Los días jueves 1 y viernes 2 de noviembre, se llevaron adelante la segunda y
tercera audiencia de este nuevo Juicio a 18 acusados por delitos de Lesa
Humanidad durante el Terrorismo de Estado en Bahía Blanca.

En el Aula magna de la UNS, se hicieron presentes nuevamente los únicos cuatro
imputados que concurrieron el día del inicio: Arturo María Quintana, Luis Conti,
Mario José Bilesio, y Carlos Enrique Lacoste. El Genocida ya condenado
anteriormente, Martínez Loydi, lo siguió por videoconferencia desde la ciudad
de Necochea, donde cumple prisión domiciliaria, y el resto vio el juicio desde
una sala de los Tribunales Comodoro Py en CABA. Ellos son: Torra, Rubatino,
Araujo, De León, Shaler, Luchetta, Figueroa, Lorenzini, Moreira, Molina, Louge,
Illa y Hermello.
El día jueves, fue enteramente dedicado para que las partes pudieran expresar
sus presentaciones y pedidos, y fue utilizado principalmente para el rechazo de
la defensa, tanto particular como oficial, hacia el pedido de ampliación de
calificaciones sobre los delitos sexuales hechos por la fiscalía en la
instancia anterior. Este pedido consiste en que la acusación hacia los
imputados por delitos de lesa humanidad, incluya el de abusos sexuales hacia
las victimas mujeres, aparte del resto de las torturas, es decir como delito
autónomo, que como ya se comprobó y sentenció en el anterior juicio de Armada
I, dichos abusos sucedían de manera sistemática. El tribunal se tomó un cuarto
intermedio para evaluar la presentación de fiscalía y finalmente decidió no
tomar el pedido en esta etapa.
El resto de la audiencia la utilizaron los defensores de los implicados en
delitos aberrantes, para desprestigiar y menoscabar tanto a la esencia de los
juicios a Genocidas, como a las partes acusadoras, querellas y fiscalías y a
todo el universo de victimas que forman parte de los 30.000 desaparecidos/as,
sus familias, los y las sobrevivientes y quienes luchamos para que los
genocidas sean juzgados y condenados por sus crímenes. Además de sus argumentos
arcaicos, fuera de lugar, ilegítimos y sumamente patéticos, tampoco ahorraron
agravios hacia los representantes de fiscalía y querella, lo que seguramente
les valdrá una denuncia. Quedó claramente expuesto el interés dilatorio de
estos operadores judiciales, para extender, aun más, el proceso de juzgamiento y
así intentar lograr mayor impunidad para sus añejos defendidos.
La única verdad que debieron reconocer los defensores, es que los juicios se reabrieron,
luego de la derogación de las leyes de impunidad, gracias a una decisión
política del anterior gobierno, que lo tomó como política de Estado, algo que
obviamente es verdad, lo compartimos, y que ellos en este “clima de época” de
retrocesos y falta de derechos, lo menosprecian y buscan revertir. La fiscalía
en su respuesta, a estos razonamientos los llamó “refritos tediosos” de
argumentos que ya han sido rechazados en su momento incluso por la Corte
Suprema, y que han sido derribados por más de 200 sentencias a lo largo y ancho
de todo el país, ya que este proceso de Memoria, Verdad y Justicia es una
“conquista del pueblo argentino”, por el juzgamiento de “hechos que repugnan”
al pueblo y a la conciencia jurídica, tal cual como expresó el fiscal Miguel
Palazzani.

