Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia solicitaron las respectivas
detenciones de Vicente Massot, director de La Nueva Provincia, y de Mario
Gabrielli, jefe de Redacción del diario durante la última dictadura militar. El
pedido se basa en sus participaciones, mediante el matutino, en el plan de
exterminio puesto en marcha a partir de 1976 con el Golpe de Estado. Organismos
de derechos humanos respaldaron a los fiscales en una conferencia de prensa.

Más allá de la justicia lograda en septiembre
último con la condena de 17 represores, la verdad es que desde esta redacción
se nos hace difícil poder creer o imaginar a un Vicente Massot preso. Y los
argumentos se basan en el poder que éste tiene, en lo que significa La Nueva Provincia, en la
impunidad que siempre ronda por estos lados del país y también en los
antecedentes con los que cuenta el juez que debe decidir la cuestión. Pero ya
el hecho de que se haya pedido la detención de Vicente Massot, director del
diario La Nueva
Provincia por su participación en el plan de exterminio que se produjo durante
la última dictadura militar, es un paso más que importante. Es, vaya preso o
no, inquietar a Massot, tocarle el trasero a La Nueva Provincia y,
por sobre todas las cosas, se insiste vaya preso o no, es mostrar y dejar al
descubierto con las pruebas en la mano una vez más pero también con el aval de
quienes profesionalmente ejercen el Derecho, la lamentable actuación de la
familia Massot y su sangriento diario en la etapa más difícil del país y de
nuestra ciudad.
Todo esto viene a cuenta a que en los últimos días los fiscales que investigan
delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, José Nebbia y Miguel Palazzani,
solicitaron la detención de Vicente Massot y Mario Gabrielli quien en ese
entonces se desempeñaba como jefe de Redacción de La Nueva Provincia.
Ya en el juicio que condenó a 17 represores se había ordenado investigar a La Nueva Provincia y vaya que se
avanzó. Ahora, la decisión está en manos del juez Santiago Ulpiano Martínez.
Inmediatamente organismos de derechos humanos y otros grupos como la Comisión de Apoyo a los
Juicios organizaron conferencias de prensas para apoyar y respaldar los pedidos
realizados por los fiscales.
EcoDias estuvo presente en el encuentro con los medios que desarrolló la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos de Bahía Blanca (APDH) en conjunto con la agrupación
HIJOS de nuestra ciudad y con Red por la Identidad. Allí
Eduardo Hidalgo por la APDH
habló de la solicitud de Nebbia y Palazzani que también incluye a Federico
Massot y Diana Julio de Massot, ambos ya fallecidos pero cuya aparición en la
causa tiene sus argumentos: “El hecho de que figuren Diana Julio de Massot y
Federico Massot no es una cuestión caprichosa sino es justamente porque fueron
parte de esa acción en forma activa en esa época y aún cuando hoy estén
fallecidos, frente al hecho de que en su momento se determine la
responsabilidad de todos los que están denunciados, si bien irá en abstracto la
causa sobre ellos, quedarán de alguna manera marcados por el hecho justamente
de su participación en esa etapa.
Nosotros tenemos muy en claro desde hace tiempo lo que ha sido la acción de La Nueva Provincia, ustedes saben
que la APDH
tiene una muestra que se llama “Aquí pasaron cosas” donde venimos denunciando
activamente todo esto y lo que vemos hoy es una concreción en la vía judicial
que inició de alguna manera el doctor Abel Córdoba hace unos meses atrás cuando
pidió el allanamiento de La Nueva Provincia
en el marco de la causa Armada. Así que esperamos que los pasos se den de
acuerdo a como deben darse más allá de que siempre nos quedan dudas respecto en
este caso de la acción del juez (Santiago) Ulpiano Martínez”.
Por nombrar solo un dato de todo lo actuado en ese momento por La Nueva Provincia, Hidalgo
mencionó: “Un diario que ha sido capaz entre otras cosas, por nombrar solo una,
de publicar fotos de quienes fueron detenidos, algunos de ellos habían pasado
por el Centro Clandestino de Detención La Escuelita y habían sobrevivido, información que
no cualquier medio tiene posibilidad de acceso a las mismas en ese marco que se
daba por entonces de la represión del Estado”.

