A pesar de las
históricas trabas para lograr condenar a los represores, las cuales se
intensificaron a principio de 2011, el juicio contra 17 acusados que tuvo hasta
ahora 250 testimonios, la formulación de 121 imputaciones y las 50 elevaciones
a juicio, hablan de un año con avances importantísimos en la búsqueda de Verdad
y Justicia.

La
reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura en
Bahía Blanca, se produjo hace aproximadamente cinco años. Si bien el trabajo
que se ha ido haciendo durante todo ese tiempo desde la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos es sumamente destacado, tal vez pocas personas pensaban que en
la actualidad nos íbamos a encontrar con un juicio contra 17 represores y varias
noticias positivas en torno a las causas y el futuro de las mismas.

Informe
Días atrás la Unidad dio a conocer un informe donde se detalla el estado de
las causas. EcoDias conversó con el fiscal Abel Córdoba quien lo analizó: “A
modo de balance la Unidad hizo un informe para constatar en datos confirmados
cuál es el estado de situación de las causas en Bahía Blanca, lo cual arroja en
la mayoría de los aspectos un balance muy positivo dada la dificultad que se
tiene en esta jurisdicción, está entre las más difíciles del país, para avanzar
en esta temática. En ese sentido es muy significativa la dimensión que tienen
las causas”.
El fiscal destacó la formulación de 121 imputaciones así como también señaló
como alentador que se esté juzgando a 17 acusados de la causa Ejército, “que la
totalidad de ellos esté en detención y por otro lado el número de 50 elevados a
juicio permite avizorar que los meses que siguen, entre la posibilidad de
completar el juicio oral que marcha a muy buen ritmo más el inicio de otros
procesos, permite ver que esta situación en los próximos meses será buena
también para avanzar e ir cerrando los diferentes procesos que están en curso”.
Como se decía al principio, los avances en la materia son importantísimos
teniendo en cuenta cómo había arrancado 2011 en ese sentido, y todas las trabas
que impuso en todos los años anteriores el juez vitalicio Alcindo Álvarez
Canale para que se impartiera justicia: “Si uno compara la situación que
teníamos a principios de año con la actual, en enero teníamos un tribunal que
no fijaba fecha y que por los criterios que veníamos viendo en las
excarcelaciones había excarcelado a la mayoría de los acusados, tuvieran o no
antecedentes de fuga o de períodos de prófugo, y esa situación se destrabó a
partir de un planteo recusatorio. A partir de ahí la situación fue mejorando,
se avanzó con buen ritmo, se detuvo a los acusados y eso permite ver que en el
primer semestre del año que viene, seguramente se completará el primer juicio
oral”.
A partir de allí se estudiará cómo se actúa respecto a los tramos que siguen de
la causa Ejército, ya que hay diez acusados radicados ante el Tribunal Oral y
varios que en los próximos meses estarán en las mismas condiciones.

Testigos
Se estima que la totalidad de testigos aportados por la Fiscalía para el
juicio que se desarrolla contra 17 represores, llega a 400 de los cuales,
señaló Córdoba, ya han declarado 250, “lo cual da bastante más que la mitad
dado que los que han fallecido y los que no están en condiciones de declarar más
algunos desistidos, estamos en un panorama muy avanzado del juicio, tratando ya
el último tramo de los hechos”.
Aún contando con que declaren todos los testigos, el juicio, dijo Córdoba,
finalizará en pocos meses más. Luego de los testimonios ofrecidos por Fiscalía,
vendrán los de las defensas “pero han ofrecido muy pocos testigos o casi no han
producido pruebas. Un juicio oral trata una hipótesis del acusador, de la
Fiscalía, que tiene que ser comprobada con pruebas al cabo del juicio y en
función de eso ver luego qué medidas se piden. Al cabo de lo que ha avanzado se
van comprobando cada una de estas hipótesis de responsabilidad de los acusados
que están hoy siendo juzgados en los diferentes hechos”.
De los 250, hubo tres casos de falso testimonio que determinaron la detención
de los testigos que cometieron ese delito: “Lo significativo es que en los tres
casos han sido miembros de diferentes fuerzas: un suboficial del Ejército, un
profesional del Servicio Penitenciario y un suboficial de la Policía bonaerense.
Evidentemente, el compromiso institucional que hubo con estos hechos tiene un
remanente hoy en algún compromiso personal que se traduce en esta reticencia a
colaborar con circunstancias que ya han sido probadas”.
Acerca de qué va a ocurrir con el resto de los imputados en la causa Ejército
que todavía no acompañan a los 17 juzgados, Córdoba informó que si la causa se
acumula no debería conformarse un nuevo tribunal aunque habría que ver los
planteos de la defensa y su sustentación. Es decir, que de acumularse, seguiría
el actual juicio con más represores sentados y tal vez con la repetición de
algún acto procesal o testimonios.

