Finalizaron los alegatos de las partes querellantes en el juicio
contra 7 imputados por delitos de lesa humanidad.

Ya
nos encontramos más cerca de la sentencia final e histórica en el segundo
juicio de Bahía Blanca contra represores que actuaron durante la última
dictadura militar en el ámbito del V Cuerpo de Ejército. El día martes 19 de
noviembre de 2013 por la mañana se desarrollaron los últimos alegatos por parte
de las querellas y se pasó al de las defensas que al igual que el año pasado no
fue escuchada por víctimas, familiares y amigos de desaparecidos quienes
decidieron no concurrir a las audiencias al momento de alegar los defensores.
El juicio que se está llevando a cabo es contra siete imputados por delitos de
lesa humanidad. Ellos están acusados en la llamada causa “Stricker” y son:
Alejandro Marjanov; Carlos Stricker; José Fidalgo; Bernardo Cabezón; Ricardo
Gandolfo (no asiste a las audiencias) Felipe Ayala y Fernando Videla.
Ya finalizado semanas atrás el alegato de la doctora Mónica Fernández Avello,
le tocó el turno al abogado también querellante Diego Czernieki quien en un
breve alegato adhirió a las penas pedidas por su colega además de exigir
condenas de cumplimiento efectivo en establecimientos carcelarios del Servicio
Penitenciario Federal.
Vale informar a quien no conoce el Aula Magna de la UNS que en una de sus paredes
se encuentra un importante cuadro con la imagen de Don José de San Martín quien
hasta parece observar a los represores sentados en la platea central.
El doctor Czernieki hizo alusión al final de su alegato a semejante símbolo:«Uno ve sentado desde el lugar con una extraña paradoja quizás de
la decoración del lugar, en el centro del salón algunos militares a los que además
de condena le estamos pidiendo la baja, y el fondo, atrás de donde se sienta el
Ministerio Público Fiscal, el óleo de un gran militar que jamás desenvainó su
espada para mancharla con sangre de hermanos y que en el desarrollo de su
carrera profesional liberó medio continente y que en alguna oportunidad dijo
que querer contener con la bayoneta el torrente de la libertad era como
pretender esclavizar a la naturaleza. El empleo de fuerza armada siendo
incompatible con nuestras instituciones, es el peor enemigo que ellas tienen.
La patria no hace al soldado para que éste la deshonre con sus crímenes.
Cualquier semejanza ante la carrera profesional de San Martín y la de estos
imputados es mera coincidencia».

Antónimo
del olvido
El segundo alegato de la mañana del martes
correspondió a la abogada querellante María del Mar Martín quien representa a
los familiares de las víctimas Zulma Matzkin y Nancy Cereijo.
Martín pidió penas de prisión perpetua para los represores Alejandro Marjanov y
Felipe “Chamamé Ayala.
”Zulma y Nancy al igual que muchos jóvenes argentinos pagaron con su vida el
hecho de pensar que un mundo mejor era posible, una sociedad igualitaria, justa
y solidaria. El haber desobedecido el «no te metás» expresión máxima
de un individualismo letal para la creación de una estructura social justa. Se
opusieron a la irracionalidad de una política económica y social que destinó a
millones de argentinos a la exclusión y a la miseria”.
En su exposición, Martín señaló que lamentablemente durante muchos años, la
democracia argentina tuvo miedo de recordar y nos condenó la impunidad: “Y si
no fuera por la lucha con tenacidad y valor de Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo, HIJOS y distintos organismos de derechos humanos que demostraron que la
memoria no se puede esconder bajo ninguna alfombra, tal vez no estaríamos en
esta sala juzgando a nuestros genocidas. Y entonces la democracia seguiría
teniendo resabios de la dictadura, resabios que desaparecen cada vez que un
hijo recupera su identidad. Resabios que desaparecen cada vez que una abuela
recupera a su nieto, resabios que desaparecen cada vez que un familiar
encuentra los restos de sus seres queridos. Y resabios que desaparecen cada vez
que un genocida como tal es condenado”.
Llevándose un fuerte aplauso de una parte del público presente, la doctora
Martín concluyó: “Porque, señores jueces, como se ha dicho, el antónimo del
olvido probablemente no sea la memoria sino la justicia”.

