La iniciativa se inscribe en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias 2020-2022 que elaboró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación a través de un proceso participativo que abarcó a todas las regiones del país. Se firmará con las provincias y los municipios y su implementación se encabezará junto con Anses. El programa fue avalado y ratificado por el presidente, Alberto Fernández, en el Boletín Oficial, el pasado 9 de septiembre.

Este instrumento se enmarca en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que contempla el impulso de políticas estatales orientadas a generar condiciones materiales en pos de que las personas y grupos más afectados por la problemática puedan desarrollar y gestionar un proyecto de vida autónomo.

La propuesta trasciende las medidas ya realizadas y busca profundizar su incidencia, “es un reclamo histórico que siempre se hizo de que el Estado tenga una política focalizada y destinada para estas situaciones. En el plan nacional presentado en julio, hay 144 acciones y una de las más importante es este programa”, dijo la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly en diálogo con la Cooperativa de Trabajo Ecomedios.

El Estado brindará asistencia directa a personas en situación de riesgo, mediante la disposición de transferencias monetarias por un período de seis meses consecutivos y equivalente a un salario mínimo vital y móvil, además de un acompañamiento integral a cargo de las áreas provinciales y locales que trabajan en la materia.

Mirada integral

“Todas las políticas que realizamos desde el ministerio no son solamente destinadas a mujeres sino es todas las personas en situación de violencia por motivos de géneros. Tanto las mujeres como las diversidades están incluidas”, manifestó Kelly sobre el alcance de la medida.

Esto se complementa con el programa Potenciar Trabajo que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ya viene ejecutando junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de mujeres en situación de violencia por motivos de género.

 “Es una herramienta de asistencia de un reclamo histórico en donde casi todas las leyes de emergencia que fueron remitidas al Congreso Nacional se suscitó este tipo de programas. Nosotros veníamos trabajando junto con Desarrollo Social lo que hace referencia a las personas en situación de violencia con el programa Potenciar Trabajo que es de apoyo y capacitación económica”, agregó la referente.

Por su parte, en declaraciones a la prensa, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, manifestó que “cuando presentamos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, dijimos que estábamos planteando un nuevo enfoque en el abordaje de este tipo de fenómenos. Estamos convencidas de que es necesario reconocer las capacidades y fortalecer los recursos de las personas en situación de violencias para que puedan construir proyectos de vida libres de violencia. Para esto es necesario un Estado presente, que promueva intervenciones que no se concentren sólo en la emergencia, sino que permitan brindar una asistencia y un acompañamiento integral. En este contexto, el programa Acompañar es una política pública que tiene como horizonte, junto a otras que estamos implementando, modificar las condiciones estructurales que reproducen las violencias por motivos de género”.

De este modo, el Programa Acompañar se trata de un dispositivo de asistencia, asesoramiento, protección y fortalecimiento de acceso a la justicia, que alienta la promoción de manera integral al acceso a derechos económicos, sociales y políticos.

Despliegue nacional e integral

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el gobierno nacional a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación entendió que las situaciones de aislamiento podrían derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género y una disminución de los recursos disponibles para las mujeres y diversidades. Por tal motivo, se aunaron los esfuerzos para reforzar las acciones y dispositivos nacionales de atención.

Entre las medidas, se determinó la atención gratuita a través de la Línea 144, un servicio que se volvió indispensable en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia. El servicio se amplió cuando se contó con una línea directa a través de WhatsApp. De esta forma, se dispusieron mayores canales de comunicación y lugares de alojamiento para ser utilizados por personas en situaciones extremas de violencia por motivos de género, se impartieron campañas de comunicación y se instauraron en los territorios equipos de promotores que se dirigieron a la concientización social. Además, se ejecutaron acciones específicas para la población LGBTIQ+, se gestionó la incorporación de personas travesti y trans a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se implementó política cultural de sensibilización social; entre otras iniciativas.

Asimismo, las políticas de cuidado implicaron una articulación interinstitucional e intersectorial para profundizar el abordaje y la capacidad de implementación de las políticas impulsadas. Se sigue trabajando en el fortalecimiento de lazos comunitarios y solidarios para la prevención y asistencia de situaciones de violencia, la clave está centrada en las capacitaciones y formación de la comunidad como también de referentes políticos, educativos, sociales y gremiales.

Autor: Redacción Ecodías