Bahía Blanca volvió a ser el escenario para una condena ejemplar por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

El miércoles 25 de noviembre de 2015, el tribunal conformado por los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti, dio a conocer la sentencia del tercer juicio a represores que se desarrolla en esta ciudad.

La causa investiga los delitos cometidos en el ámbito de la Armada Argentina, específicamente en la Base Naval Puerto Belgrano y sus dependencias. El tribunal condenó a 18 de los acusados a prisión perpetua. Otros tres recibieron penas de 8 años de prisión mientras que uno fue condenado a 18 años.

Los jueces volvieron a ratificar que los delitos son considerados de lesa humanidad mientras que por mayoría estableció que se ejecutaron en el marco de un genocidio.

También se ordenó que el diario La Nueva, antes llamado La Nueva Provincia, publique una rectificación respecto a información vertida en su momento en relación a las víctimas, a modo de acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria.

La sentencia también solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que la batería séptima de la Base de Infantería de Marina Baterías sea convertida en un sitio de la memoria al tiempo que también ordenó que en ese lugar se lleve a cabo una prospección para recolectar prueba que esté relacionada a los hechos.

De esta manera, con un fallo que conformó a las partes y que fue celebrado tanto adentro como afuera de la audiencia, se cerró el tercer juicio a represores que se hizo en Bahía. Un juicio histórico que deja una marca también histórica en un momento político diferente a los que se vivieron en las anteriores sentencias.

Sabor diferente

La audiencia llevada a cabo como siempre en las dependencias que la Universidad Nacional del Sur (UNS) tiene en Colón 80, tuvo como horario estipulado el de las 15 pero ya desde un buen rato antes en la esquina de Colón y Drago comenzó a llegar el público que se distribuyó entre los que entraron a presenciar la lectura de la sentencia y entre los que la escucharon y vieron en una pantalla ubicada en dicha esquina. Es que allí se hizo el tradicional acto organizado por organismos de derechos humanos como APDH e HIJOS Bahía Blanca, la Red de abuelas de Plaza de Mayo y la mesa por el Juicio y Castigo. Hubo discursos, manifestaciones y diferentes expresiones artísticas que tuvieron lugar antes y después de la sentencia.

Por ahí andaba Angie Loyola, hija de Miguel Ángel Loyola, trabajador de La Nueva Provincia quien fuera asesinado junto a su compañero Enrique Heinrich durante la dictadura.

Para Angie el momento era especial debido a que justamente este juicio refería, entre otros, al homicidio de su papá. “Estamos todos realmente conmovidos con la sentencia de los genocidas, esperando que empiecen a actuar con la justicia y esperamos más también. Este es un momento principal que ya se venía haciendo de hace mucho tiempo y ahora con todos estos cambios, esperemos que sigan los juicios con los genocidas” señaló a EcoDias antes del momento de conocerse la sentencia y agregó: “Estamos en otro momento y realmente uno tiene la esperanza de que esto se siga, que los juicios se sigan”. Respecto a ese momento diferente que se vive, reconoció que existe una sensación de miedo sobre el futuro de las causas “pero nosotros vamos a estar firmes y los jóvenes también”.

Acerca del pedido especial que durante su alegato hicieron los fiscales para que la sentencia sea publicada en La Nueva Provincia, consideró. “Me parece fantástico, me parece que ellos de alguna manera tienen que responder ante todo lo que han sido cómplices durante tantos años”.

Ramón Rivera pertenece a HIJOS Bahía Blanca y con él conversamos acerca de la importancia de estar otra vez presentes en la finalización de otro juicio: “Es un compromiso por parte nuestra como agrupación de HIJOS y creo que como un compromiso también social, seguir manteniendo la memoria y más con lo que pasó el domingo, creo que es volver a reafirmar y seguir continuando con la lucha que se va a venir bastante complicada en todos estos cuatro años que se nos vienen”.

Ramón insistió con la certeza de continuar la lucha más allá de lo que se pueda venir: “Siempre estuvimos, hemos tenido etapas muy complicadas en los 90, o sea que estamos acostumbrados en realidad a estar en la calle y seguir peleándola. Se va a venir más complicado creo en estos cuatro años que vienen pero vamos a seguir peleándola para que se de continuidad a los juicios que vengan, que no haya más impunidad y vamos a seguir acá en la calle”.

