La sala del Aula Magna de la Universidad en Colón 80, se colmó de jóvenes estudiantes de diferentes colegios de la ciudad. Asistieron tanto el ex Colegio Nacional de Bahía Blanca, y el de Punta Alta; también el colegio La Inmaculada y el Sarmiento de Ingeniero White. Alumnado y docentes presenciaron una jornada histórica de juicio a Genocidas donde la fiscalía pidió las respectivas penas para este 6to Juicio de Lesa Humanidad.

El día lunes, la fiscalía terminó de detallar los casos de las personas que son víctimas en este juicio, una por una; para tener bien presente sus vidas, sus historias, su compromiso y sobre todo dimensionar cómo el Terrorismo de Estado les truncó la vida a muchos y muchas de ellas desmembrando familias enteras, y cómo a los sobrevivientes les cambió el rumbo de sus vidas para siempre luego de haber padecido secuestros, torturas, violaciones, y demás delitos.

El fiscal auxiliar Pablo Fermento decía en el tramo describiendo a las víctimas:

“Todos estos casos dan cuenta de las vinculaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, todos pertenecían al mismo ámbito, las víctimas muchas de ellas se conocían antes de haber ingresado al Centro Clandestino, e incluso esto permitió que se reconocieran en esa sede y tiene que ver con que todas pertenecían a un mismo ámbito de identificación, de identidad, que tiene que ver con esto que estamos hablando que es el esfuerzo genocida por destruir las tramas sociales y esas tramas, esos vínculos de identidad, para transformar a la sociedad como tal”.

“Parte del plan de las Fuerzas Armadas fue destruir y ocultar toda esta prueba. Contamos con estas ventanas: el archivo de la prefectura es un archivo menor, es un órgano apenas de conexión, pero incluso allí, ya se alcanza a ver y a tomar dimensión de todo el entramado del circuito de Inteligencia y del circuito operacional. Los sobrevivientes que se dedicaron incansablemente a luchar, para que la memoria de los No Sobrevivientes no se perdiera, pudieron hablar sobre esto. Este fue el objetivo de los militares: el terror para el silencio, el silencio para el olvido. Queremos nosotros aquí comprobar el fracaso de esos objetivos, el compromiso del Estado de poder avanzar sobre esta valla de impunidad, de silencio y de complicidad también”.

Posteriormente la fiscalía comenzó a relatar los casos de los imputados, también uno por uno, acreditando en cada detalle, los roles que ocuparon y las responsabilidades de ser parte de este entramado delictivo que fue la Armada y de ser una pieza más, del genocidio planificado entre todas las demás fuerzas.

El día martes 7, la fiscalía continuó con la descripción de las responsabilidades criminales de cada uno de los imputados. Luego de esto se pasó a un breve cuarto intermedio, para hacer las consideraciones finales y el pedido de pena correspondiente.

“Consideramos que el colectivo al que fue dirigido ese genocidio en la Argentina, el colectivo de las víctimas, que integraban las víctimas, como opositores políticos, militantes estudiantiles, gremiales, políticos, del ámbito eclesiástico, conforman lo que allí se denomina como grupo nacional al cual se busca destruir, ya sea total o parcialmente”. “Cuando se refiere a la destrucción de un grupo nacional, de lo que se habla es de destruirlo tanto cuando ese grupo corresponde a otra nación o a la propia, e incluye los casos en que la destrucción abarca a un entramado identitario dentro del cuerpo social, habla de una parte sustancial de la sociedad y consideramos que eso fue lo que sucedió acá, con los 30.000 desaparecidos, pero no solo con ellos, sino con lo que tiene que ver con el colectivo identitario: la militancia política, la militancia estudiantil, las familias destruidas y la comunidad en general y esto se observa en la reacción comunitaria de estos hechos, el movimiento social por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que habla de cómo fue lesionada la sociedad”.

El plan del Ejército y las fuerzas “definía el blanco a combatir como “quienes realicen demandas reivindicatorias salariales, utilización de paritarias, reuniones de fábricas, marchas de protestas, paros, retiros de colaboración, trabajo a reglamento y sabotaje, las huelgas estudiantiles, las ocupaciones de establecimientos educativos, organizaciones religiosas con predica disociadora en facultades, colegios, misas, villas de emergencias, ligas agrarias”. Todas expresiones comunitarias que demostraban lazos que debían ser destruidos. El daño causado está todavía vigente”.

Delitos sexuales

Casi al final, el Ministerio Público hizo especial mención a que los delitos sexuales sean considerados de delitos de Lesa Humanidad y que se aborde toda la sentencia desde una perspectiva de género. Dijo el Fiscal José Nebbia:

“Se trata de un cambio de la perspectiva jurídica desde la que se miran estos hecho”. “Resulta ya indiscutible que los abusos sexuales constituyen una faceta de ese fenómeno criminal que nos estamos ocupando, lo cual integra la continuidad delictiva que dentro de la clandestinidad, los represores desplegaron, toleraron, habilitaron, propiciaron, conocieron, estimularon, silenciaron o directamente hicieron”.

“La violencia sexual que se ejerció en todos estos ámbitos, tuvo diferentes formas, desde la servidumbre sexual, hasta las violaciones, no solo por sus captores, sino entendiendo por violaciones a introducirle en la vagina, en el ano, los objetos con los que las torturaban. Esto tiene que ser claro y lo tenemos que decir con todas las letras. Cuando hablamos de revisación y a las mujeres las tocaban, o le introducían la mano en la vagina, en el ano, eso no es una revisación, eso es un abuso hecho y derecho. Las exposiciones a la desnudez en esas condiciones, también son consideradas dentro de este tipo particular de delitos, exhibicionismo con un claro sentido de humillación, de degradación”.

