Jueves 27 de agosto será el día en el que el camarista Néstor Luis Montezanti deberá declarar ante el juez federal subrogante, Alejo Ramos Padilla, por su presunta vinculación con la organización terrorista paraestatal Triple A y también por ser acusado de haber sido agente de Inteligencia en la última dictadura militar.

La citación a declaración indagatoria fue ordenada por el propio juez Ramos Padilla quien recientemente fue designado como magistrado a cargo de las causas que refieren a crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca.

Ya en el mes de abril, desde la fiscalía que sigue dichas causas, se había pedido que se investiguen 22 homicidios perpetrados por grupos paramilitares entre 1974 y 1975 en la etapa de Terrorismo de Estado previa al Golpe de Estado de 1976. Esos crímenes se cometieron en los ámbitos, dijeron desde fiscalía, más propensos a la movilización político – social como son los sectores gremiales y estudiantiles.

Sobre Montezanti, actual presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, hemos publicado varias notas en estas mismas páginas siendo las últimas las referidas al pedido de juicio académico contra su persona en la Universidad Nacional del Sur, institución de la cual forma parte. Dicha solicitud de juicio viene a cuenta de la ya nombrada participación en la dictadura como agente de Inteligencia.

Por su parte, Montezanti demandó al docente universitario Dante Patrignani a quien acusó de montar una campaña en su contra y el fallo judicial terminó siendo a favor de quien ahora deberá declarar ante Ramos Padilla.

Siguiendo con ejemplos de ese estilo, en su momento Montezanti querelló a Alberto Rodríguez por haberlo señalado como partícipe de la Triple A. Rodríguez es actor militante político y testigo, justamente, de crímenes de la Triple A como por ejemplo el asesinato de David “Watu” Cilleruelo en 1975 en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur. De aquel juicio, Rodríguez terminó siendo absuelto pero condenado a pagar un monto de dinero. Por cierto hace poco tiempo Rodríguez fue amenazado por un desconocido en las inmediaciones de la sala de teatro en la que se encontraba ensayando.

Retomando la noticia en sí, a Montezanti se lo acusa de haber integrado la Triple A junto a miembros de la CGT local (Confederación General del Trabajo) e integrantes de las fuerzas de seguridad. La acusación también refiere, como ya se dijo, a su complicidad con la dictadura militar que se inició en 1976.

La decisión de Ramos Padilla de alguna manera reactiva las causas que involucran a civiles respecto al Terrorismo de Estado más allá de que aún siguen existiendo trabas en ese sentido. Según se informó, Ramos Padilla consideró que los elementos que figuran en la causa sustentan la vinculación de Montezanti con la Triple A y también con el secuestro de Jorge Riquelme Esparza, ex militante de la Juventud Peronista.

La víctima trabajaba en el Hospital Municipal de Bahía Blanca como enfermero y fue allí donde sufrió su secuestro por policías y miembros del Ejército.

Además de ser interrogado por su ideología, Riquelme Esparza habría sido obligado a punta de pistola por el entonces abogado apoderado de la UOM a firmar unos documentos. Ese abogado, en teoría, sería Montezanti quien en esa época tenía como clientes a las 62 organizaciones peronistas las cuales componían el movimiento sindical afín al peronismo.

También se aclaró que si bien Montezanti goza de fueros que por ejemplo le otorgan inmunidad de arresto, puede ser investigado y llamado a indagatoria según lo indica el régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y camaristas.

En cuanto a su presunto papel como agente de Inteligencia, Montezanti asumió como asesor universitario en el Comando de Inteligencia 181 del Comando V Cuerpo de Ejército entre 1981 y 1982. La Universidad Nacional del Sur fue un lugar clave para la actuación de las fuerzas represivas lo cual muestra de alguna manera el papel de importancia del área de Inteligencia en ese ámbito.

Por otra parte, las pruebas reunidas afirman que la persona que avaló el ingreso de Montezanti al destacamento, fue José Osvaldo Riveiro, ex integrante de la Triple A.

Actualmente prófugo de la justicia argentina, Riveiro fue condenado en Francia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor.

El del próximo 27 de agosto no será el único paso de Montezanti para hablar sobre la relación de su pasado y los crímenes de lesa humanidad. Dos días antes, el 25 de agosto tendrá la posibilidad de efectuar su descargo ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura por la acusación que sobre él pesa por mal desempeño en sus funciones por lo cual se solicitó que sea llevado a juicio político. Además de los cargos ya mencionados, se lo acusa de malos tratos a los empleados judiciales.

Montezanti ya había sido citado tras un dictamen presentado por Julián Álvarez, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación en el que manifestó que el camarista es un “fuerte defensor de la pena de muerte” e hizo hincapié en sus lazos con la Triple A y la última dictadura.

Álvarez habló de “conductas incompatibles con los derechos humanos” por parte de Montezanti y señaló que éste “replicó la matriz militar” en su trabajo en el juzgado y en la universidad, elaborando “un sistema de espionaje en la Cámara Federal de Bahía Blanca”.

Por otra parte pero por la misma causa por la que Montezanti fue llamado a declaración indagatoria por el juez Ramos Padilla, detuvieron a Héctor Ángel Forcelli, apodado “Cacarulo”, Juan Carlos Curzio y a Osvaldo Omar Pallero; que se suman a los ya apresados Raúl Roberto Aceituno y Héctor Oscar Chisu.

Forcelli fue dirigente de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca y quien también se desempeñara como personal de seguridad de la Universidad Nacional del Sur durante la intervención que la institución educativa sufrió en 1975.

“Cacarulo” Forcelli está acusado también de haber formado parte de la Triple A actuando justamente en el ámbito de la universidad. La Universidad Nacional del Sur en aquella época estaba al mando del tristemente célebre Remus Tetu, quien ideológicamente sería responsable del asesinato de David “Watu” Cilleruelo.

Siendo ese el antecedente más grave del accionar de la Triple A en la universidad, esa organización terrorista paraestatal favoreció la proscripción de los centros de estudiantes a los cuales se les confiscaron los bienes. Además se ordenó el cierre del comedor, hubo expulsión de estudiantes, despidos masivos por razones políticas mientras que la proscripción también alcanzo a los libros ya que cerca de 500 ejemplares de la biblioteca universitaria sufrieron esa medida.

Fuentes: Infojus Noticias; Fiscales.gob.ar