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Hacer justicia o ajusticiar
La Justicia Federal bahiense, ha mostrado siempre los dientes frente a cualquier cuestionamiento que toque al poder local. Su composición es la de una civilidad no elegida por el voto, pero si impuesta por conformaciones corporativas, el dinero, o las dictaduras, y que terminaron petrificándose en tal rol.
Categoría: Derechos Humanos

La
Justicia Federal bahiense, ha mostrado siempre los dientes frente a cualquier
cuestionamiento que toque al poder local. Su composición es la de una civilidad
no elegida por el voto, pero si impuesta por conformaciones corporativas, el
dinero, o las dictaduras, y que terminaron petrificándose en tal rol. Tal
imposición de esos sectores ha obstaculizado e impedido el crecimiento social y
democrático de una ciudad que indudablemente merece un perfil que está muy
lejos de tener hoy. Son esos mismos actores los que incluso cínicamente,
expresan un discurso que se confronta contradictoria y perversamente con lo
metodológico de su proceder político institucional histórico.
La llegada del Juez Subrogante Dr. Álvaro Coleffi, a la investigación de la
participación civil en el Terrorismo de Estado y su decisión de avanzar sin
importar de quien se tratara, marcó una impronta destacada en el marco de lo
expresado del actual Poder Judicial Federal bahiense. Esto duró poco ya que a
pesar de su avance y desenmascaramiento del más notorio de los partícipes como
es La Nueva Provincia, y único sobreviviente del original directorio, Vicente
Gonzalo María Massot con un cuerpo probatorio notable recopilado por los
Fiscales Nebbia y Palazzani, abrió a partir de allí, una abanico de operatorias
que lograron el apartamiento del Dr. Coleffi de esta y de otras dos causas, que
involucraban al Obispo Garlatti por encubrimiento del cura genocida prófugo y
hoy fallecido Aldo Vara, y la del Secretario del ex juez genocida fallecido
impune Guillermo Federico Madueño, Hugo Mario Sierra.
Las operatorias contra el Dr. Coleffi las inicia quien no quiso investigar a
Massot, justificando su accionar en la libertad de prensa y expresión de las publicaciones
durante la dictadura, el juez ad hoc Ulpiano Martínez y su servil secretario
judicial Mario Fernández Moreno, denunciando a Coleffi por entregar escuchas de
la Causa Suris que son divulgadas publica e ilegalmente por el medio La
Brújula24, escudándose también en la libertad de prensa y expresión lo que le
valió un procesamiento trucho a Germán Sasso, uno de los supuestos
propietarios. Sobre este aspecto, y sin violar la privacidad de las fuentes,
sugestiva y sospechosamente (no mucho) no han hablado los integrantes de La
Brújula24 que deberían hacer público algo que tienen bien en claro, es decir
que no fue el Dr. Coleffi quien les entregó las escuchas, lo que los ubica por
este silencio como actores periféricos con el juez ad hoc Ulpiano Martínez, su
pinche Mario Fernández Moreno y La Nueva Provincia, en esta operatoria. El juez
ad hoc Ulpiano Martínez, tampoco ha explicado porque LU2, la radio de Massot,
hace pública la denuncia hacia el Dr. Coleffi el mismo día y antes de iniciarse
una de las indagatorias al director de La Nueva Provincia, sin haberlo
notificado antes al Dr. Coleffi. Tampoco explica que él era el principal
responsable de las escuchas divulgadas, y no el Dr. Coleffi por entonces
secretario del juzgado.

Razones inocultables
En cuanto a la resolución judicial que vuelve a cesantear al Dr. Álvaro
Coleffi luego de que la Corte hubiera desechado la causa de origen, es
conveniente tener en cuenta el voto del Dr. Jorge Ferro y sus planteos
contundentes en favor de Coleffi y el rol nefasto en la acusación al mismo y la
creación de una causa en su contra del secretario y ex juez subrogante,
desplazado por el Consejo de la Magistratura en la resolución 131/2015 del 18
de junio del 2015 donde evaluó que esta y otras razones para desplazarlo de su
cargo eran válidas y se sustentaban en las evidencias denunciadas de su mal
desempeño.
Quiero transcribir algunos de los párrafos que son el contenido del voto del
Dr. Jorge Ferro, que con idoneidad y fundamentación clara frente a la conducta
de los funcionarios actuantes, deja expuesta la intencionalidad de demoler al
Dr. Coleffi.
