La medida representa un gran avance en materia de Derechos Humanos, y fue calificada como una restitución necesaria e histórica para personas travestis, transexuales y transgénero. De esta forma, se escucha el reclamo por un trabajo digno, libre de la opresión, convirtiéndose en una herramienta para un proyecto integral de vida. “Los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Dicho porcentaje deberá ser asignado a las mencionadas personas en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes”, declara el artículo primero del decreto 721/2020.

Están alcanzadas las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen.

Mirada internacional

Dentro de los antecedentes presentados en el decreto, surge la recomendación hecha en 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sugirió “a los Estados el desarrollo de estrategias coordinadas de forma intersectorial, articulando temas con base en múltiples factores, tales como educación, trabajo y seguridad social, alimentación, vivienda y salud, orientadas a garantizar la participación democrática y el empoderamiento de las personas LGBTI”.

El Experto Independiente sobre la Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas dijo sobre la situación en Argentina en el año 2017 que “debería adoptar una serie de medidas intersectoriales para aplicar la Ley de Identidad de Género y mejorar el acceso a la educación, la atención de la salud, el empleo, la vivienda, el crédito, las becas y otras oportunidades, incluidas modalidades alternativas de trabajo y empleo para las mujeres transgénero”.

Contexto social

En nuestro país se han realizado avances en el reconocimiento del derecho de toda persona a su identidad de género y a desarrollarse libremente. Sin embargo, las personas travestis, transexuales y transgénero continúan teniendo dificultades para el ejercicio efectivo de sus derechos a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna.

“Las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones”, afirma el decreto. También destaca la importancia de transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población que tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años aproximadamente. “Vemos con mucho entusiasmo el hecho de que así se vean amplificadas las posibilidades laborales y de educación para las personas que muchas veces son estigmatizadas y condenadas a sobrevivir mediante la prostitución que es una forma extrema de violencia. Convirtiéndose en objetos de explotación sexual y de malos tratos”.

La igualdad real de derechos y oportunidades, la no discriminación, el trabajo digno y productivo, la educación, la seguridad social, el respeto por su dignidad, la privacidad, intimidad y libertad de pensamiento deben asegurarse para garantizar políticas de inclusión en el mercado laboral. “La República Argentina asumió el compromiso de respetar y garantizar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; que tienen todos los derechos y libertades sin distinción alguna de etnia, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

En el decreto se contempló la capacitación, formación laboral y el acompañamiento para la permanencia en el empleo. Asimismo, se realizará un registro y seguimiento actualizado de la cantidad de cargos cubiertos con personas travestis, transexuales y transgénero en los cargos de planta permanente y transitoria, como también el total de contratos existentes del sector público nacional.

Fuente: Argentina.gob.ar