a cabo
el martes 22 y el miércoles 23 de octubre de 2013.
Los acusados que están siendo juzgados en la llamada causa “Stricker” son
Alejandro Marjanov; Carlos Stricker; José Fidalgo; Bernardo Cabezón; Ricardo Gandolfo
(no asiste a las audiencias) Felipe Ayala y Fernando Videla.
Al mediodía del miércoles y casi finalizando el alegato, Palazzani leyó los
pedidos de condena para cada uno de los represores.

Solicitudes
Por otra parte, también se pidió que se investigue el desempeño durante la dictadura de quien fuera juez provincial,
Francisco Bentivegna, ya que a través de sus funciones habría garantizado la
impunidad del plan de exterminio.
El martes 23 por la tarde el fiscal Nebbia terminó de desarrollar cada uno de
los casos y dio lugar a Palazzani para referirse a las responsabilidades
penales.
En ese sentido brindó una detallada descripción del Batallón, su composición
orgánica y las cadenas de mando.
Luego comenzó a hacer hincapié en los represores arrancando por Stricker quien
revistó como segundo jefe entre 1974 y 1976 y calificado entre esos años por Vilas
y Tauber como uno de los pocos sobresalientes de su grado.
Fue Stricker quien dijo que él manejaba la educación de la tropa pero fue el
mismo Stricker quien participó de un Consejo de Guerra, una parodia de juicio a
las víctimas secuestradas. El fiscal citó una frase del testigo Mitre: “Stricker
tenía una fuerte personalidad de mando”.
Más tarde le tocó el turno a Marjanov quien fuera Mayor en Comunicaciones en el
76 y designado segundo jefe en el Batallón de Comunicaciones.
Marjanov venía de la Escuela de Comunicaciones que era Jefatura del Área 420 de
la Zona 4, Instituto Militar.
La característica de esta zona era que no tenía subzona, por ende Marjanov fue
plana mayor de dos jefes de esa área, siendo ese grado “nivel de Vilas”
Marjanov era un oficial absolutamente comprometido, diferente a lo que dijeron
los testigos aportados por la defensa que lo alejaban de la llamada lucha
contra la subversión.
Fue él quien participó como vocal del Consejo de Gurra que condenó a las
víctimas Germani y Maisonave.
Por otro Consejo de Guerra también está siendo juzgado el represor Fidalgo
quien además venía de formar parte del Tercer Cuerpo de Ejército en lo que se
denominó “Operativo independencia” en Tucumán.
Ante todos estos hechos, los fiscales pidieron algo inédito hasta ahora como es
la nulidad insanable de las sentencias
de los consejos de guerra, lo que generó el aplauso de todos los presentes.

