Durante las audiencias del lunes 25 y martes 26 de agosto, el Ministerio Público Fiscal continuó con el desarrollo de su correspondiente alegato el cual proseguirá en las que tendrán fecha de inicio el martes 1 de septiembre.

Los alegatos son la evaluación que hacen las partes sobre la acusación inicial que se leyó al comienzo del proceso judicial en marcha, la prueba que se produjo con la documentación, las testimoniales y si se acreditó o no la imputación que se sostuvo al principio. Los alegatos constituyen la etapa final del juicio y deben ser realizados por todas las partes. En este caso el tribunal dispuso que primero lo hiciera el Ministerio Público Fiscal, luego seguirán las querellas y en último turno las defensas oficiales y particulares.

El alegato de la fiscalía empezó el martes 11 de agosto y en la audiencia del lunes 24 de agosto de 2015 fue cuando se desarrollaron los casos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, ambos trabajadores del diario La Nueva Provincia que fueron secuestrados y asesinados en 1976. Son casos emblemáticos porque desnudan de la manera más contundente y deja expuesta con prueba documental, la participación de Vicente Massot, actual director del diario, en lo que fueron las negociaciones de los conflictos con el personal del diario, previos a los homicidios.

De los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, fue la voz de este último que anunció: “Vamos a analizar entonces y reconstruir un poco la biografía de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola”.

La imputación, señaló, alcanza a autores pertenecientes a las fuerzas de seguridad y armadas mientras que los coautores, autores intelectuales o instigadores “están investigados en otro proceso judicial en plena marcha”.

Palazzani brindó algunos datos de Heinrich como que vivía en un pequeño departamento de la primera cuadra de calle Colombia de nuestra ciudad, junto a su esposa Vilma Denk y sus cinco hijos. El más grande de ellos contaba al momento del asesinato de su padre, con 8 años mientras que el más pequeño tenía 2. Enrique Heinrich tenía 31 años de edad.

Por su parte, Miguel Loyola, de 27, vivía con su esposa María Cristina Taylor en Moreno al 500. Taylor estaba embarazada de María de los Ángeles quien nació el 15 de enero de 1977 cuando su papá ya estaba muerto.

Para 1976 Heinrich y Loyola contaban con amplia trayectoria como empleados del diario La Nueva Provincia, propiedad en ese momento de Diana Julio de Massot.

Ambos trabajadores, acotó Palazzani, se destacaban por haber ejercido una intensa actividad de militancia y representación gremial de los obreros gráficos del taller de ese diario. Heinrich era secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca mientras que Loyola se desempeñaba como tesorero. Esto último se encuentra certificado por el propio gremio.

La familia Massot, alegó Palazzani “era propietaria de según ellos mismos se jactaban del primer multimedios monopólico en la región, en América Latina, integrado por su nave insignia el diario La Nueva Provincia, la radio LU2 y un canal de televisión, Telenueva Canal 9”.

Como detalle y adelanto de la mucha información que ofreció el alegato y que será volcada en parte en estas páginas, entre julio y octubre de 1975, el diario tuvo la tirada de solamente el 30 por ciento de todo ese período debido a conflictos gremiales.

Imaginemos el significado de esto en una época tan represiva como esa, para un diario con esas conexiones militares de importancia y, sobre todo, para una familia poderosa como es la Massot.

Para los fiscales, los homicidios deben ser juzgados en su debido contexto porque expresan en sí mismos los componentes del fenómeno del Terrorismo de Estado cívico – militar, pero atraviesa toda la traza de complicidad civil en Bahía Blanca. En esa complicidad civil se incluye a lo empresarial, lo eclesiástico y lo judicial.

Los casos, dijo Palazzani, tienen como denominador común el conflicto gremial con la patronal del grupo empresario Massot, La Nueva Provincia.

Editoriales, documentos y un viejo adagio

Explicó Palazzani que los secuestros de Heinrich y Loyola estuvieron precedidos por varios meses de persecución como correlato directo a la actividad gremial desarrollada y a los conflictos laborales que se venían dando desde 1973 entre los trabajadores sindicalizados del diario, y los dueños de éste.

Resulta acreditado, afirmó el fiscal, mediante un sinnúmero de documentos la existencia del conflicto y las negociaciones en las que participaron los obreros asesinados y miembros de la familia Massot.