Por otro lado, Ramón señaló que en el próximo gobierno habrá gente que estuvo comprometida con la dictadura y que por eso hay una preocupación al respecto. “Tenemos que estar atentos y ante cualquier cosa salir a la calle y salir a pelearla”

Ramón valoró que se hayan hecho ya tres juicios con condenas contundentes en Bahía Blanca: “Queda mucho, queda toda la pata civil que eso es donde también se tiene que apuntar. Acá hay muchos más que tienen que ser juzgados por eso también el tema de seguir peleándola y seguir con la continuidad de todo esto”.

Detalles de la sentencia

La audiencia captó la atención de muchas personas que se acercaron a presenciarla a Colón 80. En la parte de abajo de la sala, unas filas detrás de los represores acusados, se encontraban víctimas, familiares, y allegados a las víctimas además de personas de a pie que piden por justicia. Muchos de ellos permanecieron al comienzo, levantando sus carteles con la imagen de un desaparecido. Cada vez que el tribunal confirmó una prisión perpetua, el aplauso y el festejo se hicieron sentir.

En la parte de arriba de la sala, donde comúnmente nos ubicamos los poquísimos medios que habitualmente cubrimos cada audiencia, se ubicaron esta vez algunos más periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Pero además se dispuso que allí, al igual que en otras sentencias, estén los familiares o allegados de los acusados.

Si bien no se generaron mayores problemas al respecto, sí hubo actitudes desubicadas por parte de alguno de ellos como por ejemplo el grito de Viva la patria de un señor que saludó al imputado Alejandro Lawless, o el aplauso irónico de un joven cuando se dictaban condenas menores a prisión perpetua. Una especie de burla a los festejos de los familiares de víctimas que se producían cuando escuchaban alguna condena a perpetua.

Un día antes, los familiares de los represores realizaron una manifestación pidiendo por la libertad de los imputados. Dicha manifestación se desarrolló un par de días después del triunfo de Macri en el balotaje.

Retomando la sentencia, la lectura estuvo a cargo del doctor Jorge Ferro quien detallando caso por caso informó que fueron condenados a prisión perpetua los imputados: Eduardo Fracassi, Luis Pons, Enrique De León, Oscar Castro, Gerardo Pazos, Edmundo Núñez, José Rippa, Tomás Carrizo, Leandro Maloberti, Francisco Martínez Loydi y Néstor Nogués. La misma condena recibieron Luis Bustos, Carlos Stricker, Raúl Otero, Guillermo González Chipónt, Víctor Aguire, Felipe Ayala y Raúl Domínguez.

Por otro lado, fueron condenados a 8 años de prisión. Alejandro Lawless, Héctor Selaya y Víctor Fogelman. El acusado Pedro Pila recibió la pena de 18 años de prisión.

La sentencia leída por el doctor Ferro deja expresa mención que la totalidad de los delitos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad.

Como ya se dijo, por mayoría de los jueces Jorge Ferro y Martín Bava, queda establecido que los delitos fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar. En este punto el doctor Mario Triputti votó en disidencia.

La sentencia además dispone que el cumplimiento de las penas sea en prisiones federales comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal. En caso de que no existiere tal posibilidad, se procurará el cupo pertinente en prisiones provinciales procurando que correspondan al domicilio del condenado.

Asimismo, leyó Ferro, teniendo en cuenta la solicitud del Ministerio Público Fiscal en cuanto a revocar los arrestos domiciliarios, tratándose de una cuestión incidental y siendo necesario evaluar las particularidades del estado de salud de cada uno de los condenados, previo a resolver se deben efectuar estudios médicos a cargo del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de justicia de la Nación.

Por otra parte, la sentencia establece la baja del Ejército Argentino, de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía bonaerense y del Servicio Penitenciario bonaerense de todos los que fueron integrantes de estas fuerzas y que acababan de haber sido condenados en el juicio.

Por otra parte se peticionó al Poder Ejecutivo Nacional, que en el predio donde funcionó la séptima batería de la Base de Infantería de Marina Baterías, sea estatuido como sitio de la memoria del Terrorismo de Estado.

En ese mismo lugar el tribunal ordenó que se hagan trabajos de prospección orientado a recolectar prueba vinculada a los hechos que se investigaron en el debate.

El último punto de la sentencia dispuso para el momento en que la misma se encuentre firme, que en el plazo de diez días, el diario La Nueva, ex La Nueva Provincia, publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico a fin de aclarar que una cantidad determinada de víctimas fueron desaparecidas producto de ejecución o fusilamiento y no de enfrentamientos con fuerzas militares.

