Las audiencias se llevaron adelante los días: 30 y 31 de mayo, 5 y 6 de junio.

La abogada comenzó ocupándose de la legitimidad de la Secretaria de DDHH de Nación para ser parte querellante, y continúo con unas consideraciones sobre el proceso de Memoria, Verdad, Justicia y reparación. Luego de eso, hizo una mención al marco histórico general, para después pasar a los casos de las víctimas y los acusados de cometer los gravísimos delitos que aquí son juzgados.

Al igual que fiscalía, coincidió en que los hechos están comprendidos como delitos de lesa humanidad y en el marco general de un genocidio.

Enmarcando la importancia que estos juicios tienen, la abogada dijo: “Por las consecuencias generales que implicaron los hechos para toda la sociedad de un país entero, estos juicios son de una trascendental importancia. Lo que se decida hoy en ellos fijará posiciones ante la historia y formará parte de lo que se enseñe a las generaciones futuras”. Resaltó que: “El establecimiento de la verdad fortalece a la democracia, para lo cual la justicia penal cumple un papel trascendental”. El ejercicio de memoria funciona como “garantía de no repetición” y como forma de reparación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.

Un largo camino recorrido

En cuanto al trayecto recorrido, para llegar hoy a este proceso de juzgamiento, la querella dijo que es oportuno recordar cual fue el camino largo y sinuoso de la justicia transicional en Argentina sobre los hechos hoy traídos al debate y especialmente como fue en Bahía Blanca. Así fue que hizo un racconto sobre los diferentes periodos que recorrió nuestro país en materia de justicia para los crímenes de Estado: las autoamnistias, la Conadep, el Juicio a las juntas, las leyes de impunidad de los gobiernos de Alfonsín y Menem, los juicios por la verdad, la no extradición de genocidas a otros países para ser juzgados del gobierno de De la Rua; hasta que en el año 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, comenzó a desmontarse el cerco de impunidad con el impulso de las políticas que conformarían el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y fue derogado el decreto que impedía las extradiciones de los imputados por violaciones a los Derechos Humanos. Ese mismo año, el Congreso declaró insanablemente nulas las leyes de Punto Final y Obediencia de Debida, lo cual fue convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005, cuando declaró su inconstitucionalidad quedando así abierto el camino para la real Justicia en nuestro país.

Acá también pasaron muchas cosas

Especial énfasis tuvo la querella en el recorrido histórico en especial de nuestra ciudad. Algo que para muchas personas parece haberse olvidado o intencionalmente silenciado: “En la ciudad de Bahía Blanca el 31 de agosto de 1985, y luego de una comprometida y eficaz labor en la CONADEP Bahía Blanca, Ernesto Alfredo Malisia impulsó y fundó la por entonces Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La misma representó a la APDH Nacional hasta el año 2002 en que se conformó como asociación civil independiente sobre las mismas bases y objetivos anteriores, pero integrada con un nuevo perfil. Desde 1985 hasta 2002 en que falleció fue presidida por su fundador y actualmente lo es por la víctima de la dictadura Eduardo Hidalgo.

Durante esos primeros 17 años, la institución fue la impulsora y única querellante en los juicios por Delitos de Lesa Humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la dictadura cívico militar genocida. También fue la que solicitó la expulsión de Raúl Alfonsín y Carlos Menem de la APDH Nacional, luego de promovidas las Leyes de Impunidad e Indultos. Fue organizadora de marchas y reclamos por el enjuiciamiento de los genocidas. Tuvo presencia e impulsó constantemente en los estrados judiciales incluso nacionales, la exigencia de tribunales imparciales. Debió resolver junto a la APDH Neuquén la recusación del tribunal que en esta nueva etapa debía actuar, exigiendo la conformación de un nuevo tribunal al haberse descubierto la relación irregular de defensores de los genocidas con integrantes de aquel tribunal local que debía actuar en la nueva etapa. Llevó adelante una presentación ciudadana ante el Poder Judicial Federal local, de reclamo de enjuiciamiento e investigación sobre los crímenes de la dictadura en la ciudad, que contó con la participación de más de 250 personas mediante un escrito que lo exigía. En 1999 impulsó los Juicios por el Derecho a la Verdad junto a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y al Dr. Hugo Omar Cañón, luego interrumpidos por la Cámara de Casación Penal de la Nación, al haber detenido por falso testimonio a varios de los genocidas citados a declarar por la Cámara Federal, avocada en estos juicios desde 1986. Cámara Federal que fue ejemplo en la historia de impunidad de la ciudad por su compromiso de hacer justicia en conjunto con la APDH local, con jueces de la talla de Luis Alberto Cotter e Ignacio Larraza que declararon inconstitucionales la leyes de impunidad junto al ex fiscal Hugo Omar Cañón cuando el Poder Judicial callaba y ejercía una complicidad superlativa con la impunidad impuesta por la mayoría de la dirigencia política de entonces. Con un fiscal como Hugo Omar Cañón que construyó la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad, que luego honraron hasta la fecha fiscales como Abel Córdoba, Miguel Palazzani y José Nebbia.

