El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, reclamó hoy que se condene a diez años de prisión a Cecilia Ramona Góngora, la mujer acusada de haberse apropiado del hijo de una pareja de víctimas del terrorismo de Estado, y a la médica obstetra Elsa Gladys Nsatsky, por haber certificado falsamente el parto y, con ello, facilitar la perpetración del crimen.

Suárez Faisal, quien pidió la inmediata detención de las dos acusadas, requirió además que, independientemente de la firmeza que pueda cobrar la sentencia, el TOCF ordene al Registro Civil de la provincia la rectificación de la partida de nacimiento y del documento nacional de identidad de quien ha sido anotado en 1977 en la ciudad de Reconquista -donde ocurrieron los hechos- como José Luis Segretín y se reemplace su apellido por Maulín Pratto.

El pedido del fiscal se asienta en la solicitud que hizo la víctima. Los dos apellidos que reemplazarán el de su fallecido apropiador Luis Ángel Segretín son los de sus padres sobrevivientes del terrorismo de Estado Rubén Maulin y Luisa Beatriz Pratto. Es un caso singular: hay muy pocos precedentes de niños apropiados cuyos padres sobrevivieron.

Suárez Faisal pidió la condena de Góngora y Nasatsky como autoras de los delitos de retención y ocultamiento de un menor de diez años de edad previamente sustraído, supresión de estado civil de un menor de diez años de edad y falsificación ideológica de documento público, todos en concurso ideal. En el caso de la médica, aclaró que es autora de la falsificación ideológica del certificado de nacido vivo y que fue partícipe necesaria del mismo delito respecto de la partida de nacimiento y el DNI.

«Quedó comprobado que las imputadas contribuyeron con los designios del plan sistemático trazado por los altos mandos militares en cuanto al robo de bebés de las personas que se designaban como delincuentes subversivos en aquella nefasta época. Si lo hicieron por necesidad, por desesperación, por miedo, por cumplir con los deseos de los militares que tenían el poder, para evitar represalias o para conservar un estatus social al que tanto le había costado escalar, en el caso de Nasatsky, no lo puedo aseverar en este juicio», señaló Suarez Faisal. Y habló de las certezas: «Sé con claridad que Góngora quería un hijo porque perdía los propios y que Nasatsky colaboró con ella y con el sistema para que Luisa [Pratto] que estaba siendo acosada y abusada por los represores, diera a luz un hijo que luego se anotaría a nombre de los apropiadores en base a documentos falsos».

José Luis nació el 26 de marzo de 1977 en el Sanatorio Reconquista y fue inmediatamente inscripto como hijo de Góngora, hija de un agente civil de la Fuerza Aérea que prestaba servicios en la Brigada Aérea de El Palomar, y de Segretín, un empleado de la terminal de ómnibus local.

El padre del niño a esa fecha se encontraba privado de la libertad en el penal de Coronda, tras su secuestro el 19 de octubre de 1976. La madre, Luisa, fue hostigada por miembros de la policía provincial, quienes desde el secuestro de Maulín empezaron a irrumpir frecuentemente en el domicilio de la pareja, incluso para someter a abusos sexuales a la mujer embarazada y maltratar a sus otros hijos. Esos hechos fueron acreditados en otro juicio.

Griselda Pratto, tía de José Luis y hermana de Luisa, fue secuestrada del domicilio de la pareja casi dos meses antes del nacimiento, cuando había decidido acompañar a su hermana en los últimos días del embarazo.

La liberación de Griselda se produjo el mismo día del nacimiento del niño. En esa jornada, el entonces oficial de la Fuerza Aérea e interventor militar de Reconquista, Danilo Sambuelli -imputado hasta su muerte por estos hechos-, le dijo en el centro clandestino de detención que quedaba libre y que fuera al sanatorio, porque había nacido su sobrino.

Allí, Griselda Pratto fue testigo de la apropiación. Oyó cómo le decían a Luisa «la señora de Segretín» y que luego su hermana fue obligada a entregar el niño a una enfermera, destacó el fiscal en su alegato.

Suárez Faisal describió que una semana antes del nacimiento, y en el contexto de violencia que sufría la familia, una tía de Luisa le presentó a Góngora y le dijo que esa mujer «le iba a ayudar con el bebé».

El 26 de marzo, cuando Luisa comenzó con contracciones, llamó a su tía para que la acompañara al hospital. Pero esta le dijo que debían concurrir al Sanatorio Reconquista.

Al día siguiente, alguien -se sospecha que fue Segretín- sustrajo al niño del centro de salud. El 29 de marzo, Nasatsky -que se comprobó era una «vieja conocida» de Góngora- certificó falsamente el nacimiento, documento con el que días más tarde el propio Segretín inscribió a José Luis como su hijo y el de su esposa en el Registro Civil.

José Luis recuperó su identidad recién 32 años después, el 15 de mayo de 2009, cuando un examen de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos determinó que era hijo biológico de Rubén Maulín y Luisa Pratto. «En esa fecha recién cesó la situación de ocultamiento. Las dos autoras tuvieron oportunidad de hacer cesar la prolongación del delito, dándole a conocer al niño su verdadera identidad, pero ninguna lo hizo», destacó en su alegato el fiscal, quien durante el debate fue asistido por personal especializado de la Unidad que interviene en crímenes contra la humanidad en Santa Fe.

Fuente: Fiscales.gob.ar