1 – “El Dr. Otaño Manterola fue designado por Resolución del 28 de noviembre de
2014 de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, por sorteo efectuado
entre los Conjueces que integraban la lista aprobada por Acordada Nº 11 del año
2013 de ese Tribunal y de conformidad con las Acordadas CSJN Nº 3/2003 y 4/ del
2013.”
2 – “En el caso en examen, designar nos acerca a la idea de investir, arrogar,
nominar o ungir. Por ello sostengo que designar, quiere significar investir de
jurisdicción antes del hecho. Enunciado que resulta el medio para llegar al
fin, es decir a la garantía misma. El fin a lograr es la garantía misma, o sea
un juez legal, autónomo, independiente, que no está atado, imparcial, neutral,
ecuánime, equitativo y nombrado de acuerdo a las normas infraconstitucionales
que determinarán la jurisdicción en concreto.
En este orden de ideas, en este incidente actuó el Dr. Martín Otaño Manterola
como Juez Federal Subrogante quien no reunía las condiciones normativas para
ejercer la Magistratura conforme las leyes y Resoluciones sobre la materia y
que fueron puestas de manifiesto por la Corte Suprema de Justicia desde el caso
“Roszas”.
3 – “En apoyo de tal razonamiento, es menester significar y traer a colación la
Resolución N° 131/2015 del Consejo de la Magistratura respecto de la
designación del Dr. Claudio David Pontet para continuar como Juez Federal
Subrogante en las actuaciones caratuladas “MASSOT, Vicente Gonzalo / privación
ilegal de libertad agravada (Art. 142 inc.1) en concurso real con roturas y
otros” exped. FBB 15000158/2012/6/CA4 de esta jurisdicción, en que la Comisión
en pleno le aconsejó al Consejo de la Magistratura la no ratificación de tal
designación añadiendo que la propuesta de la Cámara Federal de esta ciudad que
elevó al Consejo, debe interpretarse como no vinculante en los términos del Art.
5 del Reglamento, pues el organismo constitucional es quien posee la facultad
de designar Jueces Subrogantes. Huelga decir que tal situación es idéntica al
presente.”
4 – “La ley 26.855 vigente al momento de disponer la subrogación del letrado
interviniente, preveía una manera de designación de subrogantes que no se
cumplió, no se explicitó detalladamente la situación reinante en esta
jurisdicción (Art. 7 Reg. de Subrogancias) y se cubrió la subrogancia con una
persona ajena a las normas vigente y específica, lo que la hace irregular e
ilegal; todo ello sin evaluar la idoneidad del candidato designado.
Por ello, es precisamente en éste punto en el que quiero hacer hincapié, la
nominación del Dr. Otaño Manterola, entonces, como juez subrogante no se ajustó
a la letra de la ley, toda vez que se cubrió la vacante con un letrado que no
cumplía al momento de la designación con las pautas que se han fijado en el
Reglamento de Subrogaciones y la ley que lo facultó a ello en procura de un
sistema objetivo y equitativo de designación magistrados subrogantes.
En consecuencia, siendo que el ejercicio de la jurisdicción constituye una
función pública la cual, en lo que atañe al Juez, queda reglada por normas
imperativas a fin de decidir los casos litigiosos que se le presentan y ello
queda enmarcado dentro de los principios legales que confieren esa potestad
jurisdiccional a los jueces, condición que a mi juicio no ostenta el Dr. Otaño
Manterola.”
5 – “Otro aspecto que he de examinar relacionado con las actuaciones de los
Sres. Jueces intervinientes en estas causas, tiene que ver en este caso con la
conducta desplegada por el entonces juez Subrogante Dr. Santiago U. Martínez en
relación a reuniones privadas que sostuvo con un integrante de la Dirección de
Observaciones Judiciales (de la SIDE) y Delegación de Investigaciones del
Tráfico de Drogas Ilícitas de esta ciudad, fuera del marco judicial y del
ordenamiento jurídico ya que fueron efectuadas, en “forma privadas” según
admitió el mismo Juez en oportunidad de declarar testimonialmente y a la cual
ya hice mención en otra causa2 .
