“Este va a ser un pedido especial, si corresponde la palabra”, dijo el fiscal Miguel Palazzani cuando estaba transcurriendo el mediodía del miércoles 2 de septiembre de 2015.

El pedido especial estaba a punto de hacerse en una de las audiencias del tercer juicio a represores que se lleva a cabo en Bahía Blanca para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y venía casi a cerrar el alegato del Ministerio Público Fiscal que luego continuaría con las solicitudes de condena.

Quizá, quien sabe, cuando Palazzani estaba a punto de hacer el pedido especial al tribunal, en una redacción periodística cercana estarían pensando sobre cuál tema, curiosidad o excentricidad hacer la próxima lista para publicar. Ya pasó la de los parecidos y la de historias de hoteles alojamiento en un medio siempre gustoso de las listas por cierto.

Mientras tanto en el Aula Magna que la Universidad Nacional del Sur tiene en Avenida Colón 80, una cámara enfocaba al fiscal Miguel Palazzani que quería hacer un pedido especial “si corresponde la palabra”.

Luego de una introducción en la que hizo referencia a la acción psicológica por parte del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y las fuerzas militares durante el Terrorismo de Estado y en la que enfatizó cómo ese medio manipulaba, escondía, encubría, tergiversaba, deformaba y falseaba los hechos que ocurrían en esta ciudad, Palazzani pidió que el Estado argentino cumpla con el deber de reparar las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron las víctimas y que se llevaron a cabo con la complicidad, en este caso de un medio de comunicación. Al haber caracterizado ese diario como delincuentes a víctimas aún desaparecidas, asesinadas y sobrevivientes, esa reparación también debiera tener a las páginas del mismo diario como protagonistas: “Este Ministerio Público entonces les pide que la parte resolutiva de la sentencia que recaiga en este juicio, se publique en La Nueva Provincia y en un lugar destacado y visible para que la sociedad bahiense y la ciudadanía toda se pueda enterar”.

La decisión quedará ahora en manos del tribunal y si resuelve hacer lugar a tal pedido, el diario La Nueva Provincia deberá publicar la sentencia y ahora la lista será la de los represores condenados por haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Nuevamente, en caso de que la decisión del tribunal sea afirmativa, La Nueva Provincia publicará una información sobre Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, trabajadores de ese mismo diario asesinados en 1976.

Pero no fue todo lo que pasó en la audiencia porque luego el alegato siguió con los pedidos de condena para cada uno de los acusados que en realidad era lo que todos estábamos esperando hasta que Palazzani hizo el pedido especial ya descripto.

En cuanto a las condenas, la fiscalía efectuó 18 pedidos de prisión perpetua mientras que para el resto de los represores se solicitaron penas que van de los 10 hasta los 25 años.

Los fiscales además pidieron que se revoque la prisión domiciliaria de los acusados que vienen gozando ese beneficio: «Hemos visto cómo leían los diarios, cómo conversaban largamente, como reían; y cómo, cuando fueron indagados, sus aspectos y actitudes cambiaron abruptamente: fueron entonces personas minusválidas».

Además Los fiscales pidieron al TOCF que se solicite a los organismos que integran Memoria Abierta, que realizaron trabajos en el predio del CCD “La Escuelita”, que realicen “trabajos de prospección necesarios en el predio cautelado de la Séptima Batería, a fin de recolectar prueba relativa a los hechos investigados, así como para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos».

Por otra parte solicitaron copias sobre las declaraciones de dos testigos para denunciarlos por falso testimonio, que las condenas se comuniquen a los ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación, y al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración y/o destitución de los acusados, según corresponda y se revoquen las detenciones domiciliarias de las que gozan muchos de los imputados.

Que el diario publique la verdad

“Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios” dice la letra de una canción de una banda de rock de nuestro país. La canción se llama “Imposible” y en su desarrollo va presentando todas situaciones impensadas que debieran ocurrir. Pero esa parte de la canción, la de que el que escribe los diarios diga la verdad, tal vez si los jueces quieren al menos en Bahía puede hacerse realidad.

Ya dijimos que el Ministerio Público Fiscal solicitó al tribunal que ordene que la parte resolutiva de la futura sentencia sea publicada en el diario local La Nueva Provincia de manera destacada y visible.

En el comienzo del pedido, el fiscal Palazzani señaló que a lo largo del debate y al igual que en los otros dos juicios, se pudo ver cómo La Nueva Provincia manipulaba, escondía, encubría, tergiversaba, deformaba y falseaba los hechos ocurridos en la ciudad durante el Terrorismo de Estado y que esas conductas, lejos de ser el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, fueron conductas perfectamente proyectadas junto con altos mandos militares.

