El juicio por delito de lesa humanidad
cometidos en el CCDyT “La Cacha” de La Plata, tendrá su veredicto el próximo
viernes 24 de octubre. El debate comenzó el pasado 18 de diciembre y luego de diez
meses de audiencia, el tribunal, finalizó con la etapa de alegatos y solo restan
las consideraciones finales de algunos imputados para culminar con la audiencia.
Son 21 los imputados, entre civiles y uniformados.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 (TOCF1) de
La Plata, culminó con la etapa de alegatos, tanto de las querellas como de las defensas,
en el marco del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en
el Centro de Detención Tortura y Exterminio (CCDyT) “La Cacha”.
En la jornada de audiencia que tuvo lugar el pasado 26
de septiembre, las abogadas Pía Garralda, Noeli Ailín Álvarez y Carolina Vilchez, alegaron en representación de la Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos (AEDD), quienes fueron las últimas por parte de los querellantes en
la causa. Asimismo, en las jornadas que siguieron, el TOCF1, integrado por el juez
Carlos Rozanski y los subrogantes Vega y Jantus, escuchó los alegatos de la defensa de los imputados;
comenzaron a escuchar las últimas consideraciones de los imputados y en la audiencia
del miércoles 22 de octubre, se finalizará el debate. En ese sentido, anunciaron
que el veredicto será el próximo viernes 24 de octubre en la sede de la ex Amia
platense, de 4 entre 51 y 53.

Ultimo alegato
El alegato de las representantes de AEDD, estuvo referido
a la estructura y número de miembros que debió tener el Destacamento de Inteligencia
101, órgano que manejó los hilos de “La Cacha”; y sobre la relación de La Cacha
con otros campos de concentración y la coordinación entre las distintas fuerzas.
En ese sentido, mencionaron los distintos casos de víctimas que fueron trasladadas
entre distintos puntos del país y dentro de La Plata, así como el vínculo mantenido
con dependencias oficiales como la Comisaría Octava, la UP 9; y también hicieron
mención a que a lo largo del debate se probó la conexión entre “La Cacha”, “La Perla”
CCDyT de Córdoba y “La Cueva” en Mar del Plata; uno de los casos
que demuestra la conexión entro los centros clandestinos es el Patricia Pérez Catán
y su hermano.
También, más adelante se refirieron a las mujeres embarazadas
que permanecieron secuestradas en La Cacha; describiendo los casos ya mencionados
en el debate de Elsa Beatríz Mattía, quien tenía un embarazo en curso de dos meses cuando
fue secuestrada y tuvo su hijo después de ser liberada; María Rosa Ana Tolosa, quien
estaba embarazada de seis meses cuando fue secuestrada y tuvo mellizos en la Cárcel
de Olmos, que fueron apropiados y luego restituidos; María Elena Isabel Corvalán, embarazada de siete meses al momento de su secuestro,
tuvo una niña que al igual que los Mellizos Reggiardo Tolosa, fue apropiada; Laura Estela Carlotto, hija de Estela de Carlotto, embarazada de dos meses cuando fue secuestrada, su hijo
fue arrebatado, restituido en agosto pasado; también mencionaron los casos de Cristina
Lucía Marrocco, embarazada de dos meses al momento del secuestro, abortó
a causa de las torturas aplicadas en “La Cacha”; Graciela Irene Quesada, quien quedó
embarazada durante su cautiverio; su hijo o hija debía nacer a comienzos de 1978;
Olga Noemí Casado, embarazada de siete meses cuando fue secuestrada; luego de parir
a su hija, se la sustrajeron.

Asimismo, se refirieron a “los saqueos y robos en los domicilios
de los secuestrados, las condiciones de vida en La Cacha, los mecanismos de resistencia
y solidaridad que se dieron entre los secuestrados y los efectos psicosociales de
la represión que impactaron en tres niveles: los individuos, los grupos con los
que éstos se identifican y la sociedad en su conjunto. Refirieron también la afectación
multigeneracional”.
Por otro lado, desde AEDD, hicieron énfasis en la complicidad
de la iglesia católica, mencionando el rol que tuvo Emilio Teodoro Grosella, el
poder judicial y el cuerpo médico policial. Acerca de la responsabilidad y participación
del poder judicial con la última dictadura, sostuvieron que hubo pasividad y que
los distintos agentes judiciales, tuvieron responsabilidad activa de los distintos
que rechazaron habeas corpus, demoraron decisiones y no investigaron. En el mismo
sentido, se refirieron a los médicos; argumentando que “ayudaron a cerrar el círculo
de impunidad al hacer desaparecer los cuerpos por medio del falseamiento de datos.
Los miembros de la morgue policial de la época, cuyo rol fue central en la desaparición
de los cuerpos, mantienen un pacto de silencio sobre lo sucedido y se ven amparados
por la inacción judicial que les garantiza la impunidad. Esos médicos nunca estuvieron
imputados en ninguna causa, a pesar de las constancias documentales y de las reiteradas
denuncias”.

Juzgamiento a los médicos de la
Morgue policial de La Plata
El pedido de juzgamiento y denuncia a los responsables
de los médicos que prestaron funciones en la Morgue policial platense durante la última dictadura,
ya había sido efectuado por Adelina Dematti de Alaye, Madre de Plaza de Mayo, en la jornada de audiencia del
21 de febrero pasado. En el último tramo de la declaración que duró poco más de
tres horas, Adelina Dematti de Alaye, presentó una investigación que consta de 1635 fojas con
detalles del ingreso de cadáveres al cementerio platense y esas acciones se pudieron
evidenciar luego de que aparecieran tumbas NN en ese lugar. Estos datos mencionados
por Adelina, aparecen en un informe realizado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, sostuvo que en 1983 en el cementerio platense
había unos 200 cuerpos sin identificación y ella se pregunta como hacían para desaparecerlos.
Y ahí es precisamente, dónde aparece el trabajo de los médicos, que expendían certificados
de defunción falsos.
Según relata Adelina, entre 1973 y 1983 se utilizaron 24
libros de Morgue y estaban en un juzgado bonaerense, pero de esos libros solo quedó
uno. “En el único libro hay capacidad para 1800 casos, es decir que en total son
43.200 inscripciones de las que solo tenemos 1800.”, sostuvo la declarante.
Además de las 1635 fojas de investigación que aportó como
evidencia, Adelina utilizó un power point, que fue reproducido en una pantalla dónde se mostraron
certificados de defunción detallados y firmados. Y según relató, las causales de
muerte que se detallaban en los certificados eran, casi en su totalidad, por “destrucción
de masa encefálica por disparo de arma de fuego”; siempre en un enfrentamiento,
que casualmente, siempre los muertos eran los militantes.
Otro dato a partir de la investigación presentada por Adelina
es que de los cuerpos ingresados a la morgue policial, la mayoría promediaba los
25 años, entre masculinos y femeninos. “eso demuestra que la militancia y el seguimiento
no tenían distinción de sexo”, explicó.
 Por último, en referencia
a la denuncia, pidió al tribunal que sean juzgados los médicos que prestaron funciones
en la Morgue policial durante la última Dictadura Cívico Militar. “Yo los juzgo
y quiero verlos acá”. Luego de ése pedido los presentes en el sector del público
aplaudieron y corearon: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”.