Siendo juez subrogante, se entrevistó en forma privada con el Sr. Néstor Galli,
Director de Observaciones Judiciales, y el llamado también privado al oficial
de policía que llevó adelante toda la investigación del caso Suris, Comisario
Diego Díaz Aguirre, con quienes resaltó la existencia de una relación de
confianza, no obstante que sobre los mismos pesaba un estado de sospecha a
tenor de lo dictaminado por el Sr. Fiscal de fs. 21/22, conductas que para
quien ejerce la Magistratura aunque sea de manera subrogante resultan ajenas a
toda idoneidad funcional y ética que exige el cumplimiento del loable deber
exigido por la Constitución y las leyes especiales y que no puedo dejar pasar
por alto.”
6 – “Ahora bien, la “buena conducta” que exige a los magistrados “…abarca la
entera actuación de los magistrados, dentro y fuera del tribunal, y excede el
limitado ámbito de las normas jurídicas para abarcar también el que es propio
de los principios y normas de éticas. En ese sentido, el Art. 8º del Reglamento
para la Justicia Nacional impone a los magistrados el deber de observar una
conducta irreprochable. La transgresión de este deber, cuando es grave, puede
constituir mal desempeño…”
En efecto, y como se apuntara, parece olvidar o desconocer Martínez que los
magistrados al igual que funcionarios y empleados deben observar una conducta
irreprochable, debiendo guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos
vinculados con las funciones de los respectivos tribunales (Art. 8º inc. b) del
RJN) y por sobre todo parece desconocer los mandatos que la propia Constitución
le exigió en su función”.
7 – “En el caso bajo estudio, no caben dudas que reunirse o hablar de manera
privada con personas sospechadas del delito como las del mismo Juzgado Federal
Nº 1 ocurrido en el seno de su propio Juzgado, denotan o exhiben una notoria
falta de imparcialidad en su accionar, así como una indecorosa actitud y una
notable carencia de cuidado funcional.
Al margen de lo ilegal, resulta factible pensar que estaba interesado de
cualquier manera en lograr un conocimiento acabado de lo que él mismo investigó
por lo que es de presumir que no estaba realmente seguro de como actuó; de lo
contrario no se explica las razones de tales reuniones privadas que ostentan un
alto grado de sospecha, al menos para el suscripto.
Sostengo ello por cuanto, me pregunto con qué finalidad un Magistrado se reúne
en forma privada o hace llamados privados con gente sospechada pues, al margen
de lo expuesto, lo que eventualmente pudiere obtener de tales reuniones no poseen
validez jurídica alguna, ni pueden ser utilizados en el expediente por la
carencia de las más mínimas garantías constitucionales ante la ausencia del
debido y necesario control de las partes, ni resultan adecuadas para proseguir
con esa “investigación” dada la ausencia de transparencia en el accionar del
juez Martínez y la afectación del principio de legitimidad de las acciones.
Si un juez realiza un encuentro privado en su público despacho y efectúa
llamado telefónico también de manera privada con sospechosos del delito que
investiga en forma semejante al proceso que llevó adelante reitero en base al
dictamen del Sr. Fiscal Federal de fs. 21/22 del principal, es un acto paralelo
que no puede definirse más allá de su naturaleza extraña y sospechosa, porque
no cumple con ningún dote de los actos públicos de cualquier magistrado; dada
la confianza que le merecían esos sospechosos, no hacen más que ahondar en esa
palabra presente a lo largo de esta decisión y proceso: la sospecha que algo no
se hizo bien y claro está, es que un juez tenga reuniones y llamadas privadas y
no constatadas en el proceso de aquellos que sería posibles sospechosos o
imputados en esa causa judicial.
A fs. 21/22 de la causa 10926/2014 luce agregada copia del requerimiento fiscal
de instrucción dictado en la causa Nº FBB 740/2014, del cual surge delimitado
el hecho objeto de investigación y se solicita se reciba declaración
indagatoria a Germán Sasso, Virginia Pascual, Jésica Rípodas y Martín Noir
señalando, además, que se deberían investigar a la Dirección de Observaciones
Judiciales de la SIDE, a la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas
Ilícitas de esta ciudad y al Juzgado Federal N° 1, a cargo por subrogancia del
Dr. Santiago Ulpiano Martínez.
