Pocos días después de que se conociera la sentencia en el histórico juicio de los jueces que culminó en Mendoza con la condena de 25 acusados -entre ellos cuatro magistrados y miembros de fuerzas armadas y de seguridad- por crímenes del terrorismo de Estado, el fiscal general de esa provincia, Dante Vega, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, reflexionaron para Fiscales.gob.ar sobre las implicancias de ese proceso y los desafíos que presentó para el Ministerio Público Fiscal la investigación de miembros del Poder Judicial de la Nación que desde sus puestos, ocupados en dos de las casos hasta hace pocos años, bloquearon las investigaciones. Por esa razón el proceso se conoció como «el juicio de los jueces».

Los ex jueces federales condenados fueron Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano. En la época, el marco legal permitía que el entonces fiscal Romano o el defensor Petra subrogaran el cargo de Carrizo, Gabriel Guzzo (fallecido) y Miret, que eran jueces. Los cuatro recibieron prisión perpetua.

«Siempre hemos dicho que veníamos con una asignatura pendiente en el proceso de memoria, verdad y justicia, que tenía que ver con la complicidad civil, el empresariado, y eso formaba parte de una agenda que le faltaba ampliar el ámbito de investigación. Siempre sostuve, apelando a un filósofo, que cuando no se investiga un crimen en su totalidad queda el sabor amargo de la injusticia. En ese sentido, hay que pensar la importancia que tiene ampliar el ámbito de investigación hacia todos los sectores que formaron parte del plan criminal», señala Auat, quien acompañó presencialmente a la Fiscalía en varias audiencias desde el inicio del debate el 17 de febrero de 2014 y, particularmente, durante las audiencias de alegatos que llevaron más de cinco meses el año pasado y las recientes réplicas y dúplicas. «Estamos hablando de una causa que tiene mucha historia y que quizá refleja con mayor claridad lo que fue el terrorismo de Estado, cómo operaba el Estado criminal», enfatiza.

Vega, sobre la participación de los jueces: «Fue una complicidad construida a lo largo del tiempo caso tras caso, en forma paulatina y en forma sistemática».

El fiscal mendocino y también titular de la fiscalía de Distrito, Dante Vega, remarca que el juicio es importante porque «dimensiona el terrorismo de Estado en toda su magnitud y demuestra que no pudo ser posible ese fenómeno sin la complicidad del Poder Judicial». Y explica la diferencia con otros debates similares celebrados en otros lugares del país: «El juicio de Mendoza se caracterizó en un comienzo, a diferencia de otros procesos en los que se juzgaron también magistrados y otros funcionarios de la justicia, por analizar un período extenso de diez años, que va de 1975 a 1985. En los otros procesos fueron por hechos puntuales. Aquí se analizaba penalmente una trayectoria de los imputados. Y se analizaba también, desde el punto de vista institucional, un período pre dictatorial y otro dictatorial atravesado por el terrorismo de Estado».

En su alegato, el fiscal había definido la actuación de los magistrados como «el círculo de la impunidad». Indicó entonces que las noticias de los crímenes del terrorismo de Estado llegaron a los ex funcionarios judiciales por tres vías: los habeas corpus, los sumarios policiales iniciados por las denuncias de los familiares o las propias víctimas y las denuncias por torturas y otros delitos sufridos en manos de la policía formuladas por las propias víctimas en sede judicial al recibírseles declaración indagatoria. Pese a ello, «nunca un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad resultó siquiera indagado por estos delitos», acusó. En el transcurso del debate, además, se acreditó que Miret había visitado el centro clandestino de detención que funcionó en una barraca de la Compañía de Comando y Servicios de la VIII Brigada de Montaña, donde le habló al beneficiario -desaparecido, entonces- de un habeas corpus.

«Complicidad construida»

En su balance del proceso judicial, Vega explica hoy la actividad asumida por los ex jueces, el fiscal y el defensor condenados: «Fue una complicidad construida a lo largo del tiempo caso tras caso, en forma paulatina y en forma sistemática. No se celebró un pacto entre cuatro paredes en el cual civiles y militares se distribuyeron roles, sino que estos magistrados condenados fueron conociendo, desde fines de 1974, durante todo 1975 en adelante, el accionar delictivo de las fuerzas estatales en los casos concretos que llegaban a su conocimiento. Ese fue uno de los principales méritos que tuvo la acusación, que fue reconstruir esa complicidad judicial a partir de las pruebas arrimadas a la causa, que fueron los expedientes que existían en la jurisdicción en relación a presuntas infracciones a la ley 20.840 [N.de la R.: la norma entonces vigente que validó la persecución penal por razones políticas] y los testimonios. El aspecto más relevante, el más fino que se discutió allí y el que el tribunal avaló con la sentencia».

Vega pone de resalto que «el expediente llegó al juicio en forma distinta a como terminó», porque «en el medio hubo una ampliación de la acusación que formulamos de acuerdo al artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, en la cual reformulamos muchísimas de las calificaciones legales, y fundamentalmente en relación a los ex magistrados, que estaban con distintas calificaciones legales, nosotros los consideramos en ese acto a todos como partícipes primarios. El tribunal terminó avalando esa ampliación de la acusación y condenando por esa nueva acusación en el medio del debate. Ese fue el aspecto procesal más trascendente que tuvo. El resto, las diferencias, son más puntuales».