La etapa iniciada en 2003, mostró a un gobierno que rompió la impunidad e impulsó nuevamente los juicios anulando las leyes inconstitucionales que lo impedían, abrazando la causa histórica de lucha por Memoria, Verdad y Justicia de los organismos de DDHH, y ampliando la base de derechos como nunca recuerda la historia, logrando colocar al país en el lugar más destacado a nivel mundial al respecto.

Nuevamente como el único organismo de DDHH de Bahía Blanca en 2005, la APDH reimpulsó los juicios con la Dra. Mirta Mántaras como patrocinante de la institución por entonces, reiniciando la etapa judicial y sumándose desde entonces familiares y víctimas del terrorismo de estado y la agrupación H.I.J.O.S.

Como se verá la historia en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia no está vacía ni empezó hace poco tiempo; es la que siempre fue escondida por el poder mediático local sin lograrlo y la conducta vergonzante de una mayoría de la dirigencia política, que prefirió esconderse en el silencio la impunidad durante años pero que tiene actores y representantes que aún hoy continúan sin claudicar como testigos prestigiosos y fundamentales para que estos juicios existan y hayan producido condenas”.

Todas las víctimas PRESENTES en la sala

A continuación, la Dra. Fernández Avello prosiguió con un marco histórico más general e internacional, para luego explayarse en los casos de las 105 víctimas: sus vidas, sus militancias, sus sueños y sus historias, una por una. Muchas de ellas fueron asesinados en falsos enfrentamientos, como resultó probado en éste, y en los anteriores juicios, otros aun continúan sus cuerpos desaparecidos y otros son los valientes sobrevivientes, que han podido traer su testimonio, sus desgarrantes vivencias y también han traído los últimos instantes y palabras a muchos familiares ya que fueron las últimas personas que los vieron con vida en los Centros Clandestinos de Detención y Tortura. Sin estos indispensables testimonios, hoy no se tendría juicios a lo largo de todo el país.

Los rostros, sonrientes y llenos de vida, de cada uno de los compañeros desaparecidos o cruelmente asesinados, fueron pasados por la pantalla del lugar, iluminando la sala del Aula Magna de Av. Colón 80 durante la tarde del día martes 30 y el miércoles 31 de mayo.

Los nombres de los responsables

La Jornada del lunes 5 de Junio por la tarde, la querella comenzó a detallar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.

Cuando la abogada daba comienzo a esta parte del alegato, al genocida Walter Bartolomé Tejada le sonó su celular en plena audiencia ante el asombro de todos los presentes (ver recuadro aparte).

Los represores juzgados pertenecen a diferentes fuerzas y son de diferentes lugares: Destacamento de Inteligencia 181, agrupación tropa, Policía de Río Negro, guardias de La Escuelita, delegación Viedma de la Policía, Subzona 52 Policía Provincia de Neuquén, Batallón de Comunicaciones 181, Servicio Penitenciario y Comando 5to Cuerpo de Ejército. Esto deja en evidencia, con la mayor claridad desde que comenzaron los juicios en nuestra ciudad, a la operatoria en conjunto de todas las fuerzas existentes, es decir al cumplimiento de un Plan Sistemático.

Uno por uno, la querella detalló la responsabilidad de los 31 represores que llegaron al final del juicio, con la responsabilidad penal que les cabe en estos hechos aberrantes e ilegítimos, de acuerdo al cargo que ocupaban y a las pruebas obtenidas a lo largo de todo el debate. A muchos de ellos ya se les comprobó las responsabilidades en estos y otros crímenes y llegaron a este juicio con condenas previas. La abogada pormenorizó la responsabilidad de cada uno de ellos y sobre qué víctimas recayó su conducta criminal y son responsables de sus secuestros, desapariciones, muertes y torturas.

