Ante La Comisión con tono campechano trató de justificar lo injustificable. De igual manera como lo hicieran varios medios de comunicación mientras se iban sucediendo las impugnaciones y tratando de lavarle la cara repitieron la perorata de que cuando se lo separó en el 2015 no fue por sus faltas sino porque en el Consejo de la Magistratura había muchas “K”.

Este personaje reciclado tiene correlato en la triste historia de la justicia federal local. Ulpiano Martínez, como juez subrogante a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca hasta 2015, fue quien incurrió en diversas obstaculizaciones para el avance en las investigaciones por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, motivo por el que su postulación ha sido impugnada por organismos de DDHH.

El propio senador nacional Rodolfo Urtubey, quien preside la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta comentó que durante las dos jornadas de la Comisión se dio acuerdo a más de 30 cargos importantes, “cuatro de ellos son para la cámara federal de Bahía Blanca”. El pliego que no pasó fue el de Ulpiano Martínez, pliego debatido sobre el final. “Un pliego que vamos a estudiar con detenimiento, ha habido muchas impugnaciones de Organizaciones de Derechos Humanos, hemos escuchado el descargo y las explicaciones que ha dado el dr. Martínez”.

Entre los varios Organismos de DDHH que impugnaron su pliego se encuentran Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la APDH local, H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca, La Red por el derecho a la Identidad, Madres y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Este último en un escrito de 12 páginas realizó su impugnación a la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de Bahía Blanca ante la Comisión de Acuerdos del Senado y fue claro al mencionar que Ulpiano Martínez tuvo tres años a su cargo el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, como juez subrogante. Durante ese tiempo mostró una incapacidad absoluta para asumir una tarea de similares características y responsabilidades.

“En un placard en el pasillo del juzgado que tenía a cargo se encontró material explosivo con la leyenda “…ojo está activado”, que fue analizado por expertos de la brigada de explosivos. Sin ningún tipo de resguardo ni cadena de custodia, había armas y otros explosivos a la vista, sobre los escritorios y estantes de las oficinas del juzgado. Había estupefacientes en todo el juzgado, hasta en la terraza: casi 138 kilos de marihuana, 7 de cocaína, 9 ampollas, un poco más de 2 kilos de hojas de coca, 10 paquetes de papel para armar cigarrillos, 297 cigarrillos armados de marihuana, 17 jeringas, 31 agujas”.

El CELS dio cuenta de que el relevamiento del “estado calamitoso en el que se encontraba el juzgado federal 1” fue la primera medida que tomó el juez Alejo Ramos Padilla cuando, quien fuera nombrado en reemplazo de Ulpiano Martínez ya que el Consejo de la Magistratura había resuelto no ratificarlo.

“Cuando Ramos Padilla asumió a su cargo el juzgado había una gran cantidad de detenidos sin indagar, algunos incluso llevaban meses privados de su libertad; había detenidos que no tenían resuelta su situación procesal, a pesar de haber sido indagados y otros que, por falta de registro, ni siquiera se sabía adónde se encontraban. Estaba pendiente la resolución procesal de más de medio centenar de imputados que estaban detenidos y tenía personas con su prisión preventiva vencida. No existía un listado de detenidos actualizado y confiable, por eso el nuevo juez debió librar oficios a las fuerzas de seguridad y penitenciarias para conocer la nómina de detenidos alojados a cargo del juzgado”.

Desorden

También se recuerda en el escrito que el Juzgado estaba en un “cuadro generalizado de desorden, desidia, atraso y falta de cuidado en que se encontraba la sede judicial, se tradujo en una grave crisis en la prestación del servicio de justicia. La falta de cuidado y respeto de Ulpiano Martínez por la función judicial se expresó, además, en la falta de organización de todas las causas sobre las cuales debía resolver, redundando en una afectación al derecho de defensa, al debido proceso y a obtener una resolución judicial en un plazo razonable de las personas imputadas en los procesos penales que estaban a su cargo”.

Lesa Humanidad

Sobre la intervención de Ulpiano Martínez en las causas por delitos de lesa humanidad, recordaron lo que todos en la ciudad sabemos: “sus intervenciones obstaculizaron los avances en la investigación de distintas causas. Ulpiano Martínez ni siquiera controlaba la posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores que gozaban de prisión domiciliaria, se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército. Intervino en la causa contra Vicente Massot y rechazó el pedido de instrucción que hizo el Ministerio Público sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Durante las tareas de normalización del juzgado, la secretaria informó que no podía acceder al disco donde se hallaban los archivos necesarios para el desarrollo de la causa “Triple A”, de los que no tenían copia.

Las resoluciones de Ulpiano Martínez fueron sistemáticamente revocadas por su superior jerárquico, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y fueron incumplidas igualmente por él. No solo estuvo dispuesto a decidir en forma arbitraria sino que tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia en Bahía Blanca”.

Por todo esto y como quedó registrado además por el Senado, Ulpiano Martínez está muy lejos de la idoneidad requerida para el cargo al que aspira insistentemente.

ORGANISMOS DE DDHH
En el escrito hecho público por los Organismos de DDHH, publicado en nuestra edición 657, y presentado como parte de las impugnaciones, dan cuenta de nombres y momentos concretos que sustentan el pedido al Senado de la Nación para que no convalide con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad para los acusados de delitos de lesa humanidad: “Asimismo, Martínez es responsable de haberle garantizado impunidad a Aldo Omar Vara -Capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército-, quien en los Juicios por la Verdad reconoció haber tenido contacto con ex alumnos de la ENET °1 en el centro clandestino de detención “La Escuelita” para obtener información y evitar que denunciaran los delitos de los que habían sido víctimas. En abril de 2013 los Fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron su detención, la cual fue rechazada por Martínez. En agosto de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó dicha decisión, y Martínez, en lugar de ordenar la inmediata detención de Vara, se apartó de la causa. Esto permitió a Aldo Vara profugarse en Ciudad del Este, República del Paraguay, donde finalmente fue detenido por Interpol el 28 de abril de 2014, falleciendo poco tiempo después.
Santiago Ulpiano Martínez también demoró el llamado a indagatoria de Vicente Gonzalo María Massot, dueño del diario La Nueva Provincia. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había ordenado que se indague acerca de su responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió a Martínez que abra la instrucción correspondiente, a lo cual se negó sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Dicha resolución fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, ante lo cual Martínez se inhibió de continuar entendiendo en la causa.
Además, Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, lo cual había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal, sosteniendo que dichos crímenes no eran de lesa humanidad. Esta decisión fue revocada también por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Frente a dicha resolución, en lugar de citar inmediatamente a indagatoria a los imputados, Martínez siguió tomando medidas dilatorias”.

Autor: Redacción Ecodías