Auat: «Hay que pensar la importancia que tiene ampliar el ámbito de investigación hacia todos los sectores que formaron parte del plan criminal».

En ese sentido, el fiscal general mendocino explica: «El tribunal compartió plenamente la acusación en todos los tramos que giraron alrededor del núcleo más agudo de la antijuricidad de la represión clandestina, que es la desaparición forzada de personas. Aquí no hubo ninguna diferencia entre la acusación y lo que luego resolvió el tribunal. En otros temas que involucraban a grupos fundamentalmente de policías y de funcionarios, sí el tribunal se apartó de la acusación en temas puntuales, que repercutieron sensiblemente en las penas pedidas». En efecto, Vega adelanta que se apelarán aquellas cuestiones, que incluyen la acusación -desestimada por el tribunal- del delito de violación perpetrado contra hombres. «Vamos a recurrir a la Cámara de Casación para que revise ese temperamento», explica, y añade que analizarán los votos de los jueces «respecto de la responsabilidad de los magistrados». «Si hay diferencias de criterios entre ellos, vamos a analizarlas para provocar que la Casación las analice y, si las tiene que corregir, que las corrija también sin modificar el resultado final», agrega.

Por su parte, Auat remarca «este tribunal oral le ha puesto una bisagra a la historia con este fallo». Además de las penas impuestas, el titular de la Procuraduría explica que, a su entender, fue «de suma trascendencia poner el nombre de las víctimas al final de la sentencia. Es una forma de honrar la memoria y resignificarlas y visibilizarlas a todas las personas que fueron objeto, víctimas de lo que fue el plan criminal». El fallo fue firmado por Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade.

Las dificultades de enjuiciar jueces

Auat recuerda que una de las primeras medidas adoptadas tras su nombramiento en 2007 como fiscal a cargo de la otrora Unidad de Coordinación para causas por violaciones a los Derechos Humanos -desde 2013, Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad- fue atender la situación de parálisis que presentaban los expedientes en Mendoza, que fue incluso denunciada ante la Comisión Interpoderes.

«Al poco tiempo de hacernos cargo [N.de la R.: junto a Pablo Parenti, entonces coordinador de la Unidad] fuimos a Mendoza, porque había un proceso absolutamente crónico. Y pretendíamos hablar con ellos, con los jueces de la Cámara, para ver si podían acelerar y darle celeridad a los procesos, porque realmente era una cuestión que a nosotros nos preocupaba. ¡Y eran ellos los que realmente tenían en sus manos el rol de resolver el problema de la cronicidad de estos juicios! Es decir, eran jueces de sus propios pleitos, más claramente», recuerda Auat. La referencia es para Miret y Romano, quienes fueron destituidos en 2011 de sus cargos de camaristas federales de Mendoza. A Romano la destitución lo encontró prófugo. «Es un dato muy importante, que señala que ni siquiera estuvo a derecho siendo operador jurídico. Se fue a Chile, se fugó y estaba con un proceso penal en trámite y era juez», recalca Auat.

Vega rememora por su parte que «la instrucción del expediente fue una etapa muy difícil. Comenzó allá por 2010 con Omar Palermo a cargo de la Fiscalía y con una acusación fiscal que se basaba prácticamente en las nuevas pruebas que luego evaluamos. Lo que pasa es que en la etapa de instrucción dos de los imputados estaban ejerciendo sus cargos en la magistratura. Y altos cargos: estaban en la Cámara Federal. Y en el mismo edificio donde se estaba investigando su accionar. Hubo mucha resistencia expresa y también tácita de parte muchos sectores vinculados a estos magistrados que tuvieron una dilatada trayectoria. Y luego, cuando estos jueces ya habían sido removidos, en la etapa de juicio, la resistencia que hubo que vencer era propia de un poder que no admite tan fácilmente que se juzgue a integrantes del mismo poder».

Vega: «En la etapa de instrucción dos de los imputados estaban ejerciendo sus cargos en la magistratura. Y altos cargos: estaban en la Cámara Federal».

Trabajo en equipo

En los inicios del expediente, en la etapa de instrucción, intervino el entonces fiscal Palermo, hoy juez de la Suprema Corte de Justicia provincial.

El fiscal Vega encabezó el equipo del Ministerio Público Fiscal en el juicio oral. Contó con la colaboración de la fiscal subrogante Patricia Santoni y del fiscal ad hoc Daniel Rodríguez Infante, y del titular de la Procuraduría, Jorge Auat. Tras ellos, trabajó el personal de la Oficina de Asistencia para causas por delitos de lesa humanidad de Cuyo. (…)

Auat resalta el trabajo del MPF de «la Fiscalía de Mendoza, con toda su gente, trabajando para que esta causa llegue a donde llegó. Es digno de destacar. Es un trabajo de equipo que no se puede dejar de ponderar y elogiar».

Fuente: Fiscales.gob.ar