Pero aquí estamos
y nos quedamos.
Para insistir
para incidir.
 
Somos aquellos que no metieron violín en
bolsa.
 
El uso de la argumentación destituyente, mostrada en editoriales en forma
permanente, ha sido la metodología (entre otras) del diario La Nueva Provincia
atacando a jueces o al Poder Judicial en conjunto, señalándolos como proclives
a la manipulación de las leyes, y por tanto facilitadores de la impunidad para
los que delinquen. Basta sólo recordar la campaña que afectó a la Jueza de
Garantías Susana Calcinelli, por solo nombrar un caso.
Los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad en Jurisdicción del Comando V Cuerpo
de Ejército durante la dictadura cívico militar genocida, por una lógica de esa
ideología destituyente y golpista del diario reivindicador de esa dictadura, no
fue cubierta ni para el disimulo informativo como lo hicieron durante los
Juicios por el Derecho a la Verdad en 1999/2000, por quien ahora escribe los
editoriales en tándem con el propietario Vicente Massot.
Sin embargo, en oportunidad de las acusaciones a los ex secretarios partícipes
de la operatoria del Juzgado Federal, a cargo por entonces del juez fallecido
impune Guillermo Federico Madueño, dres. Gloria Girotti y Hugo Mario Sierra,
han reaccionado para mostrar cómo siguen operando en función de aquella
participación civil y defenderles la plana.
También mostraron sus garras en aquel pedido de allanamiento al diario que fue
negada al fiscal Córdoba por el juez ad hoc Tentoni. Allí, regodeándose en
tamaña medida, no dudaron -eso sí con cínico disimulo- en señalar la conducta
dudosa del Fiscal Abel Córdoba.
Hoy han vuelto por él, a partir de una decisión de la degradada Cámara Federal
de Apelaciones en minoría. La resolución es de la minoría absoluta de sólo dos
jueces de cinco, Fernández y Argañaraz. Con la sugestiva ausencia, que no por
repetida se parece al abstencionismo que en la conducta de un juez es como
decir “yo estoy de acuerdo”, tal el caso de Planes. El impedimento del
excusado, agente PCI durante la dictadura, Nestor Montezanti. Como también la
ausencia del recién designado quinto juez, aún no incorporado. Así entonces sólo
dos jueces de una Cámara de dignidad cuando la integraron los dres. Ignacio
Larraza y Luis Alberto Cotter, que también han perdido la memoria, señalaron en
sintonía con La Nueva Provincia la dudosa actuación del fiscal Abel Córdoba.
Esta Cámara Federal es la misma que junto al juez federal vitalicio Álvarez
Canale, facilitó atrasos en la instrucción por acción u omisión, y más de una
vez. La misma Cámara Federal, que coincidiendo con el anterior TOF presidido
por el juez recusado Leopoldo Velásquez (hoy sorprendentemente designado en
Neuquén para juicios similares a los de aquí), otorgó excarcelaciones masivas
que entre otras cuestiones permitieron la profugación del genocida García
Moreno, que debería estar sentado junto a los juzgados en Av. Colón 80.
Sorprende que frente a cuestiones de gravedad como las mencionadas,
responsabilidad total o compartida por parte de, insistimos, esta degradada
Cámara Federal de Apelaciones, la misma considere descomedida la observación
del fiscal respecto de la “particular” designación del juez ad hoc Esandi, al
momento de una “particular” (decimos nosotros) toma de vacaciones del juez
federal vitalicio Álvarez Canale. Esta Cámara se atreve, a pesar de muchas de
sus actuaciones mencionadas, a las que nosotros consideramos “particulares”, a
poner en dudas al Fiscal Abel Córdoba en la defensa de la legalidad, el
cumplimiento del debido proceso o la jurisdicción de tribunales.
El fiscal Abel Córdoba ha sido un continuador destacado del ex fiscal Hugo
Cañon, incluso profundizando las líneas en la búsqueda que nos compromete de
Verdad y Justicia desde la Memoria.
La Cámara Federal de Apelaciones ha olvidado no sólo una larga historia de
dignidad judicial, sino que -y ya sin dudas- abona a las políticas locales
impuestas por quienes sostienen aún hoy que en la Patria “hubo una guerra”
cuando hubo genocidio. Que despliegan dirigentes elegidos por el voto que
desprecian las políticas de Estado de nuestro Gobierno Nacional en tal sentido,
y que en la presente Bahía del Silencio encabeza flagrantemente La Nueva
Provincia que aún usufructúa la impunidad.
 
Eduardo A. Hidalgo es secretario general de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos de Bahía Blanca