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En busca de transparencia e imparcialidad
Hace una semana se supo que desde la Fiscalía Federal de Bahía Blanca se recusó al juez Juan Leopoldo Velázquez, presidente del Tribunal Oral Federal a cargo del juzgamiento de 19 imputados por la comisión de crímenes contra la humanidad en perjuicio de más de 90 víctimas. Luego se le unieron las querellas a ese pedido.
Categoría: Derechos Humanos

Hace una
semana se supo que desde la Fiscalía Federal de Bahía Blanca se recusó al juez
Juan Leopoldo Velázquez, presidente del Tribunal Oral Federal a cargo del
juzgamiento de 19 imputados por la comisión de crímenes contra la humanidad en
perjuicio de más de 90 víctimas. Luego se le unieron las querellas a ese
pedido.

En un hecho
contemporáneo
a la fijación de la fecha para el juicio oral de una veintena de represores
imputados de delitos de Lesa Humanidad, se llevó a cabo una reunión entre un “juez con un imputado y los abogados
defensores de imputados”, en una actitud
que claramente funda el temor de parcialidad.
Esta reunión se celebró en el Club Argentino de Bahía Blanca entre el
juez Juan Leopoldo Velázquez, los defensores Rubén Diskin y Luis De Mira, el
juez Gustavo Andrés Duprat y el imputado Hugo Mario Sierra, que en términos de
la recusación se lee que Velázquez mantuvo “durante varias horas una mesa con
un imputado en la causa, uno de los jueces excusados de intervenir en el juicio
y dos abogados defensores de los imputados que debe juzgar”.
Acá es donde es bueno hacer memoria y recordar quiénes son estos “doctores” de
la ciudad de Bahía Blanca: en primer término, el abogado Hugo Mario Sierra se
encuentra imputado en la causa en el tramo de investigación parcial que se
encuentra en instrucción, y se lo imputa “a partir de la conformación de un
cúmulo probatorio suficiente que da cuenta que (…) formó parte del plan
criminal, clandestino e ilegal, implementado para secuestrar, torturar,
asesinar y producir la desaparición de personas, desde su posición de
secretario federal a cargo de la Secretaría Penal del Juzgado Federal de 1°
instancia de Bahía Blanca durante el tiempo de su desempeño, juzgado a cargo
del co-imputado -luego fallecido- Guillermo Federico Madueño”.
Y los abogados “Diskin y De Mira ejercen conjuntamente la defensa técnica de
Sierra en las imputaciones por crímenes contra la humanidad indicadas”.
A todo esto se añade que el abogado Luis María De Mira actúa como defensor del
imputado Hugo Carlos Fantoni; mientras que durante la instrucción ejerció la
defensa del imputado Argentino Cipriano Tauber.
Además de la reunión comentada existen otras manifestaciones de parcialidad, que
desde la Fiscalía se fue alertando oportunamente, como por ejemplo:
– La intervención en la causa de los jueces excusados Gustavo Duprat y Raúl
Fernández Orozco.
– La negativa a recibir en el ámbito judicial a querellantes.
– Las demoras en citar a juicio y realizar el debate.

Por todo esto es que se realizó esta recusación en busca de la “transparencia y
la confianza que deben rodear a los actos jurisdiccionales frente a las partes
interesadas -y, en el orden orgánico, se puede hablar de la necesidad de la
presencia de esas mismas condiciones en la relación que se establece entre
poder judicial y la totalidad de la ciudadanía-, ante la afectación constatada,
no resulta posible la restauración de la garantía comprometida sino mediante el
apartamiento del juez Velázquez y la posterior designación de un magistrado
neutral”.
El inicio de este primer juicio por las brutalidades cometidas por el
terrorismo de Estado en Bahía Blanca, que ya son de dominio público, estaba previsto
para el 26 de abril, pero justamente al cierre de esta edición es que,
nuevamente desde la agencia de noticias del poder judicial, se supo que “el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca postergó el inicio de un
juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad durante el
último gobierno militar. Si bien estaba previsto que el debate comenzara el 26
de abril, el tribunal dispuso aquella medida tras la inhibición de uno de sus
integrantes, el juez Leopoldo Velázquez”.

Por ahora no hay nueva fecha de inicio del juicio a los responsables de estos
delitos de Lesa Humanidad.