El fiscal dijo que la acción psicológica fue parte del entramado criminal y parte esencial sin la cual no hubiera sido posible llevar a cabo dicho plan en Bahía Blanca y la región con el grado de profundidad y encubrimiento que lo fue: “Es decir que el crimen de Estado se facilitó y se profundizó por esa acción psicológica y por ese encubrimiento. Esto ya fue dicho y mejor que ahora en la sentencia recaída en la causa 982, génesis en la posibilidad de investigar y visibilizar el aspecto hasta ese momento inédito del genocidio, inédito incluso a nivel internacional. Lo cierto es que en este tercer juicio señores jueces, tenemos un paisaje y mapa completo de los crímenes cometidos por la Armada, el Ejército, la Prefectura, la Policía de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Penitenciario Federal, como también una visión de conjunto del reflejo de lo que estaba pasando en las páginas del diario La Nueva Provincia, se impone hacer otro análisis y dar un paso más en la reparación completa a la biografía de las víctimas”.

Palazzani destacó como firmes y seguros los pasos que el tribunal ha dado con, por ejemplo, la nulidad absoluta de las condenas dictadas por los llamados Consejos de Guerra: “Única declaración en el país dictada por un tribunal oral federal”

Para el fiscal la única posibilidad de conocer la verdadera razón de los hechos ocurridos en la ciudad son mediante las sentencias: “Quién quiera saber realmente qué pasó debe leer estas sentencias. No hay otro corpus narrativo que referencie con tanto detalle los hechos y los avale a la vez con las constancias probatorias. No hay otro corpus narrativo que incluya a la totalidad de las víctimas, a la totalidad de las historias de las víctimas, a la totalidad de las palabras de las víctimas, de los sobrevivientes y de los familiares. No hay otro corpus narrativo que refleje la ausencia de los desaparecidos en su integridad y con tanta prueba. Es decir que la sentencia que ustedes están dictando se leerán por las generaciones venideras como la historia que realmente ocurrió”.

En ese sentido consideró tal aspecto como importante debido a que el único diario de la ciudad fue parte del entramado delictivo: “Y es aquí entonces donde queríamos llegar: hay una realidad incontrastable, hay un dato ontológico que no puede ser soslayado: las primeras versiones de la historia la dan las crónicas periodísticas. El lenguaje de los medios de comunicación crea realidad, es decir que es performativo, que crea la realidad de la cual habla. Tenemos crónicas de aquella época que presentaban a las víctimas como delincuentes. Como así también una especie que podríamos denominar como no crónicas que tendían a invisibilizar algunos hechos gravísimos como el caso de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola”.

Otro dato importante y que conecta el pasado con el presente es que el diario, señaló el fiscal, es consultado de manera permanente por historiadores, estudiante y por la ciudadanía en general que por ende se lleva una visión falseada de lo que pasó durante el Terrorismo de Estado.

Por otro lado y quizás como consecuencia más actual y dañosa “debemos agregarle algunas otras producciones de otras usinas de producción académica que deslegitiman estos juicios, los deslegitiman, nos deslegitiman y lo peor de todo es que tienen un discurso negacionista en concordancia con justamente con esa empresa periodística”.

Todo lo dicho y esa historia contada por La Nueva Provincia, lleva a la necesidad de que la verdadera historia de las víctimas desaparecidas y las sobrevivientes, también se plasmen en las páginas del mismo diario “porque eso significa que materializamos con hechos concretos, con decisiones judiciales, la verdad y total reparación de hechos que todavía causan dolor y daño”.

A continuación Palazzani le dijo al tribunal:

“La decisión que les vamos a pedir es simplemente el cumplimiento por parte del Estado argentino de la obligación de reparar las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el aparato estatal en complicidad, con, en este caso un medio de comunicación dirigido por civiles también cómplices”.

Ni enemigos ni delincuentes: Víctimas

La Nueva Provincia siempre ha caracterizado a las víctimas del Terrorismo de Estado como delincuentes y si desde lo legal las sentencias demostraron que los delincuentes fueron otros, es injusto para esas víctimas que un archivo periodístico de la ciudad las llame delincuentes. Ese hecho necesita de una reparación: “Este Ministerio Público entonces les pide que la parte resolutiva de la sentencia que recaiga en este juicio, se publique en La Nueva Provincia y en un lugar destacado y visible para que la sociedad bahiense y la ciudadanía toda se pueda enterar”.

“Quienes vengan a estudiar la historia de Bahía Blanca y la región podrán ver por ejemplo que a Enrique Heinrich y a Miguel Ángel Loyola, los asesinó la dictadura cívico militar por su militancia gremial. Y que las demás víctimas de esta causa fueron eso, víctimas y no delincuentes enemigos del pueblo argentino tal como se los construía desde esas páginas con foto incluida”.

