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Mesa de Discusión Institucional
Más de un centenar de representantes de diferentes organizaciones civiles, de agencias del Estado y querellantes se dieron cita convocados por la Procuración General de la Nación en una instancia que diagnostica los problemas del proceso de verdad y justicia y establece líneas de acción para enfrentarlos. Las demoras y la faltas de respuesta de organismos estatales.
Categoría: Derechos Humanos

Más de un centenar de representantes de diferentes organizaciones civiles, de
agencias del Estado y querellantes se dieron cita convocados por la Procuración
General de la Nación en una instancia que diagnostica los problemas del proceso
de verdad y justicia y establece líneas de acción para enfrentarlos. Las
demoras y la faltas de respuesta de organismos estatales.

Con la participación de más de un centenar de
representantes de organizaciones de derechos humanos, querellas, miembros del
Ministerio Público Fiscal y otras agencias del Estado, se llevó a cabo el 9 de
abril en la sede de la Procuración General de la Nación, la Mesa de Discusión
Institucional y Social para enfocar en los problemas y evaluar estrategias en
el marco del proceso de verdad y justicia sobre los crímenes del terrorismo de
Estado.
El encuentro fue convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad,
en cumplimiento de una resolución de la procuradora general, Alejandra Gils
Carbó, que estipuló la realización de estos encuentros para analizar la marcha
de los procesos junto a sus actores.
La reunión, que se prolongó durante cuatro horas, fue abierta por Gils Carbó y
el fiscal general a cargo de la Procuraduría, Jorge Auat, y luego hubo
intervenciones de participantes que concurrieron de diferentes puntos del país.
Las preocupaciones volvieron mayormente sobre los mismos puntos que se
individualizaron el año pasado: el enorme atraso para fijar audiencia de debate
en más de un centenar de causas en todo el país y, una vez que ello sucede, la
extensión de los juicios orales que tardan en llegar al final, con la
consecuente privación de justicia para acusados y víctimas. En efecto, en
diferentes intervenciones se utilizó el concepto de «impunidad
biológica» para hacer alusión a la muerte de personas que no tienen
sentencia firme o que ni siquiera llegaron a recibir un pronunciamiento
definitivo sobre su responsabilidad.
La demora en la revisión de las sentencias formó también parte de la lista de
las preocupaciones. El último informe de la Procuraduría a cargo de Auat indica
que «sólo el 25% de aquellos que han sido condenados (un total de 187)
tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el
porcentaje de firmes es 17% (13 imputados)».
Organismos de derechos humanos y abogados querellantes pusieron de relieve
el «vaciamiento» de los programas estatales -u otrora financiados por
el Estado- de contención de testigos para estos casos y la falta de acción de
la Comisión Interpoderes, un ámbito de discusión creado por la Corte Suprema
para la resolución de dificultades de los procesos con la participación de las
diferentes agencias del Estado y de organizaciones de la sociedad civil. La
última reunión se formalizó en septiembre pasado.
En diferentes intervenciones se utilizó el concepto de «impunidad
biológica» para hacer alusión a la muerte de personas que no tienen
sentencia firme o que ni siquiera llegaron a recibir un pronunciamiento
definitivo sobre su responsabilidad.
Al respecto, se mencionaron dos cuestiones que suelen ser materia de
abordaje en aquella instancia, como los problemas para conseguir salas de
audiencia para celebrar los debates y la designación de jueces subrogantes
frente a la ausencia o recusación de los titulares.
En el foco de las preocupaciones estuvieron, también, fallos contrarios al
paradigma de los crímenes de lesa humanidad. El fiscal Auat recordó el caso de
la «Masacre de Capilla del Rosario» de 1974, en el que la Cámara
Federal de Casación revocó las condenas de tres militares al cuestionar los
testimonios de las víctimas y señalar que no se trató de delitos de esa
especie. En el debate también surgió la preocupación por el reciente fallo del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata en la causa
«CNU», en el que se ordenó la investigación de acciones de la
Agrupación Montoneros y reaviva, así, la «teoría de los dos
demonios», al tiempo que trastoca el concepto de este tipo de crímenes en
manos de civiles, para lo cual se necesita la aquiescencia del Estado.

Participantes
En la Mesa de Discusión participaron las organizaciones de derechos humanos
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de desaparecidos y
detenidos por razones políticas; Abuelas de Plaza de Mayo; H.I.J.O.S (de la
Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca, Zarate-Campana, Escobar, Rosario y
Santa Fe); el Centro de Estudios Legales y Sociales; la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre; Memoria Abierta; y el Servicio de Paz y
Justicia.
También hubo participación de los sindicatos de trabajadores de la Secretaría
de Derechos Humanos, de la Central de Trabajadores Argentinos de la Capital Federal;
el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires; el
Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Nación; Curtidores; Metrodelegados;
y Astarsa.
Además de Gils Carbó y Auat, por el Ministerio Público Fiscal de la Nación estuvieron
María Ángeles Ramos, Carolina Varsky, Javier de Luca, Pablo Parenti, Miguel
Blanco García Ordaz, Adolfo Villatte, Hugo Boguetti, Pablo Becerra, Gabriela
Sosti, Andrea Pockak, Judith König, Natalia Federman, Paula Moretti, Daniel
Rodríguez Infante, Marcela Obetko, Clarisa Miranda, Viviana Sánchez y José
Nebbia.
En tanto, por el Poder Judicial estuvieron presentes Pablo Vassel, de la Cámara
Federal de Casación Penal, y Pablo Amato y Liliana Muller, de la Unidad de
Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura.
Por el Poder Ejecutivo Nacional asistieron el coordinador del Programa Verdad y
Justicia, Mariano Freedman; representantes de la Comisión Memoria Histórica de
la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería; la Coordinadora de la
Dirección Nacional de DDHH y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio
de Defensa de la Nación Leonor Cisneros; el abogado del área de Litigio de
la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Pablo Barbuto; y
representantes del Centro Ulloa y del Registro Unificado de víctimas del
Terrorismo de Estado de aquella cartera. También asistieron representaciones de
las Secretarías de Derechos Humanos de las provincias de Buenos Aires y Chaco,
y del Municipio de Avellaneda (BA), y de las direcciones de Derechos Humanos de
los municipios de Moreno, Merlo, Ensenada y Malvinas Argentinas (BA).
Por el Poder Legislativo, estuvieron presentes asesores de la presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la Nación, Victoria Donda. Además, participaron
representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (BA), tanto de su
programa de litigio estratégico como del área de Justicia por delitos de lesa
humanidad.
En la reunión estuvieron presentes querellantes de juicios por crímenes de lesa
humanidad perpetrados en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, San Martín,
Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, San Nicolás y Junín; en las
provincias de La Pampa, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Salta y Chaco; y
en las Islas Malvinas.

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2017-04-25 00:00:00
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