En el Aula magna de la UNS, se hicieron presentes nuevamente los únicos cuatro imputados que concurrieron el día del inicio: Arturo María Quintana, Luis Conti, Mario José Bilesio, y Carlos Enrique Lacoste. El Genocida ya condenado anteriormente, Martínez Loydi, lo siguió por videoconferencia desde la ciudad de Necochea, donde cumple prisión domiciliaria, y el resto vio el juicio desde una sala de los Tribunales Comodoro Py en CABA. Ellos son: Torra, Rubatino, Araujo, De León, Shaler, Luchetta, Figueroa, Lorenzini, Moreira, Molina, Louge, Illa y Hermello.

El día jueves, fue enteramente dedicado para que las partes pudieran expresar sus presentaciones y pedidos, y fue utilizado principalmente para el rechazo de la defensa, tanto particular como oficial, hacia el pedido de ampliación de calificaciones sobre los delitos sexuales hechos por la fiscalía en la instancia anterior. Este pedido consiste en que la acusación hacia los imputados por delitos de lesa humanidad, incluya el de abusos sexuales hacia las victimas mujeres, aparte del resto de las torturas, es decir como delito autónomo, que como ya se comprobó y sentenció en el anterior juicio de Armada I, dichos abusos sucedían de manera sistemática. El tribunal se tomó un cuarto intermedio para evaluar la presentación de fiscalía y finalmente decidió no tomar el pedido en esta etapa.

El resto de la audiencia la utilizaron los defensores de los implicados en delitos aberrantes, para desprestigiar y menoscabar tanto a la esencia de los juicios a Genocidas, como a las partes acusadoras, querellas y fiscalías y a todo el universo de victimas que forman parte de los 30.000 desaparecidos/as, sus familias, los y las sobrevivientes y quienes luchamos para que los genocidas sean juzgados y condenados por sus crímenes. Además de sus argumentos arcaicos, fuera de lugar, ilegítimos y sumamente patéticos, tampoco ahorraron agravios hacia los representantes de fiscalía y querella, lo que seguramente les valdrá una denuncia. Quedó claramente expuesto el interés dilatorio de estos operadores judiciales, para extender, aun más, el proceso de juzgamiento y así intentar lograr mayor impunidad para sus añejos defendidos.

La única verdad que debieron reconocer los defensores, es que los juicios se reabrieron, luego de la derogación de las leyes de impunidad, gracias a una decisión política del anterior gobierno, que lo tomó como política de Estado, algo que obviamente es verdad, lo compartimos, y que ellos en este “clima de época” de retrocesos y falta de derechos, lo menosprecian y buscan revertir. La fiscalía en su respuesta, a estos razonamientos los llamó “refritos tediosos” de argumentos que ya han sido rechazados en su momento incluso por la Corte Suprema, y que han sido derribados por más de 200 sentencias a lo largo y ancho de todo el país, ya que este proceso de Memoria, Verdad y Justicia es una “conquista del pueblo argentino”, por el juzgamiento de “hechos que repugnan” al pueblo y a la conciencia jurídica, tal cual como expresó el fiscal Miguel Palazzani.

3ra Audiencia

La tercera audiencia del día viernes 2 de noviembre que había sido anunciada a las 9 hs., dio comienzo a las 10.30 hs. de esa mañana.

El tribunal Oral compuesto por los jueces Salas, Abreu y Aguerrido, comenzó la jornada respondiendo y rechazando todas y cada una de las peticiones realizadas por los abogados defensores de los imputados. Estos habían realizado una larga lista con peticiones y quejas referidas al funcionamiento del juicio y a cuestiones específicamente jurídicas, como ser la prescripción de acción penal, la violación del principio de legalidad, la incompetencia de jueces naturales, insubsistencia de la acción penal y plazo razonable, la intervención del Programa Verdad y Justicia, la no existencia de un 4to Juez, entre otras quejas sin consistencia, como cuestionar la mismísima anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a lo que los jueces recordaron que la misma Corte Suprema indicó “…remover los obstáculos que impidan que el Estado Argentino cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los DDHH ocurridas en nuestro país durante la última dictadura militar.” Los pedidos de las defensas, más que encuadrarlas en un “clima de época”, sostenemos que atrasan 40 años.