Los pedidos de penas

Ya en el tramo final de su alegato, y luego de describir sus responsabilidades, pasó a detallar los pedidos de penas para cada uno de los reos que fue el siguiente:

Prisión perpetua para:

Juan Manuel Bayón

Osvaldo Bernardino Paez

Walter Bartolomé Tejada

Jorge Enrique Mansueto Swendsen

Carlos Alberto Taffarel

Norberto Eduardo Condal

Jorge Horacio Granada

Osvaldo Lucio Sierra

Julio Guillermo González Chipont

Víctor Raúl Aguirre

Enrique José Del Pino

Carlos Alberto Ferreyra

Pedro Ángel Cáceres

Alberto Magno Nieva

Alejandro Lawless

Raúl Artemio Domínguez

Arsenio Lavayen

Desiderio Andres González

Gabriel Cañicul

José María Martínez

Pedro José Noel

Jesús Salinas

Oscar Lorenzo Reinhold

Osvaldo Antonio Laurella Crippa

15 años de prisión para Antonio Alberto Camarelli.

18 Años de prisión para Héctor Luis Selaya.

16 Años de prisión para Andrés Reynaldo Miraglia.

20 Años de prisión para Jorge Horacio Rojas, Miguel Ángel Nilos, Miguel Ángel Chiessa y Osvaldo Vicente Floridia.

Para todos los condenados, la Dra. Fernández Avello pidió la revocación de las prisiones domiciliarias otorgadas y que cumplan su condena en cárceles comunes, como así también la baja de las fuerzas a la que pertenezcan. Adhirió a los pedidos de reparación simbólica solicitado por el Ministerio Público fiscal, y concluyó su alegato.

“Señores jueces: todos hemos escuchado estos días a hijos de genocidas que han repudiado el accionar de sus padres y que incluso han pedido y se les ha otorgado el cambio de apellido. He leído por ejemplo que la hija de Etchecolatz decía ha decidido con esta solicitud ponerle punto final al gran peso que para ella significa arrastrar un apellido teñido de sangre y horror, ajeno a la constitución de su persona… dijo: «Es un ser infame, no un loco; alguien que le importan más sus convicciones que los otros, alguien que se piensa sin fisuras; un narcisista malvado sin escrúpulos. Antes me hacía daño escuchar su nombre, pero ahora estoy entera, liberada…deseo que no salga nunca más. Nunca me había animado a contar mi historia. Y lo único que quiero expresar ante la sociedad es el repudio a un padre genocida, repudio que estuvo siempre en mí. Mejor dicho: el repudio de una hija a un padre genocida”.

También hemos escuchado en este juicio las palabras de Paula Blaser, hija de la víctima Laura Manso, ella dijo: “Me indigna que estos señores, muchos de ellos, estén con prisión domiciliaria, me indigna enormemente porque son culpables de delitos de Lesa Humanidad. Yo soy la víctima; yo como muchos otros compañeros, no puede ser que nos estemos cruzando en las calles con esta gente”. “Que hoy por hoy vengan a pedir prisión domiciliaria o que apelen a la edad que tienen avanzada algunos. Bien señores: háganse cargo de lo que hicieron porque en definitiva se tardó muchísimos años en llegar a instancias como estas, las cuales valoro y agradezco profundamente, pero se tardaron muchísimos años. Si llegamos con ustedes ya grandes a esta altura, es porque también pudieron vivir toda una vida impunes y libremente. Pero ya no lo son más, no para la sociedad. Espero que también acá se haga Justicia. Y no pueden estar en la cárcel especial ni en prisión domiciliaria, yo a mi mamá durante años la tuve que ver a través de un vidrio sin siquiera poder tocarla. Lo mínimo es que tengan cárcel común y paguen por lo que hicieron”.

Y de otra hija, Paula Bombara quien en causa 982 dijo “Lo tuve tres años, pero en ese tiempo supo transmitirme que el valor de la vida está en poder estrecharnos en un abrazo. Y nuestra sociedad será mejor cuando la impunidad se acabe y la justicia nos abrace a todos por igual.

Son tres relatos que coinciden con en el pedido de Justicia, con el pedido de condena, con el pedido de cárcel para los perpetradores del Terrorismo de Estado en Argentina.

