El caso Ramos Padilla: el juez al que no dejan juzgar

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, integrada por los jueces Jorge Ferro, José Mario Tripputi y Pablo Candisaro, dio lugar al planteo presentado por la defensa del represor Luis María Delaico de recusar a Ramos Padilla, quien había dejado su cargo el 31 de diciembre de 2015. Entre los argumentos, el planteo señala que el juez “tiene una posición política tomada respecto del tema que trata la presente causa y también respecto de planteos jurídicos que pueden producirse durante el proceso”.

En el texto del fallo, fechado el 10 de junio, los magistrados manifiestan su postura, que es a la vez una concepción del rol del Estado en relación con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, a través del uso de un potencial: “Todo Juez debe ser visto a los ojos de los justiciables como alguien situado en una posición equidistante respecto de los conflictos en pugna cuya resolución tienen en sus manos, y en el caso del Dr. Ramos Padilla, existen elementos que indicarían que ninguna de las partes de esta causa observa esa equidistancia en su persona”.

La periodista especialista en derechos humanos Alejandra Dandan sostiene en la nota “Un fallo a tono con el cambio de época”, publicada en Página/12 el pasado 19 de junio: “Fiscales y querellantes están alarmados por una decisión que va en contra de lo que la propia Justicia marcó como políticas de Estado al señalar que todo juez debe tener una posición tomada y de condena frente al terrorismo de Estado dado que forma parte del pacto democrático. Eso no lo exime, tal como lo hizo Ramos Padilla y lo plantea en su propia defensa, del hecho de evaluar la responsabilidad de cada imputado dentro del plan criminal”.

Respecto de este punto, el expediente judicial recoge los argumentos del Juez Federal Ramos Padilla, quien manifestó que “no conoce a las partes, no tiene parentesco alguno con ellos, ni amistad o enemistad manifiesta, ni prejuicio alguno sea objetivo, subjetivo o con relación a la materia específica de juzgamiento, que las resoluciones que adopte en los casos concretos que le toque intervenir lo serán a partir de las pruebas obtenidas de acuerdo a la ley”.

El descargo presentado por Ramos Padilla concluye que “por no existir relación con la partes ni darse ninguna de las causales previstas en la ley y para evitar entorpecimientos indebidos en estos procesos, la recusación debe ser rechazada IN LÍMINE porque el compromiso con el Derecho, con los Tratados de Derechos Humanos, no puede ser objeto que habilite planteos de esta naturaleza”.

La gestión del ex juez subrogante frente el Tribunal Federal Nº 1º de Bahía Blanca no sólo representó la entrada de un juez nuevo, sino una nueva forma de pensar el rol de la Justicia en relación con causas relacionadas a los derechos humanos.

En su carta de renuncia, fechada en noviembre de 2015, el juez federal lo narra en primera persona: “He visto durante años cómo se degradaba el Poder Judicial de la Nación, cómo jueces complacientes del poder de turno o de las grandes corporaciones acomodaban sus decisiones en pos de un interés mezquino. He visto cómo jueces de las más altas jerarquías afectaban la legitimidad prorrogando sus mandatos por encima de la Constitución y supeditando su renuncia a fechas determinadas con clara intencionalidad política. Son para mí la convalidación de las leyes de impunidad en los años 80, la Corte adicta de los años 90, el tratamiento que el Poder Judicial le dio a la ley de medios y a la llamada democratización de la Justicia, y el modo en que muchos magistrados se aferran a sus cargos incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional, los más claros ejemplos de esta degradación”.

Su dimisión sucedió como “repercusión directa” de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el fallo “Uriarte” sobre sistema de subrogancias, por el que declaró la inconstitucionalidad de la ley dictada por el Congreso Nacional, de acuerdo con el portal Justicia Legítima.

Los avances en los juicios de lesa humanidad

Durante la gestión de Ramos Padilla, desde junio a diciembre de 2015, se impulsó la formación de un sumario administrativo con el fin de echar luces sobre la responsabilidad del presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, su superior jerárquico, quien fue llamado a declaración indagatoria acusado por 22 crímenes de lesa humanidad cometidos durante 1974 y 1975 en relación con la Triple A, y por su rol como agente civil de inteligencia.

Ese significó el primer avance en la investigación de la organización paraestatal ultraderechista, en el que se dictó el procesamiento de muchos de sus integrantes. Asimismo, se comenzaron a regularizar cuantiosas situaciones procesales que llevaban años de atraso, de acuerdo con el texto de renuncia dirigido por Ramos Padilla al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el Dr. Pablo Candisano Mera.

“En el breve lapso que lleva ocupando el juzgado de Bahía Blanca, Ramos Padilla avanzó en una de las causas por delitos de lesa humanidad más importantes de los últimos tiempos: la relación entre la Triple A antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y el reciclaje de sus integrantes en el aparato represivo de la dictadura”, publicaba la agencia Télam el 27 de noviembre 2015.

Por su parte, la agencia periodística judicial Infojus, vaciada tras el desembarco de la gestión de Cambiemos, publicaba que el Juzgado Federal Nº 1º de Bahía Blanca era “un enclave vital para juzgar el terrorismo de Estado en el sur de la provincia de Buenos Aires. No sólo porque allí tuvo un gran protagonismo la Marina de guerra y el V Cuerpo de Ejército y se instruyen dos megacausas con 750 víctimas y alrededor de 100 imputados, sino porque los militares fueron prohijados por un variado abanico de civiles que los frecuentaban”. Entre los civiles acusados figuran el empresario mediático Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, ex magistrados como Hugo Sierra, Gloria Girotti y Néstor Montezanti, y el ex arzobispo local Aldo Vara.

Los antecedentes registrados por la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura dan cuenta de la actuación del juez en materia de juzgamientos de crímenes de lesa humanidad:

– En 2006 fue partícipe del encarcelamiento y la condena de Miguel Osvaldo Etchecolatz, cuya actuación fue reconocida entre otros por el magistrado español Baltasar Garzón. Dicho juicio conformó el primer juicio oral y público después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.

– En 2008, Ramos Padilla promovió la querella contra altos funcionarios civiles de la dictadura, logrando el procesamiento y la prisión preventiva del ex gobernador Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Lamont Smart.

– Ese año, como abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, logró el encarcelamiento efectivo de Jorge Rafael Videla en la causa conocida como “Plan sistemático de robo de bebes”.

– En 2009 condujo la acusación contra el sacerdote Christian Von Wernich en relación con el secuestro del periodista Jacobo Timerman, por el que obtuvo un reconocimiento por parte del Senado de la Nación.

– En 2010 intervino en el juicio oral contra el ex comisario bonaerense y ex intendente de Escobar, Luis Patti, acusado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura, junto al último presidente de facto Reynaldo Bignone, al ex general Santiago Omar Riveros, Eduardo Alfredo Espósito y el ex titular de la comisaría de Escobar, Juan Fernando Meneghini.

Fuente: www.diariocontexto.com.ar