Respeto
Cada testigo al momento de declarar recibe asistencia psicológica. EcoDias
consultó al fiscal sobre esa tarea: “Es otro aspecto del Tribunal Oral que está
actuando que nos tiene conformes además del ritmo de las audiencias, ya que las
personas están siendo tratadas con mucho respeto y considerando la
particularidad de los hechos que tienen que exponer ante el tribunal que son
hechos dolorosos y traumáticos en sí”. En ese sentido, agregó, existen varios
dispositivos previos a la audiencia, durante la misma y con posterioridad a
ésta, que ayudan a atenuar lo que implica sentarse a declarar sobre episodios
de este estilo.

Un año histórico
“Es altamente positivo el balance sobre todo en este aspecto de que al cabo
de 35 años estamos muy cerca de completar el primer juzgamiento y de una
entidad considerable. Más allá de que haya sido un año en donde hubo escenarios
difíciles sobre todo con lo que fue y es todavía la acusación a responsables
civiles en las audiencias indagatorias que se están llevando a cabo en estos
días, por superposición de fechas está actuando el doctor Castaño en estas
indagatorias y ha sido quizás uno de los aspectos más trabajosos que ha habido.
Pero aún así se ha podido avanzar. Hoy, luego de innumerables recursos y
pedidos se están indagando, y serán los jueces quienes decidirán qué
responsabilidad les cabe. Pero también esa situación está encaminada, aún con
dificultades. Luego empieza también a ser posible avanzar hacia otras
cuestiones pendientes que también una vez que completemos estos tramos, iremos
hacia otros aspectos que siguen pendientes de su juzgamiento”, dijo el fiscal
Abel Córdoba.

Causa Armada
No hay que olvidar que pese al juzgamiento de represores y de la situación
de los que aún faltan en la causa Ejército, existe también la llamada causa
Armada. Al respecto, Córdoba señaló: “De lo pendiente lo más avanzado es la
causa Armada, que es quizás otra de las grandes deudas pendientes del poder
judicial con estos crímenes. En eso tenemos 21 elevados a juicio en condiciones
ya de integrarse el tribunal. Del Tribunal Oral titular, que es el 1 de Bahía
Blanca, se excusaron la totalidad de los miembros, con lo cual ahora estamos en
período de conformación de un nuevo tribunal. Si eso ocurre rápido es posible
que en los próximos meses también haya un inicio de ese juicio”.

En cifras
Del total de 121 imputados, 16 han fallecido en el curso del proceso
mientras que 3 se encuentran prófugos y a dos se les suspendió el proceso penal
en razón de que presentan incapacidad sobreviviente.
También son 16 de los 121, a los que se ha indagado y se encuentra pendiente el
dictado de resolución que determine su situación procesal. Por su parte, los
procesados suman 6.
El juicio actual es contra 17 represores al tiempo que respecto a otros 52, se
ha formulado la requisitoria de elevación a juicio.
El informe describe que se dispusieron un total de 8 faltas de méritos y que un
imputado todavía tiene pendiente la audiencia indagatoria por razones de salud.
De los 121 acusados, 65 son miembros retirados del Ejército, 32 pertenecen a la
Armada, 7 a la Prefectura Naval Argentina y 5 a la Policía Federal.
Otros 4 son agentes retirados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 2
son del ámbito civil, 1 de la Policía de la Provincia de Río Negro y 1 del
Servicio Penitenciario Federal. Por último, otros tres imputados formaron parte
del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Acerca de las condiciones de los imputados, sobre un total de 100, sin
considerar fallecidos, prófugos ni aquellos con proceso suspendido, 41 se
encuentran detenidos. 25 están excarcelados sin restricciones, mientras que 5
están excarcelados pero con restricciones.
Hay 32 imputados que cumplen prisión preventiva domiciliaria mientras que a dos
restantes no se les ha aplicado medida de restricción de libertad alguna, más
allá de la prohibición para salir del país.