Otra
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
“Valiente muchachada de la Armada”

Se pudo conocer que en un hecho que marcará nuevamente la historia en la
búsqueda de la Verdad y la Justicia, el fiscal Federal de Bahía Blanca, dr. Abel
Córdoba, solicitó la requisitoria parcial de elevación a juicio contra 23
personas en el marco de la causa por investigación de delitos de Lesa Humanidad
cometidos en el ámbito de la Armada Argentina.
Integran el listado integrantes de la Armada Argentina, del Ejército, de la Prefectura
Naval Argentina, de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario
Bonaerense por hechos cometidos en la Base Naval de Puerto Belgrano y de
Infantería de Marina «Baterías».
Esta requisitoria incluye 37 hechos calificados como homicidios (14 de los
cuales fueron así calificados, 11 fueron con desaparición del cuerpo de las
víctimas), además de privaciones ilegales de
la libertad y tormentos. Estos hechos “ocurrieron
en diversos centros clandestinos de detención de la Armada Argentina
organizados en la Base Naval «Puerto Belgrano» y de Infantería de
Marina «Baterías», los que fueron calificados como crímenes de Lesa
Humanidad”.
La requisitoria a elevación a juicio es para Manuel Jacinto García Tallada;
Guillermo Martín Obiglio; Eduardo Morris Girling, Guillermo Félix Botto; Oscar
Alfredo Castro; Carlos Alberto Büsser, que son integrantes de la Armada
Argentina; y además recayó también sobre Eduardo René Fracassi, Ángel Lionel
Martín; Domingo Ramón Negrete; Hernán Lorenzo Payba; Alberto Gerardo Pazos,
Hugo Andrés Mac Gaul; Edmundo Oscar Nuñez; Enrique de León; Tomás Hermógenes
Carrizo; Leandro Marcelo Maloberti y José Luis Ripa, también de la Armada
Argentina.
De la Prefectura Naval Argentina están incluidos Félix Ovidio Cornelli; Manuel
Francisco Martínez Loydi; del Ejército Argentino, Carlos Andrés Stricker y
Felipe Ayala; de la Policía bonaerense, Víctor Fogelam; y el integrante del
Servicio Penitenciario Bonaerense Héctor Luis Selaya.

Recusación de Velázquez

(Comunicado de la APDH) “Tal como es de conocimiento público, lo referido al
juez Leopoldo Velazquez del TOF de Bahía Blanca, que debe juzgar los crímenes
cometidos durante la dictadura cívico militar genocida en Bahía Blanca y la
Región, cuestión a la cual nos referimos en nuestro documento del 24 de marzo
leído en el acto que realizáramos donde funcionó el CCD “La Escuelita”, cuando
decíamos: “En tanto, las maniobras de impunidad en la causa Ejército suma como
protagonistas a los jueces del Tribunal Oral Federal y particularmente a su
presidente dr. Leopoldo Velázquez, quien en contra de toda ética y las normas
judiciales se reunió con los abogados Diskin y De Mira, relacionados con la
causa cuando eso debe suceder con la presencia de todas las partes. También e
increíblemente se sumó a esa reunión alguien que era funcionario judicial,
actuando junto al ex juez fallecido impune Guillermo Federico Madueño siendo
uno de sus dos secretarios. Hablamos del abogado Hugo Mario Sierra quien a
pesar de todo esto sigue ejerciendo por la complicidad institucional, como
docente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Que
niega saber lo que pasaba en aquel juzgado y niega sus propias acciones en el
mismo. Como si todo esto fuera poco, se suma la maniobra inconstitucional del
juez excusado de la causa Dr. Gustavo Duprat. En noviembre de 2009, Duprat
solicitó su propia inhibición para entender en la causa y sus derivadas, por ‘parcialidad’
a partir de su alegada amistad con una de las víctimas del terrorismo de
Estado. Su excusación fue aceptada en febrero de 2010, con lo que quedó
apartado definitivamente, sin embargo violó esta excusación. Intervino a pesar
de esa excusación desestimando un pedido para revocar las excarcelaciones de
los imputados en el juicio oral aún sin fecha, y consideró que no existía ‘razón
de urgencia alguna como para justificarla’. Su decisión fue avalada por sus
colegas del TOF”.
Nuestro organismo decidió, desde la convicción que en la búsqueda de Justicia
que llevamos adelante desde los inicios de nuestra vida institucional, que es
necesario sostener coherentemente como siempre lo hemos hecho no ser solamente
testimoniales respecto de lo que sucedido en la etapa del genocidio en
Argentina, y en este caso sumar nuestro pedido de recusación al juez Leopoldo
Velázquez del TOF al presentado por la Unidad de Investigación de Crímenes de
Lesa Humanidad a cargo del fiscal Abel Córdoba.
Por tal razón mañana 14 de abril de 2011, habremos de presentar el escrito
correspondiente con ese pedido junto con los querellantes de Viedma (RN).
La Justicia se construye desde la palabra y los hechos. Este es un ladrillo más
que sumamos a esa construcción que asumimos hace un cuarto de siglo, para
cumplir con el mandato implícito que nos señala la necesidad de un país donde
la impunidad de la dictadura sea derrotada definitivamente”.

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2011-04-27 21:51:36
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