La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo el lunes 17 en La Plata al capitán de corbeta retirado Ricardo Joaquín Molina, de 87 años, quien estuvo prófugo desde 2009 -y con pedido de captura internacional desde 2010- en la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados por personal de la Armada en Bahía Blanca durante la época del terrorismo de Estado. El imputado fue jefe del Departamento de Seguridad y Operaciones de la Base Naval Puerto Belgrano entre marzo y noviembre de 1976.

El militar, por quien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrecía una recompensa, fue detenido en el domicilio de su esposa, luego de que se pudieran determinar sus movimientos gracias a la intervención de los teléfonos de su entorno familiar. La medida fue obtenida por la Unidad Fiscal gracias a un recurso presentado ante la Cámara Federal, dado que el juez Walter López Da Silva se había negado a llevarla a cabo por considerar que era una «gravosa medida de injerencia en el ámbito de la intimidad de las personas».

En su recurso, a fines del año pasado, la Unidad Fiscal, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani y del fiscal ad hoc José Nebbia, había remarcado que “el tiempo desde que se ordenó la captura del imputado» y «su avanzada edad» son «extremos que profundizan la necesidad de no dilatar la adopción de medidas necesarias y pertinentes para posibilitar la investigación de los hechos y el eventual juzgamiento del mismo”. Remarcaron entonces que «se trata de determinar el paradero de un imputado que hace más de seis años se encuentra eludiendo la actuación de la justicia, y que está acusado de cometer delitos en el marco de un fenómeno de terrorismo de Estado, que pergeñó múltiples maniobras para lograr la impunidad de sus responsables”.

El 8 de junio, la Cámara Federal por mayoría revocó la negativa del juez de instrucción y autorizó la prórroga de las intervenciones telefónicas, medida que había sido recomendada por la PSA, la fuerza que investigó el paradero del militar.

La detención de Molina había sido requerida por primera vez en 2008 por el entonces fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, por los delitos perpetrados contra trece víctimas. La Unidad Fiscal luego amplió aquél pedido a los hechos sufridos por otras veintiún personas.

La Base Naval Puerto Belgrano, donde se desempeñó el acusado, era entonces la principal base de la Armada Argentina, que actuaba como sostén logístico y proveía seguridad a las Fuerzas y Unidades Navales.

Según informó a Fiscales la Unidad Fiscal bahiense, «el Departamento que dirigía Molina era el órgano de inteligencia de esa estructura, tenía la función de asistir ‘al Jefe de Base en asuntos de Inteligencia, Contrainteligencia y Acción Psicológica’, e intervenir ‘en la coordinación y supervisión de actividades y disposiciones de Contrainteligencia'». Agregó que «bajo el mando de Molina, se encontraban las Divisiones Contrainteligencia y Policía de la Base Naval» y que «la primera fue uno de los principales elementos de inteligencia utilizados para llevar adelante el plan de exterminio en la región, operando de manera coordinada con los órganos de inteligencia de la Comunidad Informativa de la Subzona 51 y Zona 5».

En efecto, Contrainteligencia estaba a cargo del teniente de corbeta Tomás Hermógenes Carrizo, quien actuó bajo el mando de Molina en 1976, y fue condenado a prisión perpetua en 2015.

En tanto, en la órbita de la División Policía -también dependiente de Molina- funcionaba la Policía de Establecimientos Navales, en cuya sede operó uno de los centros clandestinos de secuestro y tortura, por donde transitaban las víctimas que luego eran encerradas en el Buque ARA 9 de Julio.

Tanto el recientemente apresado Molina como el condenado Carrizo fueron reconocidos por distintas víctimas sobrevivientes que siguieron aquél derrotero y que años después declararon en sede judicial.

Fuente. www.fiscales.gob.ar

EL SEÑOR JUEZ
Un respetuoso de la intimidad
Apenas una semana antes que atraparan al ex jefe de Inteligencia y Operaciones de la base naval de Puerto Belgrano durante la última dictadura, Ricardo Joaquín Molina, prófugo de la Justicia; el gobierno nacional restablecía la vigencia de la recompensa ofrecida para dar con su paradero.
En su momento ascendía a 100.000 pesos. Pero hacia el año 2016 remontó.
Con la firma de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, el pasado 11 de Julio se volvía a fijar en 500.000 pesos la recompensa para las personas que quisieran suministrar datos sobre varios represores que, al igual que Molina, están prófugos. La resolución del Ministerio de Seguridad fue publicada en el Boletín Oficial, y fija recompensas de 500.000 pesos para quienes aporten datos de Jorge Raúl Vildoza, el mismo que su mujer dice que murió en 2005 en Sudáfrica; y por datos sobre Juan Carlos Linarez, Héctor Mario Schwab y Juan Carlos Vázquez Sarmiento.
Lo que no pasa inadvertido es que el propio juez Walter López Da Silva, del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, fue quien manifestó que no existían objeciones respecto de la iniciativa de prorrogar el ofrecimiento de recompensa respecto del prófugo Ricardo Joaquín Molina. Justamente este juez es el mismo que se había negado a que se intervengan los teléfonos del entorno familiar del prófugo. Dijo el respetuoso juez Walter López Da Silva que era una «gravosa medida de injerencia en el ámbito de la intimidad de las personas».