Con importantes panelistas se desarrolló en la
Universidad Nacional del Sur una jornada donde se debatió sobre la
democratización judicial. El evento fue organizado por Justicia Legítima Bahía
Blanca.

Con una buena concurrencia de público se llevó a cabo el lunes 20 de mayo, una
jornada de debate sobre la democratización de la justicia en nuestro país. El
evento, desarrollado en dependencias de la UNS, fue organizado por el grupo Justicia
Legítima Bahía Blanca.
Durante un poco más de tres horas fueron partícipes, con su disertación,
importantes figuras del ámbito judicial tanto a nivel local como nacional.
Ofició de presentador el periodista Carlos Quiroga.
Fue así que una primera mesa estuvo conformada por el doctor Hugo Omar Cañón,
el defensor oficial Federal Gabriel Jarque y el doctor Abel Córdoba, titular de
la Procuraduría contra la Violencia Institucional.
Más tarde, subieron al escenario la jueza de Garantías Susana Calcinelli, el
defensor penal Jorge Sayago y el juez correccional José Luis Ares.
El final de la jornada quedó para el debate que propusieron José Nebbia, uno de
los profesionales que encabeza la fiscalía local que investiga delitos de lesa
humanidad; Mara López Legaspi, integrante de la Procuraduría contra la
Violencia Institucional y el fiscal Félix Crous, titular de la Procuraduría
contra la Narcocriminalidad.

Comienzos
Antes de dar paso a cada uno de los disertantes, el rector de la UNS
Guillermo Crapiste abrió el evento y compartió la primera mesa con los
correspondientes panelistas: “Celebro que la concurrencia sea nutrida, quiero
agradecer a los organizadores por tener el privilegio de participar en la mesa
inicial y para hacer las presentaciones pertinentes de esta jornada. Para
nosotros como universidad es trascendental que este tipo de jornadas se
realicen en el ámbito de la universidad porque está en línea con nuestra
concepción de una universidad abierta, una universidad en la cual se puedan
discutir los problemas y los temas que le importan a la sociedad que nos rodea
pero también después involucrarnos y comprometernos en la solución de esos
problemas así que para nosotros es un privilegio que este tipo de jornadas se
realicen en el ámbito de la universidad”.
El primero de los invitados en explayarse fue el ex fiscal Hugo Cañón quién
explicó por qué se habla de justicia legítima, cómo se conforma el grupo y las
causas de tan atinado nombre: “Ustedes recordarán que a fines del año pasado, a
principios de diciembre hubo una solicitada publicada por cuatro sellos que
querían o pretendían representarnos a todos los que estamos trabajando o hemos
trabajado en la justicia. Generalmente esas cosas pasaban silenciosamente y acá
en esa solicitada, se hacían afirmaciones respecto a las presiones del poder
político con respecto a la justicia y que se estaría quitando la independencia
del Poder Judicial o se estaría potencialmente generando esa posibilidad. Nos
sentimos realmente muy mal por esto, hubo una reacción natural, rápida,
espontánea, comunicaciones telefónicas, vía mail y demás y de ahí se generó una
primera publicación de una solicitada con nombre, apellido, documento que salió
en los medios y que en aquel momento agrupó a unos 200, 300 compañeros de la
justicia, jueces, fiscales, defensores, de todo el país. A partir de ahí empezó
a ampliarse la cosa, después viene la propuesta de hacer un debate público en
la Biblioteca Nacional y allí se fueron multiplicando las voces, multiplicando
las presencias, las firmas y afirmando esto de querer tener una opinión también
en este debate de qué tipo de justicia queremos”.

Apellido de la injusticia
Si existe o se lucha por una justicia legítima, quiere decir que existe una
justicia que no lo es, es decir una justicia ilegítima. Así lo explicó Cañón y
agregó la presencia de una justicia injusta: “La justicia que tiene que ver con
la defensa de determinados privilegios, que tiene que ver con la defensa de las
corporaciones poderosas que han manejado los hilos de la historia argentina a
lo largo de toda su trayectoria en general. Y cuando hay un momento que se
puede poner en duda o en peligro ese manejo de los hilos de poder, allí es
cuando viene la reacción y justamente reacción de reaccionario, de oponerse a
cualquier modificación del status quo. Y basta citar como una referencia del
status quo, de la permanencia de los intereses, de los valores económicos a
defender, pensemos solamente en una persona o en un apellido más que en una
persona para tomarlo como un hito permanente a lo largo de la historia argentina.
Me estoy refiriendo Martínez de Hoz que murió hace poco tiempo y que fue el
ministro de Economía de otro que murió recién, el dictador Jorge Rafael Videla
que diseñaron un plan para cambiar la matriz económica de la Argentina”. Ese
apellido es muy particular para nuestro país ya que, señaló Cañón, fue un
Martínez de Hoz el que estaba relacionado con el tráfico de esclavos antes de
1820 y que otro Martínez de Hoz el que financió la Campaña del Desierto.

Independencia inexistente
En su turno, el doctor Abel Córdoba también dijo lo suyo respecto a la
justicia legítima y cómo viene marcando un rumbo muy claro “en la intención no
solo de cuestionar cómo funciona el sistema judicial sino que excede la mera
crítica y se plantea el desafío, el modo de encontrar la manera en que los
sistemas judiciales y en definitiva sus resoluciones den cuenta de los sentidos
de expresión social y concretamente los sentidos de expresión política de la
sociedad que en estos momentos tiene a un sistema judicial que es impermeable a
cualquier tipo de pronunciamiento popular, mayoritario o siquiera político
prácticamente, salvo la política que se desliza por debajo y de un modo
hipócrita con el ropaje de una independencia inexistente”.
En ese sentido agregó. “Todos sabemos que el modo de designar a quienes estén a
cargo de un juzgado, de una defensoría, de una fiscalía implica ya la
intervención política necesariamente como mecanismo instituido por todas las
constituciones de todos los ámbitos provinciales y nacional también. Por lo
tanto hay allí un componente político que es absolutamente hipócrita negarlo y
que lejos de ir en contraposición con una independencia lo que se hace es
solaparlo para evadir la arena política que tiene que ver con la política
social y no con la política palaciega o de mera rosca para en definitiva
regatear lo que en otro plano se perdería”.