Se rechazó
un pedido de allanamiento del diario La Nueva Provincia que tenía como objetivo
obtener documentación de su archivo que podría servir como pruebas en las
causas por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura.

Es sabido que las cosas han cambiado y que desde hace unos años se vienen
obteniendo logros en cuanto a la búsqueda de Verdad y Justicia por el
Terrorismo de Estado que causó 30 mil desaparecidos en nuestro país. Ello se
puede ver en los juzgamientos y condenas a varios represores de la dictadura y
también en el juicio que se avecina en Bahía Blanca para el próximo 28 de
junio. Pero no menos cierto es que algunas cosas no han cambiado, hay algunos
sectores poderosos que parecería que no se pueden tocar, sectores que la
impunidad sigue protegiendo.
La Cámara Federal de Apelaciones, aquella misma que hace poco fue destacada protagonista
por brindar excarcelaciones a 36 represores, denegó ahora el allanamiento al
diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. La medida había sido pedida por el
fiscal subrogante Abel Córdoba debido a que en el archivo del diario existiría
documentación que sería muy importante para la causa “Armada Argentina”.
El juez Eduardo Tentoni fue quien no hizo lugar al pedido del fiscal; éste
apeló la decisión pero, finalmente, la Cámara de Apelación rechazó el recurso
lo cual beneficia al diario de Massot, el mismo que homenajeó a Massera y ha
publicado y publica constantes defensas del Terrorismo de Estado cayendo así en
la apología del delito.
En diálogo con EcoDias, el fiscal Córdoba explicó en detalle las causas que
motivaron el pedido de allanamiento: “En las investigaciones que se desarrollan
tenemos diferentes tipos de pruebas, desde testimonios hasta documentación. La
documentación es una de las bases de este proceso, tenemos incorporada a la
cusa documentación de los servicios de Inteligencia, de la Policía de la
provincia, de la Prefectura Naval Argentina pero también hay documentación que
está en manos de empresas privadas. El caso más obvio, y que surge de la causa
desde que empieza a instruirse y documentarse este tipo de hechos, es que en el
diario La Nueva Provincia habría documentación de interés para la causa, ya sea
fotografías de personas imputadas, posibles imputadas, así como de víctimas,
también porque han sido publicadas en diferentes ediciones. También se han
difundido comunicados de prensa emitidos por los sectores que hoy están
imputados, básicamente del Ejército y existió por parte de esa empresa una cobertura
total de cada uno de los actos militares”.
Señaló Córdoba que la investigación no tiene por qué limitarse a una
formalidad, es más, las pautas internacionales hablan de una investigación lo
más enérgica y abarcativa posible: “En ese plan es que desde la Fiscalía se
planteó contar con esa documentación que existe en la sede del diario La Nueva
Provincia. Al momento de evaluar qué medidas procesales concretas había que
tomar con esa documentación, dada la postura que ha tenido la empresa -uniforme
desde el momento en que difundía la versión oficial de los hechos, la versión
de los autores de los hechos, hasta el momento donde desde allí se sigue
cuestionando tanto a las víctimas como haciendo una defensa de los autores,
muchos de ellos significativos como por ejemplo Massera-, la única medida que
entendí posible es el allanamiento y el secuestro de esa documentación. Y
entiendo que no es sólo la única medida posible sino que era una medida
proporcional, que no afectaba los derechos de libertad de prensa de la empresa,
y que a la vez era proporcional dado el interés que tenemos y todos los puntos
que todavía restan desarrollar en la causa”.

Libertad de prensa, libertad de empresa
El pedido de Córdoba fue rechazado en primera instancia por el juez, quien
argumentó que una medida de ese estilo vulneraría la reserva de fuentes del
diario La Nueva Provincia: “Yo entiendo que eso no es así porque las fuentes
las conocemos, son las fuentes que están enunciadas en la causa. Por otro lado,
el juez consideró que había otras medidas que se podrían ir tomando lo cual no
es excluyente, si hay medidas pendientes las debería tomar y a la vez disponer
este tipo de medidas”.
A su vez, la Cámara de Apelaciones señaló no sólo el mismo argumento respecto a
la reserva de las fuentes sino que también se podría ver afectada la libertad
de prensa del medio si un juez entra a la sede a buscar documentación
relacionada con estos hechos, “con lo cual se ha puesto un límite férreo al
proceso judicial. Entiendo que se ha privado de la incorporación de elementos
valiosos para la causa, para diferentes investigaciones. Es la decisión de los
magistrados y es la fundamentación que se ha hecho de la medida”.
Aclara Córdoba que incluso existía la posibilidad de no retirar la información
del diario sino que se podría escanear y dejarla en poder de La Nueva
Provincia. Sin embargo, la medida no prosperó. Las consecuencias son que se
dejan de documentar numerosos aspectos y se pierde de contar con elementos de
prueba que podrían ser valoradas en un juicio oral. La mayor pérdida radica en el
sentido de que ante esta situación, en el supuesto caso de que en un futuro el
allanamiento prospere, lo más seguro es que la documentación buscada ya no se
encuentre en el diario por haber sido retirada a propósito: “Por eso yo decía
que la documentación estaba al momento de pedir el allanamiento, hoy con la
medida publicada en el sitio de la Corte, esa posibilidad depende del dueño de
La Nueva Provincia”

Reseña
Córdoba explicó que el pedido fue realizado en el mes de diciembre “la idea
era posibilitar también la medida en una época en que haya menos actividad cosa
de no afectar tampoco la actividad periodística salvo por unas horas. Ante el
rechazo el juez apelamos y eso llevó un trámite, incluso para obtener la
resolución de Cámara fue necesario plantear una denuncia de pronto despacho y
recién después se obtuvo la resolución de cámara que coarta la posibilidad de
acceder a ese tipo de archivos”.
Según Córdoba, la causa no tiene que tener otro límite que la prueba: “Esto lo
que hace es limitar la causa, la posibilidad de otro desarrollo de la causa”.
Si bien existen archivos con publicaciones originales del diario La Nueva
Provincia al momento de la dictadura, la información más importante es la que
no se publicaba y que podría estar, o haber estado hasta hace días, en el
archivo del diario: “En el pedido de allanamiento hacía hincapié en que toda
publicación periodística refleja parcialmente toda la documentación y toda la
información con la que cuenta la empresa. Es decir, si en algunos hechos donde
hubo víctimas que hoy están en investigación se publica una foto, lo más
probable es que haya cinco o diez fotos. Lo mismo que si un comunicado está
firmado por determinadas personas y esa información no es publicada. Esa
información es relevante todavía hoy en la causa: como esa medida no se dio,
hoy esta documentación está en peligro”.