Alejandro Inchaurregui, fundador del Equipo Argentino
de Antropología Forense brindó su valiosísimo testimonio al haber trabajado en
los casos de las victimas Mónica Morán y Carlos Rivera. Sin embargo, su importante
aporte fue interrumpido en numerosas oportunidades por la defensa.

La audiencia del martes 28 de febrero de 2012 por la mañana resultó accidentada
desde sus inicios. Es que el habitual horario de las 9 de la mañana no se
cumplió y recién cerca de las 11 se dio inicio a una nueva jornada de
juzgamiento contra 17 represores, acusados de crímenes de lesa humanidad en
Bahía Blanca.
Esta vez, la platea del Aula Magna de la
UNS tuvo dos asientos vacíos porque de todos los imputados
faltaron Héctor Selaya y Jorge Delmé, ambos ausentes por problemas de salud.
Y continuó siendo una mañana accidentada porque se esperaba una audiencia con
importantes testimonios debido a la labor que cumplen o cumplieron los
declarantes y sin embargo, en uno de los casos, las constantes interrupciones y
quejas de la defensa hicieron que el relato se entrecorte insistentemente.
El primer y único testigo de la jornada fue Alejandro Inchaurregui, perito en
antropología forense y fundador del conocido Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF).
Inchaurregui, de 55 años y ahora funcionario judicial, declaró mediante
videoconferencia desde la ciudad de La Plata. Según explicó el EAAF se fundó formalmente
en agosto de 1986 aunque de manera informal venían realizando peritaciones
desde el año 1984 en el contexto del trabajo de la CONADEP. : “La antropología
forense surge de la necesidad de identificar las victimas de la guerra de
Corea”, explicó el testigo.
Respecto a la experiencia acumulada, señaló una que se trabajó en gran cantidad
de casos y especialmente destacó uno que ocupó más de dos años y en el que se
exhumó una fosa común en la que había 350 esqueletos, mediante técnicas de la
arqueología histórica: “Eso permite recuperar los 206 huesos de un esqueleto
maduro, más las 32 piezas dentarias.”
También Comentó sobre trabajos en otros países y de cómo los poderes judiciales
comenzaron a pedir la intervención del EAAF
Por esta labor, Inchaurregui se pronunció en la Organización de las
Naciones Unidas y además fue parte, junto al resto del EAAF, de la recuperación
arqueológica de los restos de Ernesto “Che” Guevara.

El arte de no querer escuchar
El EAAF es uno de los pilares en la Argentina dentro de lo que es la recuperación de
la memoria ya que con su trabajo de búsqueda han logrado recuperar los restos
de personas desaparecidas durante la dictadura militar.
Ese trabajo es un eslabón más que permite conocer la historia y saber a ciencia
cierta lo que ocurrió durante aquellos años represivos.
Fue por esa razón, que desde la fiscalía se le pidió al testigo una descripción
del mecanismo represivo: “Fue un mecanismo represivo singular, en Uruguay por
ejemplo que paralelamente había una dictadura, había presos políticos en
condiciones de extrema seguridad…” alcanzó a narrar el testigo hasta que el
excéntrico abogado defensor Eduardo San Emeterio interrumpió quejándose de que
se trataban de opiniones del testigo que nada tenían que ver con su
especialidad.
Aceptada la protesta por los jueces, el fiscal Abel Córdoba intentó que el
testigo explicase el método de desaparición de personas: “Lo que definió la
dictadura militar argentina fue la figura de la desaparición forzada e
involuntaria de personas. Es una figura muy sofisticada desde el punto de vista
represivo, superadora del crimen político profesional porque incluye el
ocultamiento del cuerpo. La desaparición es lo que define a la dictadura”,
relató Inchaurregui quien mientras describía el tipo de manejo de la dictadura
a través del secuestro, desaparición y torturas, fue nuevamente interrumpido
por la defensa.
Por estas razones, se tuvo que consultar al testigo solo por su labor
específica, en especial cuando la cumplió en Bahía Blanca ante los casos de
Mónica Morán y Carlos Rivera, ambos víctimas de nuestra ciudad. Señaló que el
de Morán lo tenía muy presente y al otro también aunque no por el nombre.
Cree que fue en 1988 cuando realizaron un peritaje sobre el cuerpo de Mónica
Morán y sobre restos óseos de una persona cuyo nombre no recuerda. Además habló
de sondeos y excavaciones en el cementerio local con el objeto de ver si
encontraban inhumaciones: “Tengo muy presente el caso de Mónica Morán y tengo
muy presente el otro caso por un rasgo particular que lo distinguió”.

“Nunca olvidé ese nombre”
El cadáver de Mónica Morán estaba en un nicho, dijo Inchaurregui quien
explicó que se encontraba en estado de descomposición, con muchas partes
blandas por lo cual, esas partes, no eran de incumbencia específica de la
antropología sino a compartir con médicos legistas ya que había elementos que
podían aportar ambas partes”.
Además agregó que para el cadáver de Morán no hubo un trabajo de identificación
ya que se sabía que se trataba de ella: “Nunca olvidé ese nombre”.
El cajón fue abierto en la morgue frente a la presencia del ex fiscal Hugo Cañón.
Luego se hizo un informe a la cámara y recordó que tanto el cráneo como la
columna cervical estaban parcialmente esqueletizadas, mientras que el resto del
cuerpo se encontraba con partes blandas. Más tarde, los reemplazó en ese
trabajo el doctor Mariano Castex.
También, recordó el testigo haber tomado fotos y que para marcar los orificios
de proyectil de arma de fuego, se colocaron fósforos ya que no había otra
manera de hacerlo. Esos agujeros eran compatibles con postas de cartuchos de
escopeta, remarcó: “Había una controversia entre la causa y la manera de la
muerte. Si hablamos de manera de muerte esto parecía un homicidio y lo que se
pretendía era descalificar que se trataba de un enfrentamiento armado”.
Hay un patrón de lesión, prosiguió, en el caso de las víctimas de la dictadura,
que en el 95 por ciento, los disparos eran efectuados en el cráneo. Y por el
estallido de éste había que presumir que se trataba de disparos a corta distancia.