“Este Ministerio Público Fiscal considera que este fenómeno debe ser abordado con lo que se conoce como una perspectiva de género. ¿Cómo entendemos esta perspectiva? Bueno, justamente es una categoría analítica que nos tiene que permitir identificar, cuestionar y valorar, esa discriminación, esa desigualdad que existió por el hecho de ser mujer”. “Estos fenómenos que estamos hablando, es la violencia más extrema, es la que nos toca hoy acá. La violencia sexual durante la dictadura no fue para nada azarosa, en todos los Centros Clandestinos de Detención en general y en particular, la violencia sexual fue sistemática, no fue fortuita, formó parte del plan general de aniquilamiento y degradación, no fue para nada ningún exceso, porque la violencia sexual operó en esos momentos, como otros de los métodos de dominación y destrucción masiva de las personas”. “Este delito debe ser considerado como delito de lesa humanidad, hay un montón ya de jurisprudencia al respecto. De hecho lo extraño sería no calificarlo como delito de Lesa Humanidad en este momento de desarrollo por suerte, de nuestra jurisprudencia”.

La fiscalía acompañó todos estos conceptos, con abundante y variada jurisprudencia nacional e internacional para sustentar este pedido.

Complementó el Fiscal Pablo Fermento: “Consideramos que torturaron tanto los que estaban dentro del centro clandestino, como los que planificaban la tortura, la ordenaban, la coordinaban y también vamos a usar el mismo criterio en relación a la violencia sexual, a los abusos. Fueron violadores quienes estaban adentro del Centro Clandestino, como quienes incorporaron esta práctica al plan criminal y ese plan lo llevaron a la práctica a través de la transmisión de órdenes, y distribución de funciones”.

Antes del pedido específico de condena, la fiscalía aclaró:

“Consideramos que la pena no solo está fundada sino que debe ser adecuada, debe ser eficaz y debe ser proporcional a la gravedad de los hechos, y a la lesión provocada que todavía sigue vigente. En este sentido hemos asistido a una amplísima expresión comunitaria de reivindicación del proceso de Memoria Verdad y Justicia en su plenitud, y este desarrollo comunitario que ha tenido vaivenes, lo conocemos. Nació con las Madres, con las familias, con los organismos de Derechos Humanos que, vimos en los archivos de inteligencia, eran observados por el Estado incluso luego en democracia, en algunos casos eran archivos de la década del 90, pero también logramos que este movimiento, este compromiso, sea asumido por el Estado, y este compromiso hacia estos hechos, no implica solamente la investigación, sino también que sean sancionados eficaz y adecuadamente”.

“Estos hechos son los más graves que podemos conocer. Esta gravedad no puede escapar al momento de valorarse el monto de la pena. Hablamos no solo de lo que sucedió con las víctimas, sino de las relaciones que se entramaron para organizar este aparato criminal, la utilización de las instituciones, la indefensión en la que se colocó a la población y los mecanismos de impunidad. Esta es una forma de evitar su reiteración en el tiempo y consideramos que este es otro motivo para considerar que hay que aplicar una pena que es poner término a las garantías de impunidad”.

“Los delitos continúan vigentes, los 30mil desaparecidos continúan en esa situación, los niños apropiados continúan sin recuperar su identidad, de modo que el daño se sigue cometiendo, también esto tiene que ser valorado al momento de aplicar la pena. La desaparición desafía una de las condiciones más básicas de la esencia humana como es la realización del duelo, ninguna de estas familias pudo velar a sus desaparecidos, el valor de encontrar aunque sea los huesos, y sin embargo lo que tenemos como correlato de esto son los pactos de silencio, los compromisos de impunidad, compromiso que solo se resquebraja y lo hemos visto en este juicio, cuando se trata de pasar factura, o de echar a alguien por la borda, pero no más allá de eso. Ese compromiso también determina la justificación, la legitimidad de que estas personas sean penadas, es parte de decir Nunca Mas, que ningún miembro de ningún gobierno, bajo su amparo pueda volver a usar el sistema punitivo contra la población”.

En las primeras horas de la tarde, la Fiscalía cerraba el alegato con el respectivo pedido de penas:

12 años de prisión para Conti, Luis Oscar.

16 años de prisión para De León, Enrique.

25 años de prisión para Bilesio, Mario Y Rubatino, Herberto.

Prisión Perpetua para: Araoz De Lamadrid, Sergio; Araujo, Ricardo; Illa, Rómulo; Quintana, Arturo María; Moreira, Aristóbulo; Martínez Loydi, Francisco; Lorenzini, Alejandro; Hermelo, Hernán Álvaro; Shaller, Emilio José; Lacoste, Carlos Enrique; Figueroa, José; Louge, Carlos; Torra, Miguel Ángel.

En total 13 pedidos de prisión perpetua y 4 penas entre los 12 y los 25 años; que sean los delitos considerados Delitos de Lesa Humanidad, en el marco de un genocidio, como todos los juicios anteriores; que se revoquen todas las domiciliarias y excarcelaciones para que cumplan su condena en cárceles comunes y la baja y exoneración de sus fuerzas.

Las próximas audiencias se programaron para el lunes 20 y martes 21, cuando será el turno del alegato de la abogada Mónica Fernández Avello, por la querella de la Secretaría de Derecho Humanos de la Nación y por la Agrupación H.I.J.O.S.

Autor: Redacción Ecodías