Al respecto habló de documentación de la ex DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires) entre la que figura el legajo 159 caratulado Sindicato de Artes Gráficas Bahía Blanca y del cual surge que los obreros asesinados formaban parte de la comisión directiva del gremio desde marzo de 1974.

También allí están los datos personales y domicilios en los que dos años después fueron secuestrados.

De la ex DIPBA hay fichas a nombre de Heinrich y Loyola y, por otro lado, se hizo mención a una copia certificada del contrato social del diario agregado a la causa, y el oficio al Ministerio de Trabajo de la Nación, formulado por el diario, con fecha del 25 de abril de 1975. Ese oficio solicita el cese del paro dispuesto por el gremio gráfico pero tres días después se hace otro oficio al que se le adjunta un acta notarial labrada a los efectos de verificar el desenvolvimiento del personal luego de la medida de fuerza.

Entre otros, se nombró un documento del 16 de octubre de 1975 en el que se plasma una audiencia de conciliación en la que participaron Heinrich, Loyola y Jorge Molina en representación del sindicato.

Otra documentación importante agregada a la causa es un memorándum de Prefectura de Zona del Atlántico Norte, un plenario de la CGT Nacional sobre atentado a La Nueva Provincia, y otro legajo de la DIPBA caratulado justamente La Nueva Provincia.

Sobre la documentación se siguió hablando en otra instancia del alegato pero parte de la prueba también alcanza a los editoriales del diario que, afirmó Palazzani, desde 1973 avanzaron en un proceso de señalamiento de quienes consideraron sus enemigos, término empleado por el diario.

Fue así que citó editoriales de agosto y septiembre de 1975 que hacen referencia al conflicto laboral.

Entre los conceptos que se utilizaban en esas páginas, “soviet” era uno que se usaba para denominar a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.

Para La Nueva Provincia, había “soviets” enquistados entre los delegados y dirigentes sindicales que abusaban de sus fueros en función de una labor disociadora.

Ese señalamiento a lo que consideraban el enemigo, traía consigo una queja por la situación que se vivía. Pero esa queja no iba dirigida solamente hacia ese “enemigo” sino también hacia las autoridades para que intervengan de manera activa.

Palazzani nombró a Vicente Massot por el encargo que le hizo Suárez Mason en Capital Federal para que viaje a Bahía y le diga al “Vasco” que en la próxima junta de calificaciones lo querían bajar. El “Vasco” era Osvaldo Azpitarte quien fuera jefe del V Cuerpo de Ejército.

Volviendo a la fecha de los editoriales el 1 de septiembre el diario decía que no iba a aceptar jamás tutelas ajenas a su derecho legítimo de propiedad y anunció que iba a denunciar implacablemente todos los abusos y atropellos sindicales tendientes a lograr tal fin.

“A nuestros enemigos solo les recordamos aquel viejo adagio en castellano: los muertos que vois matais gozan de buena salud”, decía el diario a lo que Palazzani agregó: “Los que ellos matan, señor presidente, señores jueces, como sabemos, no”.

Si bien en ese editorial no hay nombres, la referencia, dijo el fiscal, debe ligarse necesariamente a las cartas enviadas por Federico Massot, hermano de Vicente, al delegado del Ministerio de Trabajo, Américo De Luca, con fechas del 25 y del 28 de abril de 1975: “Allí dice que la nueva táctica de las agrupaciones extremistas estaría dirigida a crear el caos dentro de las empresas”.

En esas cartas se advierte que “No puede pasar desapercibida la gravedad que implica en cuanto a repercusión pública, la afectación de un medio periodístico que sirve a la comunicación masiva de la población y claramente enrolado desde siempre en la lucha contra la subversión marxista”. Las cartas nombran a Heinrich, Loyola y Molina.

La persecución sobre los obreros asesinados, señaló Palazzani, adquirió un aspecto visible en editoriales y publicaciones del diario y paralelamente un aspecto oculto plasmado en la actividad de Inteligencia de organismos estatales.

Los documentos de Prefectura Naval Argentina y la prueba testimonial producida en el juicio, dan cuenta de ello y por esa razón se sostiene que el asesinato es una operación conjunta entre el ámbito militar y el civil.

