Los editores nucleados en Diarios y
Periódicos Regionales Argentinos (Dypra) repudiamos la ofensiva tapa publicada
por la revista Noticias hacia las
mujeres en general y hacia la Presidenta de todos los argentinos en particular.
Como figura pública, la Presidenta está al concurso de la mirada de toda la
ciudadanía y tanto su ejercicio del Poder como todos los aspectos de su vida
pueden ser y son cuestionados por distintos motivos, la manera en que se
formulen las críticas y objeciones deben encuadrarse, como mínimo, dentro del
marco establecido por la ley, además de los principios éticos y buenas
prácticas informativas.
La publicación referida acentúa estereotipos de género degradantes hacia todas
las mujeres, dando a entender que las mujeres en cargos políticos se comportan
de manera inadecuada al mostrarse «desenfadadas», en tanto que este
es un comportamiento «sensual y hasta procaz», y, por lo tanto,
condenable. Quizás uno de los más preocupantes mensajes de la tapa es el que
implícitamente afirma, mediante el estereotipo de la Sra. Presidenta, que las
mujeres que se dedican a la política lo hacen porque el contacto con las masas
es «erotizante», desestimando la militancia, la ocupación de cargos
anteriores, los méritos e incluso las circunstancias que llevan a ocupar
posiciones en la administración del Estado.
Situaciones como estas son las que la
ley 26.485 de protección integral hacia las mujeres está destinada a combatir.
En este marco, la tapa de la Revista Noticias incumple con la Ley.
Es otro episodio, pero parte de la misma situación, el cruce de notas de la
propia Presidenta Cristina Fernández y el titular del Grupo Techint, Paolo
Rocca, desnudó una forma de trabajar periodísticamente por el grupo Clarín. La
cadena de producción editorial decidió “cerrar” una nota de alta sensibilidad
política sin haber accedido a las fuentes directas. En ese artículo, Rocca,
representando nada menos que el principal grupo industrial argentino, aparece
cuestionando la política de Gobierno en esa materia.
Resulta paradójico que desde estos medios se hable de la existencia de
diferentes formas de censura y de agresiones a los derechos de la prensa. ¿Qué
más evidencia de la inédita libertad en la circulación de ideas que existe en
nuestro país que la posibilidad que tenemos de poner en manos de la opinión
pública este tipo de informaciones?
Como parte de la comunidad periodística que en nuestro país dio duras disputas
en épocas donde la actividad de prensa era perseguida y acallada, sabemos de la
efectividad que tiene la caricaturización del poder a los fines de
cuestionarlo. Numerosos maestros del género enaltecen la historia de nuestra
prensa. Sin embargo, nos causa un profundo desprecio la caricaturización que ni
siquiera es capaz de hacer pensar, ampliar los horizontes de críticas o
explicar una situación de conflicto. Sabemos también que lo que no explica,
oculta. Y aquí se está ocultando otro conflicto.
El paso trascendental, y que tanto molesta a los más poderosos empresarios de
medios en Argentina, es la readecuación a límites que pone la Ley de Servicios
Audiovisuales que debe comenzar a hacerse efectiva desde el próximo 7 de
diciembre en nuestro país. El verdadero problema que limita el juego
democrático dentro de la producción, circulación, distribución y consumo de
bienes simbólicos es su concentración monopólica. Y eso cambiará en poco menos
de 90 días. No deberá sorprendernos en este lapso, el recrudecimiento de
ataques destituyentes hacia las autoridades legítimamente constituidas en
Argentina.
 
Este accionar de los medios de
comunicación, vinculados a los grupos empresarios poderosos, no es solo local.
En toda la región el paso adelante que están haciendo los diferentes gobiernos
en el sentido de las aspiraciones populares, está siendo golpeado
recurrentemente desde los medios concentrados. Más que elocuente resulta el
ejemplo de Paraguay, donde los medios de comunicación funcionaron como arietes
del golpe de Estado contra el Presidente Fernando Lugo.
La Ley de Servicios Audiovisuales es
una verdadera bisagra en nuestro país hacia la transición de una comunicación
inclusiva, que garantice Derechos Humanos, que genere ciudadanía, que integre
nuestras vastas regiones y que destierre para siempre el doble juego de pinzas,
consistente en la Doctrina de Seguridad Nacional y Neoliberaolismo, con que los
grupos concentrados dibujaron nuestro sistema cultural.
Somos conscientes de que los espacios participativos y, fundamentalmente, la
capacidad de generar entramados empresariales donde pymes, cooperativas,
mutuales, trabajadores, etc. puedan desarrollar su actividad comunicacional
poniendo el centro en el Servicio Público, antes que en el mero lucro, es la
única garantía de la concreción de esta ley.

Consejo de Administración de Dypra
(Diarios y Periódicos Regionales Argentinos)