Debo significar, a propósito de ello, que tal sensación de sospecha de la
comisión de un delito surge de la requisitoria del Sr. Fiscal respecto de
aquellos a quienes sindicó como responsables del hecho investigado; ahora bien,
sospechoso es aquel o aquello que da motivos para sospechar. Este verbo, por su
parte, refiere a desconfiar o recelar por conjeturas fundadas en apariencias o
en indicios de verdad. El término, por lo tanto, tiene una connotación
negativa: la persona está bajo sospecha de ser responsable de algo malo, sin
perjuicio de las garantías que le otorga a aquel sindicado de la comisión de un
hecho ilícito el Art. 18 de la C.N.
O sea, tal estado parece revelar la existencia de algún indicio que mueven de
tal modo a creer algo, a imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias o
indicios, a desconfiar de algo o de alguien y considerarlo como posible autor
de un delito o una falta.
Cuando hablamos de sospecha, debemos tener en cuenta que ni las autoridades
judiciales, ni las fuerzas policiales suelen estar presentes en el momento
preciso en que se comete un delito, sino que llegan hasta los sospechosos
después de investigar a los presuntos intervinientes en la autoría del ilícito
y ello es lo que ha sucedido en la especie.
Conforme el requerimiento del Sr. Fiscal sobre los presuntos sospechosos, el
Sr. Juez, indudablemente, de manera arbitraria hace caso omiso a tal dictamen y
decide investigar prescindiendo que su Juzgado fue requerido por el Sr. Fiscal
como una de los organismos a ser investigados, aun cuando luego de imputado el
Dr. Álvaro Coleffi, como vimos en el expediente, se excusa.
En ese contexto observo la conducta del Dr. Martínez que pese al requerimiento
fiscal de instrucción de fs. 21/22 dictado en la causa Nº FBB 740/2014, y
siendo juez subrogante a cargo del Juzgado al menos sospechado o ser motivo de
investigación pues generaba desconfianza en el Sr. Fiscal conjuntamente las
otras reparticiones, no tuvo la delicadeza que la norma procedimental prescribe
para apartarse de la causa y no sólo eso, sino y para mayor sorpresa del
suscripto ha prestado declaración como testigo en la misma causa que ordenó
instruir.
O sea, una conducta reñida con la ley.

Quien es quien
Ante tal situación procesal desplegada por el Dr. Santiago Ulpiano
Martínez, resulta claro que el juzgador no ostentaba las condiciones de actuar
con la objetividad e imparcialidad que requiere todo proceso penal para el
aseguramiento de una justa y recta administración de justicia, situación que
debe ser interpretada como de decoro y delicadeza pues se han aceptado otros
motivos no previstos expresamente en la legislación procesal, apuntándose a una
mayor garantía e imparcialidad.
En los albores de cualquier sumario penal la obligación funcional es constatar
el sustrato fáctico para luego dilucidar la cuestión de derecho. Es decir,
primero se deben constatar los hechos y luego encuadrar la cuestión desde el
derecho. En el hecho de marras, cuadra añadir otra circunstancia que hace todo
confuso en este accionar judicial que rige la situación del Dr. Coleffi, que
parecería únicamente dirigido a procesarlo y está dado por la inteligencia
acordada al Art. 196 bis del C.P.P.N.
Resta por último, significar que en torno de este proceso por violación de
secretos, ha existido una investigación directa sin requisitoria fiscal lo cual
apareja la nulidad absoluta de tal investigación (CNCPSala I L.L. 2001A575).
En la causa N° 10926/2014, “Coleffi, Álvaro Sebastián s/ Violación de
Secretos”, se remitió al Sr. Fiscal Federal a fin que formule su requerimiento
de instrucción; luego de cerrada tal causa se persiguió otra investigación
ahora por violación de secretos no obrando ningún requerimiento fiscal, ni
tampoco vista al Sr. Fiscal poniendo en conocimiento de tal decisión judicial,
razón por la cual tratándose de hechos autónomos -como el propio Juez Dr.
Martínez lo admite debió solicitarse el requerimiento del Ministerio Público
pues tales requerimientos quedan limitados al o los hechos motivo de la
denuncia que los provocan, razón por la cual esta nueva notitia criminis debió
contar con una nueva intervención del Sr. Fiscal Federal a los fines del Art.
180 del ritual penal ya que podrían resultar diferentes los elementos de la
imputación; la propia inteligencia del proceso acusatorio así lo impone.