El Tribunal detalló los motivos por los cuales rechazó los pedidos defensivos sin ningún tipo de asidero jurídico, ni de ninguna índole, dejando a las defensas en evidencia de sus maniobras dilatorias, con falta de conocimiento y fuera de tiempo y lugar, de los que todos y todas los presentes dimos cuenta.

Posteriormente y luego de que el Tribunal diera las respuestas a lo presentado por las defensas, se dio comienzo a las declaraciones indagatorias de los acusados.

La mayoría de ellos no prestó declaración, a excepción de Arturo María QUINTANA y Carlos Alberto LOUGE. Ambos se explayaron durante un tiempo prolongado sobre su actuación dentro de la fuerza a la que pertenecieron, dando detalles de los lugares y puestos que ocuparon y tratando de desligarse de cualquier acusación que existe hacia ellos, algo que es en este momento del proceso la oportunidad para hacerlo, ya que básicamente se trata de un acto de defensa que tiene cualquier Reo.

Los Abogados defensores avisaron que la próxima audiencia declararan cuatro acusados más: Álvaro Hernán Hermello, Rómulo Illa, Herberto Rubatino y Ricardo Cesar Araujo.

Antes de concluir, las defensas pidieron la excarcelación para varios de sus defendidos por haberse, supuestamente, vencido las preventivas, y que aunque tienen prisión domiciliaria, van por más impunidad, tratando de lograr la libertad. El Ministerio Publico Fiscal se opuso y refutó los pedidos, comprobando que no están vencidas dichas preventivas y que todos tienen más plazo por cumplir, además del riesgo que implica una excarcelación en este momento del proceso.

ATAQUE HACIA LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS
Programa Verdad y Justicia. Los abogados defensores particulares se quejaron y pidieron informes en cuanto a la intervención del Programa Verdad y Justicia perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en los juicios.
Recordemos que el Programa Verdad y Justicia se crea luego de la desaparición de Jorge Julio López, principal testigo en el Juicio al genocida Etchecolatz, sucedido en septiembre del 2006, para dar cuenta sobre las condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos-víctimas y para que sea el propio Estado quien asuma la protección de quienes fueron vulnerados por el propio Terrorismo de Estado, como fue durante la última dictadura Genocida. “Es un programa que posee todos los estándares internacionales para la protección de los y las testigos, eso es lo que se da traslado a todas las partes, y los índices de peligrosidad en cada juicio…” aclaró la abogada Mónica Fernández Avello.
El Tribunal explicó que “…la intervención de este programa se produce una vez que el tribunal decide qué testigos convocar al debate y que dicha intervención se limita a la situación de los testigos victimas de acuerdo a principios contenidos en la declaración de Naciones Unidas sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder …”. Además de dicho fundamento teórico, el Tribunal recordó que para presentar esas quejas existen las audiencias preliminares, que en este caso se realizó el 5 de febrero pasado, también al momento de presentar la prueba ofrecida, y nadie presentó objeción en esas ocasiones. La acción del Programa Verdad y Justicia no afecta en absoluto la defensa ni los procedimientos defensivos, sino más bien todo lo contrario, sus acciones aseguran la implementación de derechos constitucionales e internacionales.
El Tribunal rechazó el planteo del defensor particular Fanego, por lo que entendemos que la presentación actual es realizada fuera de término, sin fundamentos jurídicos, por ignorancia y desconocimiento legal de los procedimientos o por simple interés en obstaculizar, dejando claramente de manifiesto, la necesidad de bastardear, desde estos sectores defensores de genocidas, a todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido con la lucha de organismos, víctimas y familiares, como también producto de reparadoras decisiones políticas.

La próxima audiencia será el día jueves 15 de noviembre desde las 10.30 hs. y en un lugar diferente al que desde hace más de siete años se lleva adelante: será en la sede del Tribunal Oral Federal en la esquina de Lavalle y Chiclana, se cambia así por primera vez de lugar de audiencias desde el comienzo de estos históricos juicios.

Autor: Redacción Ecodías