“El señor Massot cita al señor Heinrich…”

Entre los documentos de Inteligencia, Palazzani citó un informe correspondiente a un memo titulado Estudios Realizados sobre el diario La Nueva Provincia – Guerrilla Sindical. En el mismo, ambas víctimas encabezan un listado de “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental”.

El primer ejemplar lleva fecha del 6 de diciembre de 1975 y habla de actas notariales. La Inteligencia podía llegar a eso solamente a través de integrantes del diario que llamaban a su escribano para documentar lo que llamaban sabotaje. El informe dice que esa información sería de importancia llegado el momento, contra funcionarios sindicales y gubernamentales. Justamente ese informe se hizo circular dos días antes del Golpe de Estado de 1976.

Uno de los nombres que allí aparece es el del subcomisario Ramos, mencionado por Molina como la persona que fue contratada como encargado de seguridad de la empresa. Era el mismo Ramos que contaba las balas frente a los empleados cuando éstos hacían quitas de colaboración. Hasta su muerte Ramos revistó como segundo jefe del Servicio de Informaciones policial.

Pero quizás lo que se llevó la mayor atención del alegato fue cuando Palazzani empezó a detallar las actas notariales del propio diario y certificadas por escribano. Por ejemplo el acta del 18 de julio de 1975: “Acá vemos por primera vez en un juicio en este país, el poder especial con amplias facultades dado por escritura pública que se le dio por parte de la dirección de la empresa La Nueva Provincia a Vicente Gonzalo Massot”.

El poder otorgado a Vicente Massot ante escribano público era la “facultad especialísima de encargarse de los asuntos que guardan relación con el personal de la empresa, en especial los motivados por cuestiones laborales pudiendo suspender, despedir o cualquier otra sanción con respecto al mismo como así también suscribir todo tipo de documentación pública o privada que se relacione con las facultades que se le otorguen”.

En un acta del 14 de septiembre de 1975, se solicita al escribano actuante que constate todas las dificultades que se ocasionen en la confección del diario en virtud de lo dispuesto por el personal de talleres de trabajar a reglamento y con retiro de colaboración.

Allí decía que cualquier comunicación con el personal “se efectuará por intermedio del señor Vicente Massot”.

Fue el escribano el que certificó en ese momento: “El señor Massot cita al señor Heinrich a la Sub Dirección a fin de conversar sobre el particular.

Una vez en la misma y en mi presencia el señor Massot le hace saber a Heinrich que la empresa abonará horas extras siempre y cuando se comprometa el personal a que el periódico salga en un plazo razonable”.

Heinrich dijo que debía consultar con sus compañeros y a las 12.30 hs. de la noche, horas críticas para la salida de un diario, dio aviso a Massot de que el personal no se iba a comprometer. Fue así que el diario redujo la edición a diez páginas siendo originalmente de doce.

A las 04.15 hs. de la mañana, consta en actas, Massot se reunió con dos trabajadores y a las 04.40 hs. Heinrich fue a ver a Massot para que lo informe sobre lo que se le pidió a ambos obreros. Massot respondió que el asunto se trate en una reunión en el gremio y a las 5 de la tarde Massot informó al escribano que media hora antes Heinrich y Luis Martínez, delegado del personal afiliado al sindicato, pidieron hablar con él: “Desde las 0 horas hasta las 5 de la tarde están en permanente relación Enrique Heinrich, en esta parte al menos, y Vicente Massot como representante absoluto de la empresa” dijo el fiscal.

Pero el día no terminó allí debido a que el propio Massot a las 20.50 hs. fue al taller del diario y solicitó a tres trabajadores que ocupen otros puestos en virtud de las ausencias del personal. Los tres empleados se negaron y las tareas fueron llevadas a cabo por socios de la empresa, familiares de Massot.

El 16 de septiembre de 1975 hubo otra reunión certificada por escribano entre Massot y Heinrich en la que entre otras cuestiones se termina exigiendo a la empresa el pago de horas extras que se iban a hacer ese mismo día y que eso sea certificado. Massot accede pero sin intención de firmar porque consideró que su palabra resultaba suficiente. Finalmente los trabajadores comunicaron un paro hasta las 2 de la mañana.