Los guardias salvajes
El cuarto intermedio duró hasta la mañana del miércoles 23 cuando cerca de
las 9 de la mañana se reanudó la audiencia en la cual los fiscales siguieron
con su exposición referida esta vez a la responsabilidad penal del imputado
Gandolfo.
Después de eso llegó el momento de hablar de los guardias de “La Escuelita”: Videla,
Ayala y Cabezón quienes mostraron total disposición al plan de exterminio.
Respecto a ello, el fiscal Palazzani señaló que el personal de guardia del
centro clandestino tuvo como función controlar las inmediaciones del lugar a
fin de evitar que se acerquen personas ajenas a las tareas represivas y así
lograr el total aislamiento de las víctimas: “Recuerdo el comienzo de la carta
de Izurieta “Escribo luego de 131 días de silencio””.
Otra de las funciones consistía en mantener reducidas a las víctimas en el
interior del centro en las condiciones que con unanimidad describieron los
sobrevivientes: “Tirados en camastros o directamente en el piso, atados,
vendados y en total silencio”.
Detalló el fiscal que para lograr el sometimiento absoluto de las víctimas, los
guardias descargaban sobre los cautivos todo tipo de actos violentos: “Golpes
de puño, patadas, palazos, hicieron atacar a las víctimas con perros, además de
aplicar las demás técnicas de tortura que no es ya del caso mencionar,
estaqueamientos, exposición de las víctimas al sol, al frío, en épocas del año que
era de especial sufrimiento”.
Un testigo, recordó Palazzani, calificó
al represor “Chamamé” Ayala como “El rey del golpe”.
“Para lograr ese sometimiento y en ese ámbito de discrecionalidad, algunas
de las conductas estaban atravesadas y tenían un plus y ese plus de violencia
lo motivaba una traza de discriminación
por género. Es decir, eran
especialmente crueles con las mujeres. Así fue práctica el abuso sexual
mediante manoseos, el acoso y las violaciones. Son numerosos los testimonios
que nos señalan esa situación. Actos que por supuesto no eran parte de órdenes
escritas o públicas al igual que el resto de los hechos que se cometían en ese centro
clandestino de detención”.
Al respecto, afirmó que los ataques sexuales fueron prácticas sistemáticas al
igual que la tortura con picana o la imposición de condiciones de cautiverio
degradantes: “En ese contexto los ataques sexuales integraban el plan de
desarticulación y desmoralización de las personas detenidas”
“Utilizaban el cuerpo de la mujer también como campo de batalla para
disciplinar porque en el modelo de nuevo orden y de nuevo hombre y mujer que
diseñaban en ese plan, la mujer militante no tenía lugar, la mujer debía estar
en su casa. La mujer militante, la mujer que participaba de la política, de las
cosas públicas, la que militaba socialmente había que disciplinarla”.
En ese marco, la comisión de delitos sexuales era sabida por todos los
estamentos militares por lo que formaban parte del plan
De esta manera, los guardias fueron responsables junto a quienes diseñaron el
plan de exterminio. De allí a lo que mencionábamos en torno a la total
disposición para actuar: “No es posible no mostrar disposición porque aparte
eran elegidos por especiales condiciones porque se tiene que tener especial
disposición para soportar ese tipo de situación en lugares como La Escuelita”.
El fiscal se valió de testimonios de sobrevivientes para ejemplificar los
métodos de los guardias. Sergio Andrés Voitzuk había relatado: “El trato de los
guardianes hacia los detenidos era bestial, salvo el caso de uno de los
custodios. Estaba prohibido hablar, moverse, también les molestaba que se les
requiriera ir al baño. Las reacciones consistían en bastonazos de goma, a veces
palizas de minutos de duración”.
Mirna Aberasturi fue quien escuchó como un guardia le decía a una detenida: “A
vos más vale que te venga porque si no este sí que va a ser hijo de desconocido
porque ni la jeta me viste”.
Por su parte Dora Seguel relató que al ser alojada en La Escuelita fue violada
por la misma persona que la bajó del auto en el que la traía secuestrada. La
insultó y le dijo que “no se haga la virgen porque ellas eran las hembras de
los guerrilleros”.

Un silencio que desespera
Ya hemos hablado en estas páginas del triste y maligno pacto de silencio de
los represores sobre todo en lo que tiene que ver con el destino de los niños
apropiados.
En Bahía los que se buscan son dos y los acusados nada dijeron al respecto y
seguramente nada van a decir en un futuro. Pero ese silencio duele mucho más
cuando está demostrado que ellos realmente sí saben que fue lo que pasó o quién
fue el que se los llevó.
“Chamamé” Ayala conoce exactamente quién se llevó el bebé de Graciela Izurieta
ya que quedó probado no solo en este juicio sino ya en el juicio por la verdad
desarrollado años atrás.
En cuanto a los apodos de los represores que escucharon los cautivos son todos
coincidentes. Algunos de los alias
fueron: Peine, Viejo, Calandria, Zorzal, Chiche, Turco, Chamamé, Perro, Abuelo,
Manuel, Pato, Tío, Zorro y Jabalí.
El fiscal se valió del testimonio de la testigo Noemí Labrune quien declaró en el juicio anterior que pudo
entrevistar a dos guardias: “Zorzal” Lavayén y “Chamamé” Ayala. La idea era que
aporten elementos sobre uno de los bebés nacidos en “La Escuelita”.
Respecto a Lavayén “Él me dijo “yo era baqueano del Ejército argentino porque
sabía acertar a las mulas, porque conocía los pasos de la cordillera porque conocía
los senderos. Y de pronto no hubo más mulas, había jeeps entonces me usaron
para ser guardián en los centros y mire lo que quedó de mi, mire lo qué hizo de
mi el Ejercito”. Él se acordaba del parto, se acordaba de Graciela cuando daba
vueltas, que la hacían caminar para hacerle mantener en buen estado al bebé
pero no pudo decir y creo que no lo sabía quién se lo había llevado”.
Por su parte, “Chamamé” Ayala habló de dos partos pero no dijo quiénes se
habían llevado los niños.
Ambos reconocieron que utilizaban los apodos mencionados.

El terror en casa
Otro de los testimonios que mostró Palazzani fue el de la víctima Nélida
Deluchi en el juicio por la verdad. Allí hizo una descripción de “Chamamé”
quien en un momento le hizo mirar a otras víctimas entre las que estaba “la
cortita” (Izurieta) de quien Ayala dijo que estaba embarazada.

