El
juez Álvaro Coleffi consideró probado que Guillermo Garlatti brindó cobertura
al prófugo ex capellán del V Cuerpo del Ejército, Aldo Vara, y que ocultó
información a la justicia sobre su paradero. También, procesó al apoderado del
sacerdote, Leopoldo Bochile, quien todos los meses percibía en la curia un
beneficio jubilatorio a nombre de Vara.

El juez federal subrogante de Bahía Blanca, Álvaro
Coleffi, procesó hoy por encubrimiento agravado y desobediencia al arzobispo de
esa ciudad, Guillermo José Garlatti, al considerar acreditado que prestó
asistencia al ex capellán del V Cuerpo de Ejército, Aldo Vara, mientras estuvo
prófugo imputado por crímenes de lesa humanidad y porque, además, ocultó
información que podría haber permitido hallar al sacerdote. La medida alcanzó
también al empresario local Leopoldo Bochile, apoderado de Vara, quien fue
procesado por encubrimiento agravado.
El magistrado bahiense también dispuso embargar a Garlatti en 7 mil pesos y a
Bochile en 4500 pesos, y ordenó que continúen en libertad porque «no
existe riesgo procesal, o de fuga, o entorpecimiento de la investigación».
El juez consideró la figura de encubrimiento agravada en el tipo de delitos que
se le imputaban a Vara, por la participación del ex capellán en crímenes de
lesa humanidad como torturas, privación ilegal de la libertad y homicidios.
«No hablamos de un delito común cuyo conocimiento puede escaparse a la
consideración general. Estamos hablando de un clérigo incardinado en el
Arzobispado local, imputado de lesa humanidad, sobre el cual se decidió no dar
toda la información que existía en el Arzobispado. Desconocer esta
trascendencia, o esta dimensión, es intentar explicar lo inexplicable. Ni la
Justicia, ni el Ministerio Público Fiscal, ni la propia Iglesia, ni los
organismos de derechos humanos pudieron estimular y obtener una respuesta
completa del Arzobispado en el que estaba incardinado el ahijado prófugo»,
remarcó el juez en una resolución que recorre todos los reclamos de órganos
estatales y no gubernamentales recibidos en el Arzobispado para dar con
información sobre el sacerdote prófugo.
El procesamiento del arzobispo Garlatti y de Bochile llega una semana después
de que Coleffi les tomara la declaración indagatoria, pedida durante el trámite
de la investigación por el fiscal de instrucción, Antonio Castaño, y el de
cámara, Alejandro Cantaro, en base a los elementos que surgieron tras la
denuncia efectuada por los miembros de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, Miguel
Ángel Palazzani y José Nebbia.
Durante la pesquisa, el juzgado ordenó -a pedido de los fiscales- el
allanamiento del Arzobispado y del domicilio del apoderado. Ambas medidas
resultaron de suma importancia para dar con documentación que permitió
establecer, al menos en esta etapa de la investigación, la responsabilidad de
Garlatti y Bochile en el encubrimiento de Vara y la desobediencia del arzobispo
a la orden judicial de brindar la información -con la que contaba- que
permitiera dar con el paradero del prófugo durante los ocho meses en los que
permaneció en esa condición.
La orden de captura sobre Vara había sido dictada el 7 de agosto de 2013 y el
ex capellán fue hallado por Interpol en Ciudad del Este el 28 de abril pasado.
Mientras aguardaba su extradición, Vara falleció en aquella ciudad paraguaya.
En el auto de procesamiento el juez Coleffi ponderó que desde el Arzobispado a
cargo de Garlatti se «abonó sistemática y periódicamente los fondos FIDES
a un apoderado designado por Aldo Vara». El sacerdote prófugo percibía
mensualmente a su nombre alrededor de 2400 pesos en concepto de un
«subsidio por edad» para mayores de 68 años que paga la Conferencia
Episcopal Argentina a través del Fondo de Solidaridad (FIDES), «el sistema
de seguridad previsional de los sacerdotes seculares de Argentina».
Al tratar la situación procesal de Garlatti, el juez consideró acreditado que
el arzobispo «supo concretamente» las imputaciones que pesaban sobre
Vara y que negó información sobre su paradero cuando le fue requerida en distintas
instancias. En efecto, el juez reconstruyó en su resolución los pasos de la
pesquisa -que estuvo a cargo de la fiscalía- en la que pudo comprobarse que ya
en 2012 el fiscal Abel Córdoba había solicitado información a la sede
eclesiástica sobre el paradero del cura y que resultaba público y notorio que a
fines de ese año se conoció la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Bahía Blanca en la causa por los crímenes en el V Cuerpo del
Ejército, donde, entre otros puntos, se ordenó que se investigue la actuación
del ex capellán en crímenes contra la humanidad.

Fuente: www.fiscales.gob.ar