Es fácilmente imaginable con qué cuestiones saltarán desde determinados sectores tras este pedido. El fiscal Palazzani en el relato que hizo al tribunal también explicó: “Esto no viola de ninguna manera la libertad de expresión de La Nueva Provincia porque la libertad de expresión en este excepcional caso entendida como libertad de informarse verazmente que tiene la ciudadanía en general, se encuentra por encima de ese eventual derecho del diario. En la ponderación que ustedes deberán hacer, sí, ustedes deberán ponderar dos derechos, en esa ponderación entre el derecho del diario a publicar lo que le venga en gana y el derecho a la reparación biográfica de las víctimas y de las personas que fueron victimizadas y difamadas en esas páginas; entre el derecho del diario y el derecho de la sociedad a informarse verazmente, en definitiva, entre el derecho del diario y el derecho a la verdad y a la reparación a las víctimas acerca de esas graves violaciones, se debe priorizar sin dudas este último.

La fundamentación jurídica del derecho a la reparación integral se hizo ya y sabiamente en la sentencia recaída en la causa Stricker, a ella me remito”.

En definitiva, prosiguió el fiscal, los jueces deberán optar por la reparación integral solicitada teniendo en cuenta “que el diario jamás, jamás rectificó las historias de las víctimas que en sus páginas todavía son y figuran como delincuentes”.

Palazzani consideró que la medida sería un real y legítimo ejercicio de un tardío pero justo y necesario derecho de réplica previsto en el artículo 14 de la Convención Americana. El fiscal describió dicho artículo y en cuanto a legislaciones comentó que es el mismo espíritu que el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional.

“Este derecho de réplica además, es reparatorio de la memoria colectiva y materializa el derecho a la verdad que es necesario garantizarles a las víctimas, familiares y a toda la sociedad argentina”.

En cuanto al espacio que la publicación de la sentencia ocupe en cada ejemplar del diario “es infinitamente menor al dedicado por el diario y por años para estigmatizar como delincuentes subversivos a las personas que eran secuestradas, torturadas y desaparecidas”.

Más adelante agregó: “La fundamentación, insisto se realizó en la sentencia Stricker donde se mencionó que es deber del Estado garantizar este tipo de reparación”.

Para Palazzani las víctimas, los familiares y el pueblo argentino tienen derecho a que el diario repare en algo aquel daño al menos publicando la condena a los asesinos y el nombre de sus víctimas: “Seguramente les ocupe solamente una página de verdad contra tantos años de mentiras. Pero sobre todo y por primera vez La Nueva Provincia publicará la verdad acerca de lo que sucedió”.

Palazzani pidió que dicha decisión figure en la próxima sentencia correspondiente a la causa número 1103 conocida como “Armada Argentina” que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de esa fuerza militar, específicamente en la Base Naval Puerto Belgrano y sus dependencias.

Luego devino el pedido de penas que sintetizamos en el recuadro y para finalizar su alegato, el Ministerio Público eligió que se escuchara el pedido de Justicia en la voz de las víctimas, representada en la voz de Patricia Gastaldi, quien en su momento prestó testimonio frente al tribunal. Patricia le decía a los jueves y a toda la sociedad:

“Siento que durante todos estos años mi palabra también estuvo desaparecida y hoy aparece y puedo narrar los horrores no solo que viví yo, sino que vivió mi marido y todos los compañeros. Y que es un momento muy especial donde siento profundamente la reparación del Estado. Y por último quiero pedirles Justicia, justicia por Horacio [Russin], por los compañeros que no están, por los que estamos”.

Un aplauso al cierre remató desde el público presente estas jornadas en las que el Ministerio Público realizó su alegato.

Los pedidos de pena

Los fiscales requirieron prisión perpetua para los siguientes acusados, por los hechos, grados de autoría y calificaciones que se detallan a continuación:

Ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi

Ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons

Ex capitán de navío Enrique de León

Ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro

Ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos

Ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez

Ex capitán de fragata José Luis Ripa

Ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo

Ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti

Ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi

Ex prefecto Néstor Alberto Nougues

Ex prefecto Luis Ángel Bustos

Ex coronel Carlos Andrés Stricker

Ex teniente coronel Óscar Raúl Otero

Ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont

Ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre

Ex suboficial Felipe Ayala

Ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez

Los fiscales además requirieron las siguientes penas para:

Ex prefecto Pedro Alberto Pila (76) a la pena de 25 años de prisión

Ex oficial Alejandro Lawless a la pena de 19 años de prisión

Ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya (82), a la pena de 18 años de prisión

Ex capitán de navío Domingo Ramón Negrete (85) a la pena de 17 años de prisión

Ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman (71), a la pena de diez años de prisión

Los fiscales además acusaron por integrar una asociación ilícita a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Negrete y Selaya.

Fuente: Fiscales.gob.ar