Ya liberada, Deluchi recibía la
lamentable visita de “Chamamé” en su domicilio quien actuaba allí de manera muy
familiar. En una oportunidad sacó unas fotos en las que él estaba con otros
haciendo esquí en Bariloche. Con una de las fotos en la mano le señaló a Nélida
a un hombre y le dijo: “Ves, este se llevó al bebé de la “cortita””.

“Chamamé habría dicho que ese hombre era amigo suyo. En su testimonio,
Nélida dijo aquella vez que Ayala había confesado que sus únicos amigos en “La
Escuelita” eran “Zorzal” y “Calandria”.
13 años después, esa declaración fue ratificada ante el actual tribunal por la
hija de Nélida quien contó la misma historia.
De esta manera queda demostrado que al menos “Chamamé” sabe fehacientemente
quién se apropió del hijo de Graciela Izurieta.
Luego de la audiencia, Palazzani le dijo a EcoDias: “Quedó totalmente claro
que, dicho por Nélida Deluchi y su hija, con diferencia de 13 años cuentan la
misma situación “Ves, este es el que se llevó al bebé de la “corta” Izurieta”.
Así que no hay ningún tipo de duda respecto de eso”.
Después de esa parte de la exposición, continuó el alegato el fiscal Nebbia
para luego volver a tomar la palabra Palazzani quien pidió las condenas ya
mencionadas para los siete represores.
Finalizada esa etapa se pidió un cuarto intermedio y a la vuelta del mismo,
Palazzani realizó un pedido para que se investigue el accionar de un miembro de
la justicia durante la dictadura.
Relató que los órganos jurisdiccionales tanto provinciales como federales han
sido determinantes para truncar el acceso a la justicia de las víctimas y sus
familiares: “En este momento de la etapa de justicia en Bahía Blanca, nos
interesa poner de resalto el desempeño judicial del entonces juez provincial
Francisco Bentivegna quien al momento de los hechos que se dilucidan en esta
causa, era el juez a cargo del Juzgado en lo Penal nº 2 del Departamento
Judicial Bahía Blanca, ante el que fueron interpuestos recursos de habeas
corpus y denuncias por privación ilegal de la libertad”.
“Bentivegna previno los trámites judiciales formados a partir de los secuestros
de varias de las víctimas de esta causa luego de que los familiares de las
mismas se presentaran ante las comisarías cercanas a sus domicilios para
efectuar la denuncia de lo acontecido. Y, tal como se expondrá a continuación,
incumplió con los deberes que en tanto en su condición de funcionario público,
y nada menos que magistrado, le correspondían, garantizando así la necesaria
impunidad para que las Fuerzas Armadas y de seguridad continuarán con la
ejecución del plan de exterminio”.
El siguiente paso por parte del fiscal fue citar casos ejemplificadores que
corroboran lo dicho.
Con ese pedido finalizó el alegato de la fiscalía y se anunció el de las
querellas para el próximo 5 de noviembre a las 15 horas.

Pedidos de condena
Para José Fidalgo y Fernando Videla se solicitaron 25 años de prisión. En el
caso de Ricardo Gandolfo, la condena pedida fue de 21 años de prisión. Mientras
tanto, prisión perpetua fue lo que consideraron los fiscales que merecen los
imputados Alejandro Marjanov, Carlos Stricker, Bernardo Cabezón y Felipe Ayala

A pasos del Aula Magna, Palazzani le contó a EcoDias su sensación después de la
exposición brindada: “Siempre uno arrastra un poco la sensación que tiene
cuando va describiendo los hechos y todo lo que hemos escuchado. La sensación
es que cumplimos en mostrarle al tribunal las pruebas que hay en contra de los
acusados, cumplimos con el pedido de las condenas que nos parecen las que
corresponden a estos hechos que son las máximas, y eso nos pone ahora a la
espera de escuchar las defensas y esperar el veredicto”.
“Entendíamos que teníamos que seguir mostrando lo que la (causa) 982 mostró en
su momento, seguir profundizando eso y nos parecía que respecto a la justicia
provincial todavía no se había puesto el foco ahí. Si bien la 982 mostró por
suerte algunas situaciones en la justicia provincial, lo que hicimos hoy fue
concretamente hacer el pedido de que se investigue. Que los jueces federales
intervengan y vean esos expedientes a ver si se incumplió el Código Penal o no
se incumplió el Código Penal por parte de la justicia provincial”.