Téngase en cuenta que en el caso de marras, la ampliación no es respecto de
otra persona vinculada al hecho, sino de una nueva investigación en otra causa,
incluso con numeración diferente en el sistema Lex 100.
Correspondía entonces que la nueva causa a investigar no fuera impulsada por la
exclusiva decisión del Magistrado, sino que se debió respetar el debido proceso
legal de la sustitución del Juez en las funciones del Ministerio Público que
origina desde el punto de vista legal una intromisión intolerable e
insubsanable.
Cuadra añadir, por último, que he tornado operativo este incidente de nulidad
por cuanto para su admisibilidad resulta necesario que se demuestre,
efectivamente, como en el caso, que se han afectado groseramente garantías que
hacen al debido proceso y tal afectación acarreó un perjuicio al imputado; aquí
se ha violado la prueba en cuanto hace a su valoración y análisis respecto de
lo que consta en la causa como asimismo la actuación de un Juez designado
irregularmente y la intervención de un Magistrado declarando como testigo en la
propia causa que mandó instruir, extremos éstos que transgreden normas
procesales y, sobre todo, constitucionales que determinan presupuestos
ineludibles para configurar esta grave sanción procesal de nulidad.
Por todo lo expuesto y como dije al comienzo de este voto, que no obstante la
decisión propuesta en los autos “Coleffi, Álvaro Sebastián s/ Violación de
Secretos”, Expte. Nº: 10926/2014 que darían por concluida la cuestión, los
fundamentos expuestos en el presente incidente robustecen la conclusión que
esta desafortunada acción judicial estaba más conducida y anticipaba a un
resultado preestablecido que a una correcta actuación judicial que descubriera
realmente la verdad de todo lo acontecido, pábulo por el cual propicio la
nulidad de todo lo actuado”.

Conclusión
No soy ni tan siquiera un técnico en aspectos jurídicos, pero la práctica
en la lectura y evaluación de las fundamentaciones en causas por Crímenes de
lesa Humanidad desde hace más de treinta años, hace que haya adquirido cierta
práctica (y solo eso) que al leer perciba en las resoluciones elementos que
tienden a soterrar o disimular al menos las groserías judiciales que muchos
jueces generan. Es así que cabe considerar como una síntesis de acceso simple y
fácil al que pueda leer, que en toda su extensa votación el Dr. Triputti
sostiene con muy pocos antecedentes jurisprudenciales sobre los hechos en que
trata que estuvo todo bien, y que la ética cuestionada como así lo perfilado
como delictivo (en el voto del Dr. Ferro) por parte de la acción del ex juez
subrogante Ulpiano Martínez no es tan grave por lo que es obviado en el texto
en los términos de una resolución de esta gravedad que afecta la vida profunda
del Dr. Álvaro Coleffi, su profesión, y su buen nombre y honor. Quizá sea por
eso que como juez del TOF que juzga crímenes de Lesa Humanidad es el único (y
creo que en todo el país) que niega la calificación de genocidio de los
crímenes que se juzgan en concordancia con defensores de semejantes
delincuentes y en contra de sentencias, que a lo largo y ancho del país vienen
calificando con fundamento en tal sentido. A este voto adhiere el juez del TOFC
de Bahía Blanca, Dr. Velásquez que integró junto a los Drs. Duprat (fallecido)
y Fernández Orozco (alguna vez defensor de los genocidas) el primer tribunal
que iba a juzgar a los imputados de Crímenes de Lesa Humanidad en la ciudad,
que fueran recusados por los organismos y la fiscalía de lesa humanidad por sus
reuniones privadas con los defensores de aquel primer juicio, por lo que se
debió conformar un tribunal con jueces de otras jurisdicciones, lo que me exime
de más comentarios.
Es así entonces que no nos queda duda que la virulencia hacia el Dr. Coleffi
abreva en su rol de origen en cuanto a lo mencionado al principio, y establece
sin dudas un mensaje a todos aquellos que intenten desde el Poder Judicial
Federal bahiense que honraran hombres como los ex jueces Luis Alberto Cotter,
Ignacio Larraza (fallecido) y el Fiscal Hugo Omar Cañón (fallecido) que
cuestionar, denunciar o querer condenar al poder que en la ciudad ha sido parte
de lo peor de la historia argentina, es motivo de persecución y marginación.

Eduardo A. Hidalgo
Secretario General
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca

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2016-10-31 00:00:00
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