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Etapa que se Sierra
El abogado Hugo Mario Sierra, imputado por la Fiscalía a cargo de Abel Córdoba de participar en sesiones de interrogatorio bajo tortura en tiempos de la última dictadura cívico militar, dejó de ser el titular de la cátedra de Derecho Penal I de la UNS.
Categoría: Derechos Humanos

El abogado Hugo Mario Sierra, imputado por la Fiscalía a
cargo de Abel Córdoba de participar en sesiones de interrogatorio bajo tortura
en tiempos de la última dictadura cívico militar, dejó de ser el titular de la
cátedra de Derecho Penal I de la UNS. A diferencia de su colega de entonces y
de ahora Gloria Girotti, el letrado eligió no presentarse a la instancia de
reválida cerrada con que obtendría un nuevo periodo al frente de la cátedra.

Los testigos que comparecen en el marco del juicio que se
sigue contra diecisiete represores por crímenes de lesa humanidad cometidos
bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército en tiempos de la última dictadura
cívico militar, mencionan su nombre con frecuencia. Los testimonios amplían y
complementan las pruebas en su contra obrantes en los cinco sucesivos pedidos
de detención contra él que el fiscal subrogante Abel Córdoba elevó al juez vitalicio
Alcindo Álvarez Canale.
Hugo Mario Sierra, de él se trata, prefirió no pasar por el proceso de
divulgación pública de sus actividades como secretario del ex juez Guillermo
Madueño que soportó su colega Gloria Girotti al concursar en la reválida al
cargo docente de Derecho en los Contratos, materia que se dicta en la Universidad
Nacional del Sur (UNS). Por ello, dejó vencer los plazos para la reválida
cerrada que debía enfrentar para permanecer en el cargo y desde el primer día
de este mes dejó de ser el docente titular en Derecho Penal I, dictada también
bajo la órbita del Departamento de Derecho de la UNS.
Como se recordará, por fresco aún, el antecedente de Girotti supuso que el caso
se debatiera en el máximo órgano resolutivo de la casa de estudios, el Consejo
Superior Universitario (CSU). El cuerpo, compuesto por representantes de los
tres claustros, comenzó su deliberación en torno al tema en su última sesión
plenaria de 2010. Por entonces, pesaba sobre Girotti el primero de los pedidos
de detención que envió al juez Álvarez Canale el fiscal Córdoba. En primera
instancia, el magistrado denegó el requerimiento y Córdoba apeló a la Cámara
Federal de Apelaciones de nuestra ciudad.
Con el fallo de segunda instancia en sus manos, las autoridades del CSU
resolvieron retomar el debate parlamentario en torno a la letrada y fijaron fecha
a la dilatada decisión en torno a la aceptación o rechazo a su reválida.
Normalmente, las sesiones quincenales del CSU se desarrollan los miércoles.
Pero, atendiendo al feriado conmemorativo de la Revolución de Mayo de 1810, el
último encuentro plenario de mayo fue el martes 24. Esa fecha, tal como tituló
EcoDias, se transformó en el “Día D” para Girotti y su continuidad como docente
en la comunidad académica.
Finalmente, con el voto a favor de una mayoría compuesta por consejeros
docentes y decanos -con honrosas excepciones- y el voto contrario de los
estudiantes y no docentes, la abogada accedió a un nuevo periodo en el cargo
por el que había concursado en instancia de reválida.
A pesar de la decisión del CSU, los debates sirvieron para que se difundiera lo
actuado por Girotti durante la segunda mitad de la década del ’70, cuando se
desempeñó en una de las secretarías del juzgado a cargo del procesado ex
magistrado Guillermo Federico Madueño, fallecido impune en 2010.
Muy similares son las imputaciones que caían sobre el otro de los secretarios
de Madueño. Aunque por no estar afectado a un proceso de reválida docente quedó
en un discreto segundo plano, el nombre de Hugo Mario Sierra también se había
metido en el ojo de la tormenta.