Sobe el concepto de venganza

A poco de finalizar el juicio, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani atendieron a medios de prensa entre los que se encontraba EcoDias. El primero en hablar fue Nebbia quien contó la sensación ante los resultados: “Todos condenados, eso significa que la hipótesis de la fiscalía respecto de los hechos fue confirmada. Dieciocho perpetuas, condenas por los delitos sexuales, cautelar y empezar a ver qué hay en la séptima batería, y la publicación en La Nueva Provincia como una reparación a la biografía de las víctimas. Estamos conformes, después deberemos ver los fundamentos respecto de algunos casos o algunas penas menores pero absolutamente conformes con el veredicto”.

Palazzani amplió conceptos respecto a ese derecho de réplica colectivo que significa la rectificación a publicarse en La Nueva: “Todo aquel que fue ejecutado, asesinado y que apareciera como muerto en un falso enfrentamiento va a ver reparada su biografía en las páginas del diario según lo ha resuelto el tribunal”. En ese sentido agregó: “La verdad que el tribunal ha dado un paso más en esto de la reparación, en la dimensión de la reparación total de la biografía de las víctimas”.

Consultado sobre la cuestión que hace a los casos de cárcel común y a los condenados que tienen prisión domiciliaria por cuestiones de salud, Palazzani explicó: “ Están condenados a cárcel común pero como la situación de cada uno es distinta, en términos de edad, salud y demás, se llama “por incidente”, se llama expediente por separado y se analiza por pericia a ver quién está en condiciones de quedarse en la cárcel y a quien eventualmente pueden ordenar que vaya a prisión domiciliaria, ellos han decidido. Pero como principio el tribunal ha fijado que es cárcel común, luego se verá algún caso en particular pero es importante que la sentencia, digamos que la palabra judicial recoja ese pedido también en definitiva que hizo el Ministerio Público Fiscal y que lo toma como principio. Lo demás será individual y tramitará por separado y podemos discutir como estamos discutiendo a diario en realidad por domiciliarias que piden permanentemente, que les deniegan permanentemente, que no aparece pero el planteo es permanente”.

Por su parte Nebbia se expresó respecto a la petición para que la séptima batería sea declarado en sitio para la memoria: “Tal lo manifestaron los familiares, las víctimas y nosotros así lo creemos, en ese lugar que fue abandonado luego de muchos años, inclusive se puede llegar a encontrar prueba, inclusive hay personas desaparecidas que no se sabe qué sucedió con ellos, hay que hacer una investigación, una prospección, como señalaba el tribunal, en todo ese predio para al menos despejar cualquier tipo de hipótesis”.

Si bien hay que esperar los fundamentos, dijo Nebbia que lo que sí es concreto es que la séptima batería fue uno de los centros clandestinos de detención y tortura utilizados por la Armada: “En función de eso se está condenando y se reconoce y por eso se reconoce ese lugar como tal. Como hemos escuchado en los relatos, las víctimas pasaron por distintas edificaciones pero lo que queda claro es que la séptima batería fue el centro clandestino utilizado en la base Baterías.

Al principio de la nota hicimos mención a una editorial del diario La Nación en donde se pedía que el futuro gobierno termine con estos juicios a los que consideró el editorial como “una venganza”. En relación a ello Palazzani se explayó sobre un detalle importante que rompe con esa idea de venganza que propone La Nación. “Hay un detalle que me parece digno de destacar, sobre todo por los últimos acontecimientos, me refiero concretamente a la editorial de La Nación y la reacción que hubo. Lo vamos a ver más claro en los fundamentos y lo hemos visto claro también en todas las sentencias pero cómo hemos escuchado en el veredicto, el tribunal ha sido minucioso en el tratamiento evidentemente de cada caso en particular porque ustedes se dieron cuenta que hubo las condenas por algunos casos, en otros casos no había acusación de la fiscalía o incluso hemos desistido porque hemos visto que tampoco había mérito para acusar entonces hemos retirado la acusación respecto de otros, respecto de algunos. Respecto de algunos tipos penales sí y de otros no, y respecto de algunos otros que acusamos y el tribunal entendió y valoró los dichos de la defensa. Esto muestra que son verdaderos juicios y no que entran en el concepto de venganza como quieren instalar desde lo discursivo, los mismos sectores de siempre que está claro que lo hacen en defensa propia porque son los propios cómplices civiles, empresarios y económicos de la dictadura”.

Palazzani insistió y destacó que el tribunal fue meticuloso en ocuparse de la acusación y de las defensas “e incluso ellos mismos han puesto su propia impronta seguramente al momento de evaluar también cada caso”.

Para el fiscal, ese detalle es lo no dicho de la sentencia y merece ser resaltado.

Autor: Redacción Ecodías