“El acceso a la verdad es muy
importante”
Acerca de con qué se encontraban cada vez que tenían que realizar un
trabajo de este estilo, Inchaurregui destacó que en general no disponían de
informes de autopsia: “Era parte de la técnica de desaparición forzada”
explicó, demostrando cuan importante era su primera parte del testimonio la
cual no pudo dar gracias a las quejas de la defensa.
Con lo que sí se disponía era con un certificado de defunción que a veces no
coincidía con lo que los profesionales encontraban: “Eso también nos pasó con
mucha frecuencia”.
En cuanto al caso de la víctima cuyo nombre no recuerda -que se cree es Rivera-
señaló que el procedimiento fue de exhumación con técnicas de arqueología
histórica, recuperación de huesos maduros y piezas dentarias, huesos
radiografiados, lavados y rotulados. Luego, con ese trabajo, se establecieron
mediciones, sexo, edad, estatura, causa y manera de muerte, etc.
Un día después, esos mismos restos fueron cambiados: “Fue muy burdo eso porque
habían sido rotulados”. Luego el personal del lugar hizo “aparecer” los restos.
Por otro lado, el testigo manifestó que la recuperación de restos puede
contribuir a tener una fecha de muerte, un reconocimiento social, a hacer el
duelo y recomponer cierta salud mental. La desaparición forzada es, justamente,
la que provoca todo lo contrario a ello: “El acceso a la verdad es muy
importante”.
Más tarde siguieron las preguntas de las partes incluidas las del mismo San
Emeterio quien afirmó que Inchaurregui habría incurrido en el falso testimonio.
Al respecto los jueces informaron que ese pedido se resolverá junto a la
sentencia.
De esta manera finalizó la mañana del martes con un testimonio que tal vez
quedó cortó respecto al valor que realmente tenía.

Declaró Alejandra Santucho
En la audiencia llevada a cabo el lunes 5 de marzo, Alejandra Santucho,
hija de desaparecidos y miembro de H.I.J.O.S Bahía Blanca, declaró ante el
Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de La
Plata, en la causa denominada “Circuito Camps”.
En su declaración ante el Tribunal 1 de la ciudad de La Plata, la testigo Alejandra
Santucho, hija de desaparecidos, relató el asesinato de sus padres Rubén
Santucho y Catalina Ginder y el secuestro y desaparición de su hermana Mónica,
de 14 años. Alejandra tenía por entonces diez años y fue testigo del ataque a
su casa.
La audiencia contó con la presencia de representantes de HIJOS Bahía Blanca, de
organismos de derechos humanos, familiares de víctimas del Terrorismo de
Estado, amigos, estudiantes de distintas Facultades de la Universidad Nacional
de La Plata
(UNLP) y de militantes por los derechos humanos. Además de la cobertura
permanente de estos juicios, por parte de la prensa local, zonal y nacional.
El testimonio de Santucho duró alrededor de 45 minutos, en los cuales la
testigo contó su historia familiar, la militancia de sus padres, el momento en
el cual los represores irrumpieron en su casa, asesinando a sus padres y
llevándose a su hermana Mónica, de 14 años. La testigo contó que a través de
testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que Mónica, a fines de 1976 se
encontraba detenida en el centro clandestino conocido como “Pozo de Arana”.
Luego permaneció detenida en la
Comisaría 5ta. de La Plata.
Asimismo, Santucho relató cómo fue la búsqueda de su hermana, hasta mayo de
2009, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense, mediante estudios de
ADN, identificó sus restos. El trabajo realizado por este equipo permitió saber
que los restos de la joven fueron inhumados como NN en una fosa común del
cementerio de Avellaneda, entre enero y febrero de 1977.
Al finalizar su relato, Santucho se dirigió a los jueces diciendo: “Ya perdimos
muchas cosas: perdimos familiares, madres, abuelas, se mueren los genocidas.
Por eso les pedimos que esto se acelere lo más rápido posible, así hay
justicia».
Entre los acusados, se encuentra el ex comisario mayor Miguel Etchecolatz,
quien fuera ladero del ex general de brigada, Ramón Camps.
Las palabras de Santucho, calaron hondo en el represor Etchecolatz, que se paró
e hizo que su abogado Máximo Liva interrumpiera a la mujer. El presidente del
tribunal, el magistrado Carlos Rozanski, recordó que los juicios son
reparatorios para víctimas que hace 35 años que esperan justicia y le indicó al
ladero del general Ramón Camps que no podía salir de su lugar en el banquillo
de los acusados durante la audiencia.
El reclamo de Etchecolatz provocó el repudio del público que colmaba la sala.
El pedido de justicia y cárcel común para los responsables del plan sistemático
de exterminio de personas de la última dictadura cívico militar, se hizo
escuchar una vez más.

Fuente de este último título: www.eldiariodebahia.com.ar