3ra Audiencia
La tercera audiencia del día viernes 2 de noviembre que había sido
anunciada a las 9 hs., dio comienzo a las 10.30 hs. de esa mañana.
El tribunal Oral compuesto por los jueces Salas, Abreu y Aguerrido, comenzó la
jornada respondiendo y rechazando todas y cada una de las peticiones realizadas
por los abogados defensores de los imputados. Estos habían realizado una larga
lista con peticiones y quejas referidas al funcionamiento del juicio y a
cuestiones específicamente jurídicas, como ser la prescripción de acción penal,
la violación del principio de legalidad, la incompetencia de jueces naturales,
insubsistencia de la acción penal y plazo razonable, la intervención del
Programa Verdad y Justicia, la no existencia de un 4to Juez, entre otras quejas
sin consistencia, como cuestionar la mismísima anulación de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final a lo que los jueces recordaron que la misma
Corte Suprema indicó “…remover los obstáculos que impidan que el Estado
Argentino cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves
violaciones a los DDHH ocurridas en nuestro país durante la última dictadura
militar.” Los pedidos de las defensas, más que encuadrarlas en un “clima de
época”, sostenemos que atrasan 40 años.
El Tribunal detalló los motivos por los cuales rechazó los pedidos defensivos
sin ningún tipo de asidero jurídico, ni de ninguna índole, dejando a las
defensas en evidencia de sus maniobras dilatorias, con falta de conocimiento y
fuera de tiempo y lugar, de los que todos y todas los presentes dimos cuenta.
Posteriormente y luego de que el Tribunal diera las respuestas a lo presentado
por las defensas, se dio comienzo a las declaraciones indagatorias de los
acusados.
La mayoría de ellos no prestó declaración, a excepción de Arturo María QUINTANA
y Carlos Alberto LOUGE. Ambos se explayaron durante un tiempo prolongado sobre
su actuación dentro de la fuerza a la que pertenecieron, dando detalles de los
lugares y puestos que ocuparon y tratando de desligarse de cualquier acusación
que existe hacia ellos, algo que es en este momento del proceso la oportunidad
para hacerlo, ya que básicamente se trata de un acto de defensa que tiene
cualquier Reo.
Los Abogados defensores avisaron que la próxima audiencia declararan cuatro
acusados más: Álvaro Hernán Hermello, Rómulo Illa, Herberto Rubatino y Ricardo
Cesar Araujo.
Antes de concluir, las defensas pidieron la excarcelación para varios de sus
defendidos por haberse, supuestamente, vencido las preventivas, y que aunque tienen
prisión domiciliaria, van por más impunidad, tratando de lograr la libertad. El
Ministerio Publico Fiscal se opuso y refutó los pedidos, comprobando que no
están vencidas dichas preventivas y que todos tienen más plazo por cumplir,
además del riesgo que implica una excarcelación en este momento del proceso.

ATAQUE HACIA LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS
Programa Verdad y
Justicia. Los abogados defensores particulares se quejaron y pidieron informes
en cuanto a la intervención del Programa Verdad y Justicia perteneciente al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en los juicios.
Recordemos que el
Programa Verdad y Justicia se crea luego de la desaparición de Jorge Julio
López, principal testigo en el Juicio al genocida Etchecolatz, sucedido en
septiembre del 2006, para dar cuenta sobre las condiciones de exposición y
vulnerabilidad de testigos-víctimas y para que sea el propio Estado quien asuma
la protección de quienes fueron vulnerados por el propio Terrorismo de Estado,
como fue durante la última dictadura Genocida. “Es un programa que posee todos
los estándares internacionales para la protección de los y las testigos, eso es
lo que se da traslado a todas las partes, y los índices de peligrosidad en cada
juicio…” aclaró la abogada Mónica Fernández Avello.
El Tribunal explicó que “…la intervención de este programa se produce una vez
que el tribunal decide qué testigos convocar al debate y que dicha intervención
se limita a la situación de los testigos victimas de acuerdo a principios
contenidos en la declaración de Naciones Unidas sobre principios fundamentales
de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder …”. Además de dicho
fundamento teórico, el Tribunal recordó que para presentar esas quejas existen
las audiencias preliminares, que en este caso se realizó el 5 de febrero
pasado, también al momento de presentar la prueba ofrecida, y nadie presentó
objeción en esas ocasiones. La acción del Programa Verdad y Justicia no afecta
en absoluto la defensa ni los procedimientos defensivos, sino más bien todo lo
contrario, sus acciones aseguran la implementación de derechos constitucionales
e internacionales.
El Tribunal rechazó el planteo del defensor particular Fanego, por lo que
entendemos que la presentación actual es realizada fuera de término, sin
fundamentos jurídicos, por ignorancia y desconocimiento legal de los
procedimientos o por simple interés en obstaculizar, dejando claramente de
manifiesto, la necesidad de bastardear, desde estos sectores defensores de
genocidas, a todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido con la
lucha de organismos, víctimas y familiares, como también producto de reparadoras
decisiones políticas.

La próxima audiencia será el día jueves 15 de noviembre desde las 10.30 hs. y
en un lugar diferente al que desde hace más de siete años se lleva adelante:
será en la sede del Tribunal Oral Federal en la esquina de Lavalle y Chiclana,
se cambia así por primera vez de lugar de audiencias desde el comienzo de estos
históricos juicios.