Mientras marchamos

El 19 de febrero de 2020, día en que las mujeres marchamos una vez más para que el aborto sea legal, seguro y gratuito, para dejar de morir y dejar de ser criminalizadas, el Tribunal Criminal Nro. 3 de Bahía Blanca, condenó a Rosalía por homicidio calificado a 8 años de prisión efectiva con el voto unánime de tres jueces (una mujer y dos hombres).

Sí, el 19F, durante el “pañuelazo” y mientras marchamos nuevamente para que se nos mire de manera integral, para que se vea a la mujer detrás del embarazo, para dejar de ser sólo un envase, Rosalía (en prisión desde el mes de junio del año 2019) se entera que lxs jueces de su juicio la sentenciaron a 8 años de prisión por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios ocasionando con ello su muerte.

A su hija recién nacida que había parido sola en el baño de su humilde casa. El parto se desencadenó de manera espontánea, estando presentes sus 4 hijxs menores de edad. Fueron dos contracciones fuertes, mucho dolor, sangre, miedo y un desmayo. Parió sola, a las 23:30 horas, luego de haber trabajado ese y todos los días en el frigorífico de pollos “La Gleba” (una suerte de cooperativa de trabajo dependiente de la Universidad Nacional del Sur) desde las 5 a.m. hasta las 21 hs.

Carecía de derechos laborales, pues estaba inscripta en el régimen del monotributo no por elección claro está sino por imposición. Tenía 4 hijxs a los que criaba y alimentaba sola pues los padres de lxs niñxs, clásicos hombres abandonadores, violentos y abusadores se habían desentendido de la manutención de sus hijxs.

La acusaron de “llevar un embarazo a término” cuando no se pudo determinar con exactitud cuántas semanas de gestación cursaba. También la acusaron y la condenaron por «provocar» la muerte de su hija recién nacida por no prestarle los auxilios necesarios. Rosalía parió en el baño de su casa, sola, cansada, dolorida, agotada, asustada y se desmayó. Despertó y cortó el cordón como pudo, como supo. Comenzó a desangrarse y cuando pudo atender a su hija, ya estaba muerta. Nunca nadie la ayudó, ni los padres de sus hijxs y mucho menos el Estado, que la tenía al borde de un régimen de explotación laboral sin derechos.

Sin embargo, ahora el Estado le reprocha no auxiliar a su hija recién nacida, en las terribles condiciones en las que transitó el parto. Detrás del reproche penal subyace el reproche moral y clasista a la mujer pobre, propio de una sociedad y un Estado en que el patriarcado sigue profundamente arraigado: era madre soltera, de 4 niñxs, las dos primeras de un hombre, los dos más chiquitxs de otro, quedar embarazada otra vez? Otra boca para alimentar? Sola? Porque no le ligaron las trompas? por y para qué siguió teniendo hijxs? ahora que se embrome, ahora que pague. Dijeron disparates: que ocultó el embarazo (como si en su situación laboral hubiera podido hacerlo público) que se autopreservó, que planeó todo (hasta casi su propia muerte por parir en esas condiciones).

El 19F, mientras marchamos una vez más para ser vistas como mujeres y no sólo como un vientre, el patriarcado ganó una nueva batalla».

Autor: Redacción Ecodías

Nueva suspensión del juicio por crímenes de la Triple A

H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la APDH Bahía Blanca emitieron sendos comunicados para repudiar el aplazamiento del inicio del juicio, que debía empezar el miércoles 12 de Febrero, según la fecha dispuesta por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca.

En la causa “Aceituno, Raúl Roberto y otros, s/ tortura, priv. ilegal de la libertad. pers. …”, denominada Causa Triple A, se “juzgará la participación de cuatro acusados de pertenecer a la patota parapolicial que persiguió, torturó y asesinó a compañeros y compañeras en el periodo previo a la instauración de la dictadura y del cual nuestra Agrupación es la única querellante”, señalaron desde Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) Bahía Blanca.
Los acusados son: Raúl Roberto Aceituno, imputado por el homicidio del estudiante David Watu Cilleruelo; y Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, imputados por asociación ilícita. El quinto imputado de la causa, Héctor Oscar Chisú, falleció en 2019, quedando impunes sus crímenes.
“En la Bahía del Silencio no hay juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura desde hace cerca de seis meses y el llamado pomposamente juicio a la Triple A sigue en suspenso, ahora oficialmente”, inicia el comunicado que lleva la firma de Eduardo Hidalgo, secretario general de la APDH de Bahía Blanca.
El dirigente social exigió en duros términos que el que el Tribunal Oral Federal integrado por Roberto Amabile, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava dé un paso al costado: “Cuando las patéticas sentencias del último juicio se dictaron, dije públicamente que con jueces y tribunales así no se podía seguir y menos con un Poder Judicial corrupto ideológicamente… Estos jueces, que ahora además suspenden juicios y por tanto obligan a perder otro año más luego de transcurridos 44 años en busca de condena a los genocidas, deben renunciar ya”.