El
juicio oral y público que se iniciara el pasado 28 de junio en Bahía Blanca es
un hecho histórico, no sólo porque se juzgan conductas ocurridas en nuestra
historia reciente sino fundamentalmente por la relevancia histórica que tiene
de cara al futuro.
Estamos juzgando delitos gravísimos (secuestros, tormentos, homicidios),
delitos declarados de lesa humanidad por haber sido cometidos en el marco de un
genocidio, esto es, delitos cometidos desde el poder del estado con la intención
de aniquilar o eliminar parcialmente a todo un sector de nuestra sociedad para
imponer un modelo de sociedad y de estado.
La banda cívico militar que asaltó el gobierno en marzo de 1976 tenía por
objetivo primordial desmantelar definitivamente el modelo de sociedad que en
1945 había empezado a gestar el peronismo, modelo que persistía pese al
derrocamiento de Perón en 1955, con los bombardeos a la Plaza de Mayo, los
fusilamientos, el Plan Conintes, las proscripciones, etc. Pese a esto, ese
modelo seguía vigente y jaqueaba al modelo que desde el poder quería imponerse,
por cuanto una joven generación con sus banderas y, fundamentalmente, el
movimiento obrero organizado continuaban resistiendo y luchando por sus
reivindicaciones conquistas y derechos.
Fue necesario el plan de exterminio sistemático de los militantes populares, ideado
desde los altos mandos militares para imponer el modelo neoliberal
agroexportador de Martínez de Hoz y compañía.
A pesar de la derrota de Malvinas y el retorno a la democracia el modelo
impuesto durante el proceso, genocidio mediante, se mantuvo inalterable en sus
esquemas fundamentales, primero con Alfonsín, y luego profundizado y llevado a
su máxima expresión con el Menemismo.
Con la Alianza se impuso la sensación de que aunque gobernaran los radicales,
los peronistas o quien fuera que ganara las elecciones, inevitablemente habría
un tecnócrata neoliberal y servil al FMI en el Ministerio de Economía,
manejando la cosa pública siempre al servicio del establishment. Esto generó la
crisis del 2001, el descreimiento en la política y el “que se vayan todos”.
Piquetes y cacerolas mediante, con la movilización popular y el descreimiento
generalizado, recién en 2003 logramos empezar a sentar las bases desde donde
suplantar el modelo de Martínez de Hoz con un modelo de inclusión social,
justicia y equidad con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, y la recuperación
de la política como herramienta de transformación social y de conseguir
bienestar y justicia para los sectores populares.
De aquí en más, si los grandes grupos económicos quisieran imponer a sus
hombres en el gobierno deberán prepararse para ganar elecciones y no golpear
puertas de cuarteles ni patear el tablero de la democracia o imponerles sus
políticas al gobierno de turno desde la prepotencia del poder.

En la senda de la justicia
Condenar a los responsables de estos graves delitos que estamos juzgando es
imprescindible para que nunca más nadie pueda creer que puede imponer sus ideas
e intereses al resto de la sociedad por la fuerza y el delito impunemente.
Coincidentemente con el inicio del juicio en Bahía Blanca el pasado 28 de
junio, se conoció un pedido del fiscal Córdoba solicitando revisar los archivos
del diario La Nueva Provincia en la convicción de que allí podríamos encontrar
pruebas importantes que contribuyeran al esclarecimiento de los delitos que se
investigan. Tal solicitud fue presentada por el oligopolio mediático (en las
voces de Clarín, La Nación, Perfil, TN, etc.) como “un atentado a la libertad
de prensa”.
No escapa a mi entendimiento que son muchos los sectores civiles que ven con más
simpatía a los imputados en estos juicios que a los organismos defensores de
Derechos Humanos y al actual gobierno nacional que impulsa estos juicios y las
transformaciones sociales antes aludidas.
Muchos de estos sectores se beneficiaron directamente con la dictadura y ven
con desconfianza al actual modelo que encarna el gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner.
No sorprende a nadie encontrar entre estos sectores “nostálgicos del 76” a los
editores del diario local, que aún hoy reivindican al proceso y a los autores
del genocidio.
 Nadie se sentiría sorprendido si entre
los defensores de la dictadura encuentra el sr. Massot a algún referente de la
Sociedad Rural, o a algún exponente de la Escuela de Chicago, o a
representantes locales de la banca y de las finanzas, o a la mediática Cecilia
Pando.
Por el contrario, sí sorprende y para mal, escuchar en este contexto las declaraciones
del intendente y candidato a la reelección por el Frente para la Victoria solidarizándose
al igual que Clarín y La Nación con el diario de Massot, y contribuyendo a
presentar lo que era un legitimo requerimiento del Ministerio Público Fiscal en
uso de sus legítimas funciones y atribuciones legales como otro acto de “prepotencia
K” y otro atentado a la libertad de expresión de prensa y de empresa, que a los
liberales vernáculos siempre se les mezclan y confunden.
Ningunear la existencia de este histórico juicio, y formular declaraciones
relativizando la posición públicamente conocida del sr. Massot declarando su
amistad con él y pretendiendo que está siendo “demonizado” injustamente,
implica un alineamiento con los sectores del oligopolio enfrentados al gobierno
nacional cuyos intereses y colores en esta ciudad se supone defiende y
representa en su calidad de candidato por el Frente para la Victoria, fuerza
política a la que adhiero con mi más intima convicción y sin ningún tipo de
disimulo.
Así, me veo en la obligación moral de declarar públicamente que las
manifestaciones del dr. Brandestein sólo expresan, en el mejor de los casos,
sus opiniones personales, y que de ningún modo resultan la expresión del
conjunto del kirchnerismo, siendo las mismas muy poco felices y claramente inoportunas.
Además, resultan irrespetuosas para con los familiares y víctimas de la represión,
especialmente aquellos cuyas muertes en “falsos enfrentamientos” el diario de
su amigo, el sr. Massot, presentó sistemáticamente como “combates entre
terroristas y fuerzas del orden”.
Por el contrario, el kirchnerismo es la expresión política que posibilita la Memoria,
la Verdad y la Justicia de estos casos con una clara y transparente política en
la materia de juzgamiento de todos estos delitos sin amistad con ningún poderoso
y cómplice de los mismos.

Diego Czerniecki es abogado querellante en el Juicio del Vto. Cuerpo de
Ejército y militante y referente del Movimiento Evita.