La Unidad Fiscal de Derechos Humanos argumentó que, con los elementos probatorios agregados a la causa no tenidos en cuenta al momento del dictado de la falta de mérito del empresario, corresponde rechazar el sobreseimiento pedido por su defensa y disponer su procesamiento por instigación del genocidio y como coautor del homicidio de dos obreros gráficos.

Se recordará que el principal argumento de Massot era reiterativo: “Fue mi mamá… Yo no sabía nada…”. Su madre, Diana Julio de Massot, falleció impune, su hijo no tiene inconvenientes en sumarle una perla más, desentendiéndose de sus responsabilidades.

En su dictamen, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el auxiliar fiscal Pablo Fermento pusieron en valor las pruebas surgidas de los documentos de la Operación Cóndor y argumentaron que esos elementos modifican las conclusiones que llevaron al dictado de la falta de mérito que pesa sobre Massot y, por lo tanto, tornan procedente su procesamiento. La presentación de la Fiscalía se dio en el marco de la contestación del traslado que le confirió el Juzgado Federal tras un nuevo pedido de sobreseimiento de la defensa.

Los fiscales aclararon que la imputación “no engendra un reproche penal genérico contra la actividad periodística durante el terrorismo de Estado, ni aun cuando se tratara de la emisión de discursos del odio. De lo que se trata es de analizar un caso en el que, junto a ese discurso de odio, se verifican una serie de circunstancias que lo subsumen en un delito penal, como es la instigación a cometer genocidio”.

Bajo esa mirada, los fiscales sostuvieron que Massot llevó a cabo operaciones psicológicas para las fuerzas armadas, como presentar públicamente los fusilamientos de las víctimas como “enfrentamientos” y realizar -junto a otros miembros fallecidos del clan, entre ellos su madre, Diana Julio- “aportes esenciales” que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través del llamamiento al exterminio desde las páginas del diario antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar.

También acusaron al empresario periodístico como coautor del homicidio de los obreros gráficos del diario Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola perpetrado entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en la empresa.

Nueva prueba

Para insistir en el procesamiento, el dictamen analiza la prueba producida en la investigación no tomada en cuenta en el dictado de la falta de mérito, enfatizando en los reportes secretos elaborados antes de la dictadura por el agente de inteligencia chileno Lautaro Enrique Arancibia Clavel -encargado del Departamento Exterior de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA)-, en los que comunica a sus jefes que Vicente Massot era, además de su amigo, un contacto establecido para los fines de su misión en el país.

Los fiscales señalaron que Massot “no era blanco del plan estatal de acción psicológica, sino que conocía abiertamente su existencia y finalidad -el aniquilamiento de opositores políticos-, y realizaba aportes para su exitoso cumplimiento, los cuales eran voluntarios, conscientes, libres y bajo plena consustanciación”.

En estos documentos, el espía informaba que Massot le había solicitado información para una “campaña en los medios que él controla sobre la penetración soviética en América Latina”, y que mantenía reuniones semanales con el equipo de redacción de la revista Cabildo que encabezaba el acusado.

Indicada la nueva prueba, los fiscales explicaron el modo en que tales elementos refutan los argumentos que motivaron el dictado de la falta de mérito sobre el imputado, partiendo de los aspectos de la imputación que ya fueron reconocidos por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca al revisar el auto de mérito de 2015.

En este sentido, recordaron que aquella sentencia de la Cámara tuvo por acreditado que en la región de Bahía Blanca se realizó acción psicológica sobre la población a través del diario, y que incluso, para uno de los votos, era arbitrario afirmar que La Nueva Provincia había sido “utilizada” por los militares.

El dictamen señaló que, ya con dos años de anterioridad a los hechos, era Vicente Gonzalo Massot quien encabezaba personalmente los vínculos y las reuniones con los servicios de inteligencia para las operaciones psicológicas. De esta manera, los fiscales concluyeron que el acusado “no era blanco del plan estatal de acción psicológica, sino que conocía abiertamente su existencia y finalidad -el aniquilamiento de opositores políticos-, y realizaba aportes para su exitoso cumplimiento, los cuales eran voluntarios, conscientes, libres y bajo plena consustanciación”.

Esa información fue valorada en conjunto con las constancias ya existentes respecto de la estrecha y fluida relación de cooperación entre Vicente Massot y su familia con las máximas autoridades represivas del país y la región, tales como los generales Guillermo Suárez Mason, Osvaldo Azpitarte y Acdel Vilas, o el segundo jefe de la delegación local de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dipba), quien actuaba asimismo como jefe de seguridad de la empresa periodística.

Fuente: Fiscales.gob.ar