Que digan dónde están
El alegato que restaba era el del doctor Walter Larrea quien adhirió al
desarrollado por la fiscalía y destacó el hecho que se está viviendo con este
segundo juicio: “Un momento que me aventuro a calificar quizás de histórico se
está pariendo en este momento en este salón de actos de la universidad del Sur
ya que oprimidos y víctimas de la violencia estatal y del terrorismo estatal de
todo el mundo están posando sus ojos sobre este tribunal de la democracia
argentina. Tribunal que tiene en sus manos la responsabilidad histórica y
trascendental no solo de juzgar conductas personales tipificadas expresamente
por el Código Penal y los tratados internacionales sino que tiene
fundamentalmente en sus manos la dilucidación de un esquema. De una mecánica de
utilización criminal de absolutamente todos los recursos del Estado para
imponer un modelo y un plan económico, político, social y cultural donde una
minoría expropió de facto y usufructuó las riquezas nacionales a expensas de
una enorme mayoría del pueblo, no vacilando en la imposición de tal plan
delictivo en secuestrar, torturar, encarcelar, matar, desaparecer a sus
connacionales.
Larrea citó al doctor Ricardo Lorenzetti en su libro Derechos Humanos, Justicia
y Reparación cuando dice que durante el Proceso, la construcción militar
definió el concepto de subversión con un sentido sumamente amplio: “Todo aquel
que no estuviera alineado con las pautas de los golpistas era subversivo lo que
incluía obviamente a gran parte de la población”.
Esa construcción del “otro” fue quizás uno de los grandes logros de la
dictadura militar argentina: “La llamada «guerra sucia» se propuso y
lo logró, eliminar a toda una generación de militantes, dirigentes políticos,
sociales, sindicales, estudiantiles, intelectuales, vaciando las sociedades
para penetrarlas y controlarlas a los fines explícitos de instalar un modelo
socio económico que demandaba la eliminación de toda forma de disenso y de
resistencia”.
En ese sentido, Larrea hizo alusión al modelo económico y al sistema financiero
cómplice de la dictadura.
Más adelante, se refirió a los centros clandestinos de detención: “Esta
querella coincide en destacar la importancia que dentro del plan criminal
tuvieron los centros clandestinos de desaparición y tortura cínicamente
llamados por los represores «lugar de detención de detenidos».
“La Escuelita”
es un símbolo de ese terror pero sin olvidar que en Bahía Blanca existieron
otros centros clandestinos
Al respecto, citó un párrafo de la doctora Pilar Calveiro que dice: «En
cuanto a la disposición física dentro de los centros clandestinos de desaparición
forzada, llama la atención el caso de la Argentina donde funcionaron verdaderos campos de
concentración y exterminio. A diferencia de los campos nazis donde parte del
tormento recibían la masificación y el amontonamiento de los cuerpos, muy
acorde con la forma de organización del poder en el nazismo, en el caso de los
centros clandestinos de la
Argentina se configuró un modelo por completo diferente. La
organización del espacio se basó en el aislamiento de los detenidos de la forma
más radical posible. Se podría decir que se trató de un modelo mixto de
concentración de personas dentro de un mismo centro para su posterior
eliminación, en tanto lugares de reunión de detenidos por una parte, de
aislamiento, separación de cada prisionero con respecto a los demás por la
otra».
La dictadura argentina, agregó Larrea, superó en su concepción del horror, la
tortura y la capacidad para provocar dolor, al incomparable genocidio nazi.
Otro tramo de su alegato fue dedicado a las complicidades y coautorías civiles como
fue y es el caso del diario La Nueva
Provincia: “Papel de valioso auxiliar de la conducción, en
palabras del general Vilas, que le cupo al diario La Nueva Provincia y
a sus propietarios. Aún hoy releer aquellas páginas y las que les siguieron
lamentablemente y las que a diario leemos, sigue constituyendo un pasaje muy
difícil de sortear no solamente por las víctimas y sus familiares sino,
insisto, por una enorme porción de la ciudadanía de esta ciudad y de la región
que siguen siendo quizás víctimas de esta complicidad criminal del grupo La Nueva Provincia”.
El juicio, opinó, debe ser un faro que ilumine aquellas conductas y que arroje
luz sobre las tinieblas: “Esas tinieblas que no solo vedaban a las víctimas la
posibilidad de ver sino que oscureció durante muchos años la vida de miles y
miles de conciudadanos”.
Larrea celebró que tanto en este juicio como en el anterior se hayan acercado a
las audiencias muchos jóvenes de escuelas secundarias: “Por esos jóvenes, por
nuestros hijos, por el futuro de la democracia argentina formulamos nuestros
votos para que más temprano que tarde el brazo de la justicia democrática
llegue y esos responsables civiles de tanto dolor y tanta muerte, tengan
finalmente la sanción penal que se merecen”.
Luego, Larrea se dirigió a los suboficiales que están siendo juzgados para que
rompan el pacto de silencio y se pueda conocer el destino de los hijos
apropiados en “La Escuelita”:
«Un pacto de silencio forjado con quienes, insisto, los han despreciado
históricamente. La diferencia entre oficialidad y suboficialidad en todas las
Fuerzas Armadas es una constante y entonces exhortamos y apelamos a la hombría
de bien que puede estar alojada en sus corazones para que finalmente le digan
al tribunal, le digan a la sociedad, les cuenten a los familiares cuál fue el
destino de los hijos de Graciela Romero y de Graciela Izurieta y de todos los
desaparecidos que encontraron la muerte en el área controlada por el V Cuerpo
de Ejército”.
Finalizado el momento de solicitud de condenas, Larrea manifestó al tribunal: “
Por la memoria de todas las víctimas del Terrorismo de Estado, por la
posibilidad de que podamos ser capaces de construir una sociedad democrática y
donde el temor a la violencia del Estado sea erradicada de forma definitiva y
para que nunca más haya argentinos que estén sometidos a la voluntad
dictatorial de un grupo uniformado o no, quieran proveer de conformidad que
será justicia”.

Todas las condenas pedidas por las
partes

Ministerio Público Fiscal: Fidalgo: 25 años; Videla: 25 años; Gandolfo: 21
años; Marjanov: perpetua; Stricker: perpetua; Cabezón: perpetua; Ayala:
perpetua.
Mónica Fernández Avello: Stricker:
perpetua; Marjanov: perpetua; Cabezón: perpetua; Ayala: perpetua; Videla: 23
años; Fidalgo: 20 años; Gandolfo: 18 años.
Diego Czernieki: Adhirió a los
pedidos de Fernández Avello.
María del Mar Martín: Ayala: perpetua; Marjanov: perpetua.
Walter Larrea: Stricker: perpetua;
Marjanov: perpetua; Gandolfo: 20 años; Fidalgo: 22 años; Videla: 23 años;
Cabezón: perpetua; Ayala: perpetua.