Por la Memoria, la Verdad, la Justicia y la reparación. En memoria de los 30000 compañeros y compañeras asesinados y desaparecidos, en especial por las familias y víctimas del 5to. Cuerpo y por la sociedad toda; para consolidar las bases de una democracia sólida fundada en la Justicia que emana del Estado de Derecho y que este último 10 de mayo lo ha demostrado en la calle frente a la resolución del 2×1 de la Corte Suprema de Justicia manifestando un límite colectivo ante la posibilidad cierta que los genocidas estén en libertad. La sociedad ha expresado que no hay retrocesos en este punto de nuestra democracia que estamos construyendo.

Sres. Jueces les pido JUSTICIA”

Las audiencias se retoman el día 21 de junio a las 13 hs., con el comienzo de Alegatos de la defensa de los imputados.

Tejada, el genocida con privilegios

En la audiencia del día 5 de junio, mientras la querella representada por la Dra. Mónica Fernández Avello continuaba con su alegato, sonó un teléfono celular en la sala. Todo el recinto lo escuchó.

El sonido provenía del sector de asientos donde se encuentran sentados los represores y resultó ser el celular del genocida Walter Bartolome Tejada. Tejada, el genocida, como si estuviera en el cine lo sacó apresuradamente tratando de apagarlo o más bien de silenciarlo. Lo volvió a guardar mientras era observado por todos los que presenciábamos la audiencia. No es la primera vez que el genocida Tejada usa su teléfono celular durante el transcurso de las audiencias, ya que lo hemos visto hacerlo en reiteradas oportunidades.

Al terminar la audiencia del día martes 6 de junio, finalizado el alegato de la querella, familiares de víctimas le pidieron a viva voz a los genocidas que hablen, que digan dónde están los cuerpos y los bebés nacidos en cautiverio. El genocida Tejada dirigiéndose a los familiares los increpó entre medio de gritos y de sus ya habituales gestos obscenos a lo que los familiares le respondieron que no use más el celular en las audiencias. Inmediatamente el reo sacó su celular y simuló hablar por teléfono en una clara provocación mientras era sacado del lugar por personal de gendarmería.

Tejada, el genocida, no es la primera vez que insulta, provoca y realiza gestos groseros contra familiares y el público, entendemos que ya es una costumbre.

Por esto es que nos llama poderosamente la atención que siendo Tejada un genocida condenado a prisión perpetua por habérselo encontrado culpable de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y robo de bebes en el marco de un genocidio y que está imputado por crímenes iguales en este juicio en curso, lo que le valdrá sin dudas una segunda perpetua; además del beneficio de cumplir con prisión domiciliaria otorgada por los jueces, tenga a su vez el privilegio de portar celular y maletín en todas las audiencias. Cabe aclarar que la utilización de celulares en el recinto no es permitida ni está contemplado para las personas que ingresamos al salón. Se deben dejar todos los objetos personales en el hall de entrada de la UNS, los recibe la gendarmería y hasta debemos pasar por una exhaustiva requisa antes de entrar. En las audiencias del año pasado, a modo de ejemplo, se nos había prohibido el ingreso de pastillas caramelo por órdenes estrictas de seguridad por parte del Tribunal.

Ante lo sucedido nos preguntamos: ¿Cuál es el criterio utilizado por el tribunal respecto a la seguridad en el proceso del juicio? Nos resulta por demás injusto e inaceptable que se pondere la preferencia hacia un genocida sobre las demás personas, más aun cuando los que participamos de los juicios no estamos condenados por delitos de genocidio.

También nos preguntamos: ¿Todo el despliegue de las fuerzas de seguridad y las medidas exigidas por el tribunal a quiénes están destinadas? ¿A la protección de las personas decentes que asistimos o a la protección de los genocidas?

Situaciones como estas nos ofenden y ponen a la ciudadanía en un plano de desigualdad respecto de los victimarios.

Debemos mencionar que en 41 años transcurridos desde el golpe de Estado, hasta el día de hoy hemos dado muestras las víctimas, los familiares de las víctimas y el pueblo en su conjunto, de no haber incurrido jamás en ningún hecho de justicia por mano propia contra los genocidas perpetradores de los peores crímenes del Terrorismo de Estado.

Esperamos que prime el sentido común y estas situaciones sean revertidas por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, el Tribunal Oral Federal, al que Tejada se encuentra a disposición. También exigimos junto a la fiscalía y a la querella que le sea revocado el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que se lo ve en excelente estado de salud, y con manifiestos ánimos agresivos.

Autor: Redacción Ecodías