Massot y Loyola

El acta del 28 de septiembre refiere que a las 00.45 hs. Vicente Massot manifestó que se deje constancia de una reunión en la dirección del diario con Luis Martínez y Miguel Loyola. A la 01.15 hs., ambos empleados comunicaron que el personal no iba a prestar colaboración y Massot pidió al escribano que deje constancia de que en esas condiciones no podía ser publicada la edición del diario.

Finalmente Massot dictaminó que el personal podía ingresar libremente a los talleres siempre y cuando haya un compromiso de cumplir las funciones. Loyola y Molina se negaron a firmar el acta.

Lo mismo ocurrió el 29 de septiembre y para esa fecha hubo una reunión con un trabajador y una trabajadora que se desempeñaban como perforadores de cometas en el diario. Massot les pidió que hagan el mismo trabajo en las máquinas offset. Ambos trabajadores se negaron por indicación de las autoridades del gremio de prensa al cual pertenecían.

Ya en 1976, el 28 de enero, el conflicto tuvo la intervención de Vicente y Diana Julio de Massot quien requirió la intervención del escribano para constatar que Heinrich se había retirado de la empresa sin percibir sus haberes. Se realizó todo un despliegue dentro del diario para encontrarlo y dejar constancia de ello cuya finalidad real era que quede certificado que el obrero no estaba en su lugar de trabajo y generar la idea de sabotaje.

Justamente el informe de Prefectura habla de “el proceso de sabotaje ampliamente documentado por la empresa día a día por actas notariales que obran en su poder…”. De esta manera se nota la relación directa entre el modo de documentar los reclamos gremiales con actas notariales, con el referido informe que precisamente llevaba el nombre del diario y el término “Guerrilla Sindical”.

Además de las actas, el informe destaca denuncias públicas y otras realizadas ante los comandos militares y navales de la zona.

Hablando de comandos, Heinrich, Loyola y Molina fueron citados al Comando V Cuerpo de Ejército donde un oficial les advirtió “déjense de romper las pelotas que la mano viene dura”. Para Molina esa citación fue para verles las caras.

Finalmente, entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1976, Heinrich y Loyola fueron secuestrados y acribillados.

Palazzani describió los secuestros y luego mencionó un legajo de la DIPBA caratulado

Secuestro y Homicidio de Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich Bahía Blanca en el que se traza un perfil gremial de las víctimas.

El fiscal indicó que conforme a las actas policiales, Heinrich y Loyola habrían muerto 48 horas antes del hallazgo de sus cuerpos y en el lugar donde fueron encontrados, se colectaron 35 plomos y 52 vainas calibre 9 milímetros más siete balas incautadas en la ropa y piel de Miguel Ángel Loyola. Los informes de las autopsias revelaron que las muertes se produjeron por heridas de armas de fuego y contabilizaron numerosos impactos de bala en los cuerpos. En el mismo año 1976 se cerraron los sumarios policiales.

Palazzani señaló el efecto que los hechos tuvieron en las familias y en los lugares donde Heinrich y Loyola ejercían su militancia. Esto último recoge la finalidad de los crímenes la cual era compartida por el Estado terrorista y la empresa.

Cuando el fiscal hizo referencia a la historia de la hija de Loyola y cómo tuvo que ir reconstruyendo la misma, dijo que la palabra de los jueces es la “única palabra que instala sinceramente la memoria y sinceramente la verdad. Esa posibilidad la tienen ustedes solos, nuestra palabra no es performativa, estamos acusando y estamos trayendo pruebas. La que va a constituir la verdad va a ser la verdad de la sentencia por eso le es muy importante a las víctimas, escuchar”.

Palazzani comentó y mostró la página del diario que informó los asesinatos de sus dos trabajadores. Un espacio breve y minúsculo fue el que se le dedicó en su momento” y los volvió a mencionar 38 años después cuando no tuvo manera de ocultar la imputación que sobre ellos pesaba porque en 2012 lo ocultaron. Los volvieron a mencionar en el año 2014 cuando ya no tenían otra manera de defenderse públicamente de la imputación. Estuvieron silenciándolo 38 años”.

Antes de concluir, Palazzani citó palabras de María Cristina Taylor, esposa de Loyola, quien declaró ante el tribunal y dijo que apenas sucedió el hecho expresó “esto fue La Nueva Provincia”. La mujer había comentado: “Fue una saña de venganza terrible, otra que vendetta, para que no resurgieran nunca más”.

Autor: Redacción Ecodías