Las imputaciones
A fines del año pasado, los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño remitieron
al juez Alcindo Álvarez Canale un escrito por el que solicitaban la detención
yel procesamiento de Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti, así como el
allanamiento de sus domicilios y estudios. La presentación del pedido se
realizó una semana después de la última sesión plenaria del CSU en 2010,
oportunidad en comenzó a debatirse la aprobación o el rechazo de la reválida
para la letrada aspirante.
Entre las conductas delictuosas que los fiscales consideraron probadas y por
las que acusaron a Girotti y Sierra se encuentran la dilatación de los procesos
judiciales “a través de la introducción de demoras en las puestas a despacho,
oficios, comunicaciones y cumplimiento de medidas ordenadas por el juez”.
También, “la asunción de un diálogo directo y la coordinación con las fuerzas
represivas” y “el aval de actuaciones policiales y la disposición de medidas de
instrucción, al margen de toda resolución judicial y sin proveer en los expedientes
constancia de previa consulta al magistrado”.
 Especial desarrollo merece, por otra parte, la acusación de
“participación en sesiones de interrogatorio bajo tortura” que se atribuye a
ambos. En su escrito, Córdoba y Castaño tipifican al delito como la “aplicación
de tortura sobre las personas, en el contexto de las investigaciones sobre
perseguidos políticos, encubiertas bajo la apariencia formal de audiencias
indagatorias”.
Según indica el texto de los fiscales, “las víctimas -que permanecían en cautiverio
y bajo tortura en el CCD “La Escuelita”- fueron retiradas del mismo, y
conducidas a otra dependencia del Comando Vto. Cuerpo”. Concluido el traslado,
y “una vez en presencia de las víctimas, el juez Federal Madueño y sus
secretarios Sierra y Girotti evitaron expresar cualquier gesto o ademán de
garantía o resguardo frente a la situación de las mismas, denotando la evidente
complicidad y connivencia con las autoridades militares, y omitieron toda
referencia e inquietud frente a los signos inocultables e ineludibles de
tortura y abandono que presentaban”.
En esta particular conducta de los funcionarios judiciales descansa la
tipificación descripta. “El carácter de tormento de la práctica desplegada,
deviene -por una parte- de la situación en que se encontraban las víctimas,
quienes permanecían al momento de los interrogatorios, como sujetos pasivos de
los delitos permanentes y en vía de ejecución de privación ilegítima de la
libertad e imposición de torturas”, explica el pedido remitido al juzgado de
Álvarez Canale. “Y por otra, ante las propias circunstancias de la sesión ante
el juez: amenazas de armas de fuego, utilización de esposas, presencia de
personal militar, denegación de asistencia de salud y de asesoramiento
jurídico”, enumera.
Y agrega que “el elemento central de la práctica aflictiva estaba brindada a
través de la dirección del acto por parte de quienes reunían la investidura de
funcionarios judiciales a cargo de la administración de justicia y el control
de la legalidad, lo que significaba a todas luces un tormento de tipo
psicológico traducido en el develamiento de la situación extrema de exposición
y peligro en que se encontraban las víctimas, y el desvanecimiento de todo
vestigio de esperanza de justicia”.
Por otra parte, Córdoba y Castaño también atribuyeron a Sierra y Girotti
delitos basados en la omisión del cumplimiento de sus deberes como funcionarios
judiciales. Por caso, se cita el “refrendo de las resoluciones por las cuales
se rechazaban los recursos de Hábeas Corpus” presentados por allegados de las
víctimas de las detenciones ilegales. En torno a este punto, los fiscales
detallan “la tramitación rigurosamente formal y la omisión de adopción de
cualquier tipo de medida sustancial de investigación, y posterior persecución y
hostigamiento de los familiares para el cobro de los gastos causídicos”.
Además, los fiscales señalaron la “paralización de las investigaciones
suscitadas por denuncias por privaciones ilegales de la libertad, a través de
tecnicismos formales” y la omisión en torno a investigar las circunstancias en
que se produjeron homicidios que fueron presentados como enfrentamientos
armados.

Cinco en línea
Como ha quedado dicho, el pedido de Córdoba y Castaño fue elevado a Álvarez
Canale. El juez resolvió denegarlo, entendiendo que toda la responsabilidad de
lo actuado correspondía al jefe de los imputados. Es decir, el ex magistrado
Guillermo Federico Madueño. Las espaldas de Madueño podían resistir el peso de
toda la culpa, pues acaba de cumplirse un año de su fallecimiento.
Ante la negativa, los fiscales recurrieron a la Cámara Federal de Apelaciones
de la ciudad, de la que es vicepresidente el también docente Néstor Luis
Montezanti. “Asesor universitario” del Destacamento de Inteligencia 181 del
Ejército Argentino durante la última dictadura, Montezanti enfrentó en 2006 una
causa judicial sobre sus posibles vinculaciones con la banda terrorista
conocida como Alianza Anticomunista Argentina (también llamada Triple A). Su
defensor fue precisamente Hugo Mario Sierra.
El 27 de abril pasado, finalmente, la Cámara falló en torno a la apelación de
los fiscales bahienses. Con las firmas de los jueces Augusto Enrique Fernández,
Ricardo Emilio Planes y Ángel Alberto Argañaraz resolvió “declarar inadmisible
el recurso de apelación interpuesto” y envió todo nuevamente a primera
instancia.
Desde entonces se acumularon en el despacho del juez Álvarez Canale otros
cuatro nuevos pedidos de detención de Sierra y Girotti. La última respuesta del
magistrado fue que se encontraba analizando la documentación presentada, por lo
que aún se espera una resolución. Si ésta resultase favorable a la abundante
cantidad de pruebas acumulada por los fiscales, Girotti y Sierra podrían ser
detenidos y procesados siendo docentes de la UNS. En el primero de los casos,
por la reciente reválida a que el CSU dio luz verde en mayo último. En el
segundo, el que involucra a Sierra, porque más allá de su decisión de no
concursar por la continuidad en el cargo como titular de Derecho Penal I, el
letrado aún permanece como profesor titular de la asignatura correlativa,
Derecho Penal II. Su nombramiento vencerá en febrero de 2014 y no se tienen
noticias, aún, de que hubiera presentado una renuncia al mismo.
Precisamente es un edificio universitario, el de Avenida Colón 80, el que
oficia como escenario en el juicio contra diecisiete represores de la última
dictadura, por atroces crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última
dictadura bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército. El nombre de Sierra siempre
es evocado en el recinto, pero no por su calidad como académico.
 
Amigos son los amigos
Además de constituirse en abogado defensor de Néstor Montezanti en 2006, Hugo
Mario Sierra exhibió otras amistades ponderables.
A comienzos de este año participó de un cónclave en el club Argentino de
nuestra ciudad, ubicado frente al edificio universitario que hoy alberga a los
juicios contra represores en el marco de la causa “V Cuerpo de Ejército”.
Del encuentro participó también el juez Leopoldo Velázquez. Entonces presidente
del Tribunal Oral que enjuiciaría a los acusados, la asistencia al convite le
valió a Velázquez la recusación, que demoró la apertura de los debates hasta la
designación de un nuevo Tribunal.

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2011-09-12 13:39:00
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