El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín comenzó a juzgar desde el martes 21 de octubre al ex gerente de Manufactura de la automotriz Ford, Pedro Müller, al ex jefe de Seguridad de la planta de esa firma en General Pacheco, Héctor Francisco Sibilla, y al ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de la automotriz durante la última dictadura cívico-militar. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrán el fiscal general titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y la fiscal federal María Ángeles Ramos.

Tras una serie de postergaciones durante más de dos años que derivaron en que un imputado no pudiera participar del debate en ciernes -el ex gerente de Relaciones Institucionales de Ford, Guillermo Galarraga, falleció en junio de 2016-, finalmente los jueces Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Diego Barroetaveña -junto a Eugenio Martínez Ferrero como cuarto magistrado- darán inicio a una causa emblemática sobre la participación empresaria en crímenes del terrorismo de Estado. En efecto, la imputación a gerentes de la empresa tiene relación fundamentalmente con el hecho de que dentro del mismo predio fabril funcionó un centro clandestino de detención. Fue instalado en el quincho, que era el lugar de reunión y esparcimiento de los trabajadores.

De acuerdo a los requerimientos de elevación a juicio oportunamente formulados por el MPF, las víctimas fueron detenidas entre los meses de marzo y agosto de 1976 y la mitad de ellas desde la planta de Ford Motors Argentina S.A. ubicada en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, quienes en su mayoría se desempeñaban como delegados y operarios de esa compañía. Una vez detenidas, fueron atadas, encapuchadas, golpeadas y desde la sede de la empresa, después de un lapso temporal de entre ocho a diez horas, fueron trasladadas a las Comisarías de Tigre y de Ingeniero Maschwitz, donde permanecieron en promedio cuarenta días en calidad de detenidos desaparecidos hasta que fueron legalizados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en diferentes unidades penitenciarias, como las de Villa Devoto, La Plata y Sierra Chica.

De los elementos de prueba incorporados a la investigación surge que, en muchas ocasiones, las familias de los trabajadores recibían intimaciones de parte de la empresa para que se presenten a trabajar bajo la amenaza de ser despedidos, aun cuando las detenciones se habían producido dentro de las instalaciones de la firma y a la vista de gran cantidad de testigos.

Responsabilidad de los directivos y calificación legal de los crímenes

A Riveros, se lo acusa de ser coautor de los delitos de allanamiento ilegal en cinco oportunidades, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por violencia y amenazas reiterada en 24 oportunidades, y por haber transcurrido más de un mes en 9 hechos y tormentos agravados por haber sido las víctimas perseguidos políticos, al desempeñarse como jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo desde 1975 hasta fines de 1978.

En cuanto a Müller y Sibilla, en particular, se les endilga el haber aportado los medios necesarios para la comisión de dichos crímenes.

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