Auxiliar del aparato represivo
Consultado Hidalgo por el proceder del juez Santiago Martínez en cuanto a
la posibilidad de que, por sus antecedentes, no de curso al pedido de
detención, declaró: “Yo creo que el juez va a decir muchas cosas y el problema
de lo que diga el juez fuera de la causa a mi no me preocupa, a mi lo que me
interesa saber es qué va a hacer dentro de la causa habida cuenta de lo que
hizo con el caso Vara. Por lo tanto yo lo que espero es que actúe como
corresponde porque no es una causa atada con hilo o atada con alfileres, es una
causa que es contundente en muchos aspectos porque está fundamentada en pruebas
que surgen de los propios periódicos que fueron publicados en ese momento. Las
pruebas sobre las cuales se funda la acusación de la fiscalía son contundentes,
yo diría que tiene tanta importancia como la causa que se cerró el 12 de
septiembre del año pasado y como la que vendrá ahora después de esta segunda
del Ejército, que es la causa de la
Armada”.
Ésta última, afirmó Hidalgo, va a marcar duramente a La Nueva Provincia “porque ahí
está el registro de lo que fue el informe de inteligencia de la Prefectura sobre el
personal de La Nueva Provincia
entre los cuales se señaló a Heinrich y Loyola”.
En la conferencia también estuvo presente el doctor Walter Larrea abogado por
parte de los organismos de derechos humanos que participa de los juicios a los
represores quien destacó: “La presentación hecha por la unidad fiscal no
responde a denuncia de particulares o a sospechas que pueda albergar el propio
Ministerio Público sino que la posibilidad de la investigación en manos de la
unidad fiscal surge a partir de una parte de uno de los resolutorios de la
sentencia de la causa 982, la causa Bayón”.
En ese sentido aclaró que como se trata de la investigación de la posible
comisión de delitos de lesa humanidad, los mismos son imprescriptibles por lo
tanto no extinguen la acción penal.
Acerca de los plazos que tiene el juez, explicó: “Están estipulados en el
Código, son algo así como diez días hábiles, de todas maneras el magistrado
posiblemente se tome un tiempo más. Yo quiero insistir con el concepto de la
responsabilidad que tiene en sus manos el juez Martínez en el sentido de que si
bien muñido de toda la jurisdicción y potestad que como juez federal lo enviste
la ley, esta denuncia o este pedido de la unidad fiscal tiene que ver con cuestiones
que han sido suficientemente probadas y acreditadas en la causa 982 donde en la
consideración que el tribunal hace de la actuación de La Nueva Provincia deja muy
claramente asentado que no se trata de una línea editorial o de opiniones
periodísticas sino que directamente indica sin ningún tipo de dudas de que para
la campaña psicológica de terror necesaria para llevar adelante el plan de
exterminio, fue necesaria la actuación de La Nueva Provincia ya no
editorializando, ya no informando, sino siendo parte directa y necesaria del
engranaje”.
Más aún, agregó Larrea, el propio represor Vilas en los juicios por la verdad
habló del diario como un eficaz auxiliar de los planes operativos: “Es decir
que esto no es una opinión subjetiva, no es una apreciación de parte de
víctimas, organismos o familiares sino que es el propio mandamás de la
represión en Bahía Blanca el que define al diario como uno de los principales
auxiliares y más eficaces auxiliares del aparato represivo”.
El pedido ya está hecho, la noticia recorrió el país y sorprendió a más de uno.
Aclaramos que no es por pesimistas pero es verdad que cuesta imaginarse a un
Massot preso sobre todo teniendo en cuenta el poder y las conexiones y
relaciones de poder con las que cuenta. Pero ojala que así sea, no solo que
esté entre rejas por todo lo actuado sino que también él, Gabrielli y quien
corresponda den todas las explicaciones que sean necesarias. Por las víctimas,
por los familiares, por Heinrich y Loyola, por todos y todas, pero sobre todo
por Bahía…

Al cierre de la edición 448 se conocía la decisión del
Juez Martínez de negarse a los pedidos de los Fiscales.