El día 7 de mayo el Grupo de Curas
en la Opción
por los Pobres, en su primera reunión anual, emitió un duro comunicado donde
pide al Episcopado Argentino que modifique su actitud respecto del
encubrimiento a los represores que cometieron delitos de lesa humanidad durante
la última dictadura cívico militar eclesiástica.
Explicitan en su declaración el caso del sacerdote prófugo
Aldo Vara, sobre quien pesaba captura internacional desde octubre de 2013 “por
su presunta complicidad con torturas durante la dictadura”, y a quien el
Arzobispado de Bahía Blanca le pagaba su jubilación a través de un apoderado,
el martillero Leopoldo Bochile,
quien junto a su hija, la escribana Mónica Bochile,
ex concejal, administraba las propiedades que el sacerdote poseía en Bahía
Blanca ya en la década del ’90.
Luego de invocar lo que los obispos argentinos dijeron en su
Asamblea Plenaria en noviembre de 2012 (“hemos colaborado con la justicia,
cuando se nos solicitó información, de la cual podíamos disponer. Además,
exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o
conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente
obligados a acudir a las autoridades pertinentes»), el grupo de sacerdotes
esperaba “que los obispos contribuyeran con sus gestos y palabras a que les
creyéramos que lo que afirman es realmente lo que piensan y harán”.
¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al Arzobispo de
Bahía Blanca asistiendo a un prófugo de la justicia? “Si lo hubiese hecho por
desconocimiento, miedo, o algún otro condicionamiento debería expresarlo
públicamente para facilitar una mejor comprensión de la situación y en todo
caso pedir disculpas a la sociedad más allá de lo que la justicia pueda
requerir de él. El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la
idea de encubrimiento de un imputado en un delito de lesa humanidad, sospecha
de la que el episcopado argentino no ha podido despegarse”.
En abril del año pasado, durante un breve encuentro en la Plaza San Pedro, el Papa
Francisco le manifestó a la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo “Cuenten
conmigo, estoy a su disposición», momento en el cual Estela de Carlotto
le entregó un pañuelo blanco -símbolo de la lucha de las Abuelas- y una carta
con el pedido de que interceda y la ayude en la búsqueda de los nietos. En esa
línea se agrega el planteo de la organización de sacerdotes argentinos de que
“debería ser una exigencia ineludible para los obispos argentinos y para toda la Iglesia entregar sin
demora los archivos eclesiásticos que guarden información importante para
esclarecer delitos tan graves que han ocasionado -y ocasionan todavía- grandes
perjuicios y sufrimientos que sólo la verdad, la memoria y la justicia podrán
esclarecer”.
A días de conmemorarse los 40 años del asesinato del padre
Carlos Mugica,
se ilusionan con “una señal oportuna para la iglesia de hoy del necesario
compromiso con las víctimas de la pobreza, la injusticia y el terrorismo de
estado”.