La audiencia se realizó por pedido de una serie de organismos de derechos humanos, asociaciones profesionales y sindicatos para informar a la Comisión sobre el cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la intervención de diversos sindicatos, la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores.

El contexto en el que se están dando estas conductas del gobierno argentino se caracteriza por un mayor desempleo, la pérdida del valor real de los salarios y la precarización laboral, que afecta en mayor medida a las trabajadoras.

La jueza Lucía Aseff, de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina (ANJUT), manifestó su preocupación ante los comisionados por la práctica del Poder Ejecutivo Nacional de denunciar a los jueces y juezas laborales, a partir del contenido de sus sentencias. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, caracterizó la estigmatización de los defensores de derechos humanos, llamados “mafia” por algunos funcionarios del gobierno, en las acciones que buscan quebrantar la independencia del poder judicial, avanzar contra leyes y en la confección de listas negras de abogados y trabajadores reclamantes.

Por otro lado, si bien el Ministerio de Trabajo tiene prohibido intervenir sindicatos, Hugo Blasco, el secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, denunció que fueron intervenidos siete en los últimos meses. El Estado utilizó distintas vías: impidió procesos electorales para provocar el vencimiento de los mandatos y la “acefalía”, suspendió o anuló procesos de renovación de autoridades electas para reemplazarlas por funcionarios de gobierno. Cuando estas situaciones fueron revertidas judicialmente, el Ministerio de Trabajo no acató las sentencias. A estas prácticas, como dijo el secretario de CTERA, Roberto Baradel, se suman y reiteran otras: la estigmatización pública de los dirigentes sindicales y la persecución penal por el ejercicio del derecho a la huelga y a la protesta, con la finalidad de intimidar y neutralizar el activismo; la condena de trabajadores por figuras penales diversas; la imposición de multas mediante la justicia contravencional; la represión de protestas laborales por parte de distintas fuerzas de seguridad y la presencia policial en la gestión de los conflictos laborales.

Carla Gaudensi, del Sipreba, señaló la represión y el desalojo en Pepsico por parte de la policía Bonaerense y de la Gendarmería. También, que en el marco de la protesta social cuando se cumplió un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, siete trabajadores de prensa fueron detenidos y estuvieron incomunicados por 48 horas; es decir que la represión alcanzó a los trabajadores que cubren periodísticamente los hechos que suceden en el país.

El petitorio que se presentó ante la CIDH es para que el Estado argentino garantice la no regresividad en materia de derechos laborales y de seguridad social, la autonomía sindical, la libertad de negociación colectiva y se abstenga de interferir en su desarrollo. También, que cesen la criminalización de los dirigentes sindicales como represalia por el ejercicio de su función de representantes de los trabajadores, el ataque y estigmatización de los abogados laboralistas. Se solicitó, además, que retire los pedidos de juicio político a los magistrados laborales por el contenido de sus sentencias, que se abstenga de promoverlos en el futuro, y garantice la independencia de los magistrados laborales en el ejercicio de su función.

La exposición del Estado se limitó a señalar sus definiciones generales sobre la división de poderes, el reconocimiento de los derechos humanos y su voluntad de diálogo, cuando en realidad debía dar detalles precisos sobre la situación que los peticionantes planteamos en la audiencia.

Los comisionados realizaron preguntas muy concretas sobre los casos en que se generaron procesos de criminalización, pidieron mayor información sobre los casos en los que se utilizó a las fuerzas policiales para resolver conflictos laborales y los hechos de represión de la protesta. También se mostraron preocupados por la situación de los jueces laborales y quisieron saber cuáles fueron los supuestos utilizados para perseguir e iniciar investigaciones sobre ellos.

Fuente: CELS